El reciente arresto de un alcalde salvadoreño por usar su cargo para favorecer a pandilleros a cambio de beneficios políticos ilustra los profundos vínculos entre los actores criminales y políticos en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador confirmó la captura de José Elías Hernández, alcalde del municipio de Apopa, en el área de San Salvador, mediante un mensaje publicado el 5 de junio en su cuenta oficial de Twitter.
Fiscalía confirma la captura del alcalde de Apopa, José Elías Hernández, por el delito de Amenazas con Agravacion Especial
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) June 5, 2016
La FGR alega que Hernández encabezaba una estructura criminal que ofrecía bienes y empleos a pandilleros —pagados con fondos públicos— a cambio de sus votos, así como promesas de reducir la violencia.
Los fiscales también acusaron al alcalde de ordenar el homicidio de un pandillero llamado Carlos Arroyo, alias “El Humilde”, ocurrido el 1 de noviembre de 2013. La motivación del presunto crimen no se conoce.
Hernández ha negado cualquier delito, e insinúa que las acusaciones en su contra tienen motivaciones políticas, por su adhesión al partido de oposición ARENA.
Un comunicado de la FGR el 6 de junio anunció que han arrestado a 15 empleados municipales en conexión con el caso. Un comunicado de prensa del 7 de junio declaraba que también se arrestó a 14 pandilleros, y que se han formulado cargos contra 22 pandilleros que ya estaban en prisión.
Citando a un funcionario anónimo, La Prensa Gráfica informó que un total de 97 personas enfrentan cargos relacionados con el caso.
Según una fuente policial, conocedora del caso, consultada por InSight Crime, la cual solicitó reserva de su nombre por lo delicado de las investigaciones preliminares, es posible que Hernández haya estado pagando varios miles de dólares al mes a las pandillas MS13 y a una facción del Barrio 18 conocida como Revolucionarios, del presupuesto municipal.
La fuente también informó que la evidencia indica que un concejar de la ciudad actuaba como intermediario entre la alcaldía y la facción Revolucionarios de Barrio 18, la cual parece haber sido la principal beneficiaria de las actividades corruptas.
El director de Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, afirmó que el gobierno municipal compró teléfonos celulares, vehículos y combustible para los pandilleros, lo que facilitó su participación en extorsión, ante lo cual el gobierno local se hizo el de la vista gorda. También se dice que se permitió a los pandilleros usar un estacionamiento del municipio para guardar sus vehículos.
Cotto, director de la policía, también señaló que la alcaldía ofrecía empleos a los pandilleros. La fuente de InSight Crime afirma que esto incluía presuntamente la contratación de pandilleros como barrenderos municipales, y empleaba a un pandillero como director del matadero local.
Además, Cotto afirmó que la alcaldía permitía que los pandilleros usaran el espacio público para conciertos y otras actividades recreativas propias de las pandillas.
En entrevista con el programa de noticias Frente a Frente, el exfiscal general de El Salvador (2006-2009), Félix Garrid Safie, predijo que en el futuro se verían casos similares.”Me parece que [la alcaldía de Apopa] no será la única de las 262 alcaldías [del país] que tenga este tipo de relación estrecha con las pandillas”, dijo Safie. “Creo que se presentarán otros casos”.
Análisis de InSight Crime
Las denuncias contra Hernández, así como contra docenas de empleados municipales y pandilleros, es una señal inquietante de hasta qué punto pueden los grupos criminales penetrar las instituciones locales y tener influencia política en El Salvador.
Pero la naturaleza de dicha relación sigue siendo turbia. Aunque aparentemente se daba vía libre a los pandilleros para que extorsionaran a la población local en Apopa, usando vehículos y teléfonos pagados por el gobierno municipal, no había una contraprestación clara. ¿Era el dinero o la política lo que motivaba al alcalde?
La fuente de InSight Crime afirmó que era posible que el alcalde estuviera recibiendo dinero de las actividades extorsivas de las bandas. Pero también puede haber cambiado dinero del municipio por votos y por promesas de reducción de la violencia. Si ese fuera el caso, no queda claro si las pandillas mantuvieron su parte del trato. Las estadísticas oficiales muestran que la tasa de homicidios de Apopa aumentó en los últimos años, y la fuente de InSight Crime afirma que los pandilleros contratados como barrenderos muchas veces incumplieron sus obligaciones.
En varias formas, este caso local refleja acontecimientos recientes en el ámbito nacional. El gobierno salvadoreño está inmerso en causas judiciales contra exfuncionarios que participaron en la controvertida tregua de pandillas mediada por el gobierno desde comienzos de 2012 hasta finales de 2013. A la tregua se le reconoce la pronunciada caída de la tasa de homicidios en El Salvador. Pero aunque tuvo un efecto en la violencia, también ha sido objeto de críticas por indicios de que los cabecillas de las bandas recibieron prebendas, como armas, teléfonos celulares y “fiestas porno” en los patios de las cárceles, a cambio de su participación.
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Sin embargo, otras personas, como el colaborador de InSight Crime Héctor Silva Ávalos, han señalado la aparente hipocresía del actual gobierno, que encauza a exfuncionarios por sus presuntos vínculos con la tregua, aun cuando la evidencia encontrada indica que miembros de la actual administración buscaron respaldo político de las pandillas y usaron la tasa de homicidios rebajada para su provecho político.
El nexo entre el crimen y la política difícilmente es nuevo o exclusivo de El Salvador; las organizaciones criminales en todo el mundo buscan continuamente entablar relaciones de mutuo beneficio con actores políticos poderosos. Sin embargo, el tipo de esquema visto en Apopa puede apuntar a una creciente sofisticación y ambición por parte de las pandillas salvadoreñas, que, según algunos analistas, tratan de usar su prestigio político para favorecer sus actividades ilícitas. Despejar la maraña de motivaciones políticas y económicas encontradas que hay detrás de estas relaciones puede resultar igual de problemático.
*El Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de American University se encuentra terminando un proyecto de investigación que se extendió por varios años, cuyo propósito ha sido evaluar la capacidad criminal transnacional de la MS13 en Estados Unidos y El Salvador. Encontrará más información aquí. Este proyecto fue apoyado mediante la subvención Nº 2013-R2-CX-0048, del Instituto Nacional de Justicia, Oficina de Programas Judiciales, del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos y conclusiones o recomendaciones expresadas en esta publicación son del (de los) autor(es) y no reflejan necesariamente las del Departamento de Justicia.
