Apoyo generalizado a la justicia por mano propia en Latinoamérica: Informe

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Un estudio reciente muestra una aprobación preocupantemente alta a la justicia por mano propia en numerosos países de América; un fenómeno que está relacionado con la falta de confianza en las a menudo corruptas e ineficientes instituciones estatales, así como con otros factores sociales y culturales.

Los datos de un estudio (pdf) realizado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP por sus iniciales en inglés) de la Vanderbilt University, incluyen el nivel de aprobación medio que los habitantes de la región dan a la aplicación de la justicia por mano propia.

República Dominicana encabeza la lista, seguida por Paraguay y Perú. Cabe destacar que Estados Unidos se ubica dentro de los diez países con el mayor nivel de apoyo a la justicia vigilante, muy por encima de otros con tasas de homicidios más altas, entre ellos Venezuela, México y Colombia.

El informe señala que los indicadores demográficos que más tienden a estar relacionados con el apoyo a la justicia por mano propia son la edad —entre más joven sea la persona, más probable es que la apruebe— y el color de piel —es más probable que la apoyen las personas con tonos de piel más oscuros—. Las mujeres y las personas con altos niveles educativos son menos propensas a aprobarla.

Análisis de InSight Crime

Bien sea que se esté hablando de los linchamientos en Bolivia o sobre las milicias de autodefensas en México, la justicia por mano propia es un tema polémico y de gran importancia en muchos países de Latinoamérica.

No es de extrañar que países como Paraguay y República Dominicana —que tienen sistemas judiciales notoriamente corruptos e ineficientes— figuren entre las naciones con las tasas de aprobación más altas a la justicia por mano propia. El caso es similar en los países con una fuerte presencia de pandillas, como Honduras y El Salvador.

En Haití y Jamaica el apoyo al vigilantismo probablemente esté vinculado al hecho de que muchas personas consideran que no existe presencia del Estado. En los barrios marginales de Jamaica, las bandas criminales con frecuencia son las encargadas de hacer cumplir la ley, mientras que en muchas partes de Haití el estado de derecho a menudo es inexistente o está en las manos de las milicias, las cuales no rinden cuentas..

En otros países que registraron altos índices de aprobación —como Perú, Bolivia y Ecuador— otro factor puede ser la fuerte prevalencia de la cultura indígena, dado que algunas de estas poblaciones conservan sus propias tradiciones y sistemas judiciales que se encuentran por fuera del Estado formal de derecho.

La respuesta a los problemas de seguridad de Latinoamérica reside en instituciones estatales más fuertes y responsables que sean capaces de erradicar la corrupción, y no en el accionar extralegal, sin importar lo bien intencionado que éste pueda llegar a ser.

Quizá lo más sorprendente en el listado es que Estados Unidos esté ubicado entre los diez países que más aprueban la justicia por mano propia, pues en comparación con otros países de la región, cuenta con un sistema judicial más eficiente y sufre de menos problemas de seguridad. Aunque en los hallazgos de LAPOP no se ofrece ninguna explicación para este fenómeno, es probable que la clasificación esté relacionada con una cultura legal que aprueba el uso de la fuerza letal en la defensa propia (Stand-your-ground) y con una creencia generalizada en el derecho al porte de armas.

Si bien la encuesta muestra que en términos generales la mayoría de personas en América no aprueban la justicia por mano propia, los niveles de aprobación en algunos países es preocupante. Aunque es claro que en las naciones con sistemas judiciales ineficientes la justicia vigilante puede ser tentadora, depender de quienes se toman la ley en sus manos es muy riesgoso, y es un sistema con un alto potencial de violencia y con baja rendición de cuentas.

Varios ejemplos en toda la región proporcionan advertencias claras sobre a dónde puede conducir la justicia vigilante. Colombia tiene un largo historial de “justicia” extralegal, que se extiende desde los grupos paramilitares contrainsurgentes que han cometido masacres, desplazado poblaciones y una letanía de otras atrocidades, hasta los grupos urbanos de “seguridad privada” que participan en actividades como extorsión y “limpieza social” de personas “indeseables”, como trabajadoras sexuales, consumidores de drogas e indigentes.

Más recientemente se presentó el surgimiento de un movimiento de autodefensas en el estado mexicano de Michoacán, el cual supuestamente tiene el objetivo de acabar con el grupo criminal de los Caballeros Templarios. Si bien éste ha tenido éxito en debilitar a los Caballeros y ahora se encuentra parcialmente legalizado, cada vez se presenta más evidencia de que las facciones de estas milicias se están criminalizando, y son los posibles candidatos para asumir el control de la economía criminal de Michoacán.

En otros países, incluso las fuerzas de seguridad han sido relacionadas con casos de justicia vigilante, con resultados igual de violentos. En Brasil, las milicias constituidas en su mayoría por policías activos y retirados para combatir la influencia de las pandillas, han sido relacionadas con una amplia gama de comportamiento criminal, incluyendo extorsión y asesinato. En El Salvador existe una creciente evidencia que apunta a escuadrones de la muerte dirigidos por policías implicados en ejecuciones extrajudiciales.

Estos ejemplos demuestran claramente que la respuesta a los problemas de seguridad de Latinoamérica reside en instituciones estatales más fuertes y responsables que sean capaces de erradicar la corrupción y no en el accionar extralegal, sin importar lo bien intencionado que éste pueda llegar a ser.

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