Las recientes capturas de un escurridizo y poderoso empresario de Guatemala -convertido en cabildero- y de un influyente magistrado podrían tener repercusiones en la actual elección de un nuevo fiscal general en el país.
Las autoridades guatemaltecas detuvieron a Roberto López Villatoro, conocido como “El rey de Tenis”, y al magistrado Giovanni Orellana Donis por cargos de corrupción judicial.
Según la investigación del Ministerio Público, que contó con la colaboración de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sobre Orellana Donis pesan los cargos de haber aceptado un apartamento de lujo como regalo de López Villatoro, acaudalado empresario con presuntos vínculos con la delincuencia. A cambio, Orellana Donis supuestamente influyó en la elección de los jueces de la Corte Suprema en 2014 para favorecer a López Villatoro.
En Guatemala, existen unos comités conocidos como “las comisiones de postulación” que ejercen un rol determinante en la selección de los magistrados de las altas cortes. Conformados por jueces, abogados y decanos de las facultades de derecho, estas comisiones supuestamente “independientes y despolitizadas” eligen la lista final de candidatos, que se someterá a la consideración del Congreso.
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En 2014, Orellana Donis usó su voto como miembro de la comisión de postulaciones encargada de elegir la lista final de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema para influir en el proceso de selección judicial. En su función como comisionado, Orellana Donis votó a favor de cuatro candidatos que eventualmente fueron designados en la Corte Suprema. El año pasado, uno de esos cuatro magistrados, José Pineda Barales, fue elegido presidente de la instancia judicial más alta del país.
Prensa Libre afirma que tanto López Villatoro como Orellana Donis fueron enviados a Mariscal Zavala, un centro de detención que se ha ganado la reputación de prisión VIP en Guatemala, en espera de comparecer ante los jueces. Las autoridades también emitieron una orden de captura para la hermana de López Villatoro, Clara Guadalupe López Villatoro, y a dos abogados en cargos relacionados, según información de Soy502.
Análisis de InSight Crime
El caso de corrupción que implica a López Villatoro y al juez Orellana Donis está íntimamente ligado al proceso en curso actualmente de designación del próximo fiscal general en Guatemala. En mayo de este año, una comisión de postulaciones conformada por 15 profesionales del derecho elegirá a seis candidatos entre quienes uno será elegido por el presidente para reemplazar a la actual fiscal general Thelma Aldana, aliada incondicional del organismo de lucha contra la corrupción avalado por las Naciones Unidas, la CICIG.
Como presidente de la Corte Suprema, Pineda Barales pondrá uno de los 15 votos para elegir el próximo fiscal general del país. El enjuiciamiento de sus progenitores puede persuadirlo a actuar de buena fe, o hacer lo contrario y trabajar para quienes intentan subvertir los esfuerzos de Aldana y la CICIG. De cualquier manera, las capturas son “un mensaje claro a la comisión”, dijo a InSight Crime un miembro de una organización de la sociedad civil que sigue muy de cerca el proceso de selección.
El hecho de que Pineda Barales deba su nombramiento en parte a Orellana Donis y a López Villatoro es emblemático de los intereses corruptos que dominan los procesos de selección de magistrados en Guatemala, y es especialmente preocupante si se considera que el futuro de los esfuerzos contra la corrupción en Guatemala depende en gran medida de quién sea designado nuevo fiscal general.
López Villatoro tiene una larga historia de ejercicio de influencias en el sistema de justicia guatemalteco, que comenzó por el tiempo en que ganó el apodo de Rey del Tenis. Desde sus humildes inicios cuando vendía tenis de imitación en el baúl de su auto, López Villatoro construyó un imperio de los tenis que, en la cúspide, en 1999, vendió 10 millones de tenis, lo que le valió el apodo. Su riqueza, junto con un importante capital político adquirido gracias a la llegada de su hermano al Senado y a su boda con Zuri Ríos Montt —política e hija del exdictador militar Efraín Ríos Montt— hicieron de López Villatoro alguien muy poderoso.
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Hasta qué punto se extendió su influencia en el sistema de justicia guatemalteco, sin embargo, no se hizo conoció hasta 2009, cuando el entonces comisionado de la CICIG, Carlos Castresana, acusó a López Villatoro de corromper el proceso de selección de los comités de postulaciones y ponerlos al servicio de los intereses criminales. Según Castresana, el Rey del Tenis estaba detrás del nombramiento de 26 personas encargadas de la selección de los futuros magistrados de las Altas Cortes de Guatemala. Castresana alegó que López Villatoro incluso patrocinó los estudios de derecho de 32 abogados guatemaltecos aspirantes al cargo en la Universidad de Sevilla, en España.
Como uno de los rostros más notorios de la corrupción guatemalteca, el arresto del Rey del Tenis es un acontecimiento promisorio en la lucha cuesta arriba contra la corrupción endémica en Guatemala. Las acusaciones en su contra, sin embargo, ponen de relieve la importancia de la designación de un nuevo fiscal general capaz y dispuesto a combatir la corrupción institucional en el sistema de justicia y más allá.
Ante la creciente oposición, esta no será tarea fácil. El Rey del Tenis no es la única figura poderosa que tiene que sentir contra el Ministerio Público y la CICIG. Solo en los últimos meses, miembros de las élites políticas en Guatemala han demostrado que harán cualquier cosa a su alcance para impedir las tentativas anticorrupción del Ministerio Público y la CICIG.
En agosto, el presidente Jimmy Morales trató de expulsar del país a Iván Velásquez, comisionado de la CICIG. Aunque un tribunal posteriormente revirtió la moción, el presidente Morales logró destituir a varios funcionarios del gobierno considerados aliados de la CICIG. En las últimas semanas, otros políticos influyentes incluyendo a los expresidentes guatemaltecos Álvaro Arzú Irigoyen y Otto Pérez Molina han intentado subvertir la lucha contra la impunidad de la CICIG.
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