El ministerio público de Guatemala acaba de crear una nueva oficina contra la corrupción. De inmediato han surgido dudas acerca de los verdaderos alcances del organismo y de la posibilidad de que, al crear más burocracia, esto solo sirva para obstaculizar las investigaciones en los altos niveles del gobierno.
El 10 de julio, la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, designó al actual subsecretario del Ministerio Público (MP), Estuardo López y López, como titular de la recién inaugurada Secretaría contra la Corrupción de la institución, informó El Periódico.
En su nuevo puesto, López y López trabajará de manera coordinada con los fiscales, participará en la Comisión Presidencial contra la Corrupción y auditará las prácticas internas del MP en busca de patrones de mala conducta.
Mientras fue subsecretario del MP, López y López fue objeto de escrutinio por supuestamente proteger a un funcionario de alto nivel. En 2019, El Periódico informó que varias llamadas hechas por él impidieron la detención de Roberto Mota Bonilla, exjefe de seguridad del Organismo Judicial (OJ), nombre genérico con el que en Guatemala se conoce el poder judicial. Mota Bonilla era requerido en ese momento por cargos de violencia doméstica, según Prensa Libre.
López y López dijo que los funcionarios que intentaban arrestar a Mota Bonilla no se identificaron debidamente y por eso él hizo las llamadas telefónicas.
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El nombramiento de López y López en el nuevo cargo se produce en medio de una agitación en el sistema de justicia de Guatemala. Varios congresistas y operadores políticos locales han sido acusados de corrupción y tráfico de influencias en detrimento de la selección de magistrados de las altas cortes. A esto le siguió el intento de despojar de inmunidad a cuatro jueces de la Corte de Constitucionalidad, mediante el cual se descalificó a varios candidatos a cargos judiciales debido a su cuestionado pasado.
Varios jueces y fiscales prominentes también han sido atacados. La magistrada Erika Aifán, una reconocida jueza anticorrupción que ha llevado casos como el del complot para realizar fraude en el organismo de seguridad social por US$50 millones en 2019, ha sido objeto de amenazas de muerte, y diversas maniobras legales han buscado desautorizarla, como informó La Hora.
Estas acciones han provocado protestas de los defensores judiciales en Guatemala y en el extranjero, quienes han advertido que se podría presentar una crisis constitucional.
Ni la fiscal general, Consuelo Porras, ni el presidente del país, Alejandro Giammattei —investigado previamente por los fiscales anticorrupción— han intentado corregir la actual crisis constitucional.
Análisis de InSight Crime
Es probable que el nuevo organismo anticorrupción de Guatemala sirva como una cortina de humo que no hará más que entorpecer y desviar recursos de fiscales y jueces que durante años han intentado luchar contra la corrupción en los altos niveles.
Un exfiscal guatemalteco que ha intervenido en casos de corrupción en el pasado y que habló sobre el tema bajo condición de anonimato, le dijo a InSight Crime que lo único que logra esta entidad es añadir más burocracia.
“Lo único que hace es complicar las cosas”, afirma el exfiscal. “Así no se puede llegar muy lejos en la lucha contra la corrupción”.
El exfiscal añade que lo que debería hacer el gobierno es fortalecer la Fiscalía Especializada Contra la Impunidad (FECI) y sus oficinas de fiscalización.
Es poco probable que eso suceda, dado el retroceso de Guatemala en la lucha contra la corrupción, desencadenado por la destitución de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el año pasado. La comisión, que tenía respaldo de la ONU, operó en el país durante más de doce años, entre 2006 y 2019, durante los cuales fortaleció las capacidades investigativas de los fiscales locales y ayudó a enviar a la cárcel a poderosos empresarios, figuras del crimen organizado, políticos e incluso presidentes.
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En última instancia, la CICIG fue víctima de su propio éxito, ya que sus investigaciones provocaron represalias de las élites políticas y empresariales, muchas de las cuales habían sido acusadas de corrupción. Después de una prolongada batalla, el expresidente Jimmy Morales —cuyo hermano e hijo fueron objeto de las investigaciones de la CICIG— se negó a extender el mandato de la CICIG, y el organismo fue suprimido en septiembre de 2019.
Giammattei, quien asumió el cargo en enero de 2020, ha dicho que está dedicado a combatir la corrupción en Guatemala.
Sin embargo, la ausencia de la CICIG ha incentivado a las mismas élites políticas y empresariales a reanudar sus ataques contra el sistema de justicia. Juan Francisco Sandoval, director de la FECI, enfrenta decenas de denuncias, muchas de ellas presentadas por aquellos a quienes investiga, como una forma de acoso. Sandoval le dijo a InSight Crime en junio que los mecanismos estatales para garantizar la impunidad “se han vuelto más sofisticados”.
Y además está el intento de despojar de inmunidad a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, lo que pone en peligro la independencia de la Corte y somete a los jueces al mismo tipo de hostigamiento que enfrentan Sandoval y su equipo.
Giammattei y Consuelo Porras se han hecho a un lado y se han negado a intervenir. Este silencio ha sido de utilidad para los intereses varios jueces y representantes del Congreso, muchos de los cuales han sido investigados por la FECI y otras instituciones anticorrupción.
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