El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, ha ordenado el arresto de varios sospechosos acusados de corrupción judicial, entre los cuales se encuentran varias figuras prominentes y su propio predecesor, una medida sin precedentes que indica que el despacho de Meléndez está preparado para adelantar casos de corrupción en los altos niveles.
El 22 de agosto, las autoridades arrestaron al exfiscal general Luis Martínez y al prominente empresario Enrique Rais. Arrestaron además a Julio Arriaza, exjefe fiscal de Luis Martínez, a un exjuez, a un sobrino de Rais y a dos de sus abogados. Meléndez emitió otras cuatro órdenes de captura contra personas cuyas identidades aún se desconocen.
Los hombres están acusados de participar en una conspiración para hacerle trampa al sistema de justicia en varios casos relacionados con intereses comerciales de Rais.
En aras de una completa información, es de anotar que una de las personas mencionadas en este artículo, Enrique Rais, está demandando a uno de los investigadores de InSight Crime, Héctor Silva, por un artículo que este escribió basándose en investigaciones oficiales.
De acuerdo con funcionarios de la Fiscalía interrogados por InSight Crime, este caso gira en torno a la “inapropiada” relación establecida por Martínez y Rais para favorecer el proceso judicial del empresario, particularmente en relación con un juicio multimillonario que involucra a dos exsocios canadienses de la compañía de gestión de residuos de Rais, MIDES S.A. de C.V., que administra la mayor parte de los residuos sólidos de El Salvador.
Un asesor de Meléndez le dijo a InSight Crime que las órdenes de arresto emitidas y ejecutadas el lunes están basadas en parte en la sospecha de que Martínez, Rais y los otros sospechosos trabajaron conjuntamente para obstruir las investigaciones y manipular pruebas con el fin de debilitar los casos contra Rais y fortalecer los casos que Rais levantó contra sus adversarios.
“Lo que estamos atacando es la organización que [Rais] tenía, que comenzó con el exfiscal general y le permitió manejar la justicia a su voluntad”, dijo el asesor, que solicitó mantener su nombre en reserva al tratar este delicado caso.
Documentos judiciales muestran que hay unos US$25 millones en disputa entre Rais y los canadienses. Los exsocios del empresario han afirmado que él no pagó deudas relacionadas con operaciones de MIDES. A su vez, Rais ha acusado a los canadienses de extorsión y difamación.
Como lo han informado InSight Crime y el medio de noticas salvadoreño Revista Factum, estas disputas legales han terminado a menudo a favor de Rais. Los nuevos alegatos de los fiscales contra Rais y Martínez sugieren que ello se debió a una relación corrupta entre ambos cuando Martínez se desempeñaba como procurador general.
Después de que Martínez dejó el cargo en septiembre de 2015, la suerte de Rais en los tribunales salvadoreños empezó a cambiar. En marzo de 2016, la Corte Suprema anuló una sentencia dictada por una corte menor, con la que se exoneraba a Rais del delito de extorsión. Y actualmente el empresario enfrenta cargos que podrían llevarlo a la cárcel.
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En un informe de noviembre de 2014, la Revista Factum reveló la naturaleza de la relación entre Martínez y Rais, demostrando que, mientras estaba en su cargo, Martínez viajo en aviones de propiedad de Rais. Más tarde, otros medios de comunicación salvadoreños indagaron un poco más y descubrieron que Martínez usó esos aviones de manera frecuente para negocios oficiales y personales.
Cuando se le preguntó sobre ello, Martínez no negó haber hecho esos viajes, pero evadió la pregunta de un reportero diciendo que ese era un asunto sin importancia. Cuando se le preguntó en privado, el exfiscal general le dijo a los políticos y donantes que él había utilizado los aviones por razones de seguridad.
El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) de El Salvador abrió más tarde una investigación acerca de los vuelos en esos aviones. En julio, el TEG multó a Martínez con US$8.900 y dictaminó que el exfiscal general se había comportado inadecuadamente con el fin de favorecer el proceso judicial de Rais. Las sentencias del TEG no tienen consecuencias penales, pero la agencia le entregó sus conclusiones a la oficina de Meléndez, sugiriendo que quizá se cometieron crímenes.
Enrique Rais después de su arresto. c/o Salvador Meléndez/ Revista Factum
En abril de este año, el caso Rais-Martínez llegó a un tribunal de La Florida cuando un comisario local, William Snyder, le pidió al juez que incautara un helicóptero y tres aviones pertenecientes a las empresas vinculadas a Rais, como parte de un caso civil que ponía en cuestión la legalidad de esas empresas.
Como InSight Crime informó, la petición presentada por la oficina del comisario dice que Rais fue objeto de una investigación por narcotráfico adelantada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), y que perros de rastreo de drogas habían alertado a las autoridades sobre dos de los aviones.
Varias prominentes figuras políticas, entre las que se encuentra el exfiscal general Martínez, habían hecho vuelos en esos aviones en los últimos años. Otros de los pasajeros fueron José Luis Merino, diputado con una destacada presencia en el partido de gobierno de El Salvador, y el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo.
No hay ningún indicio de que Martínez hubiera estado implicado en el tráfico de drogas, pero Merino y Lobo han sido sospechosos de participar en el negocio de estupefacientes.
El comisario Snyder cerró la demanda civil en junio, y un juez ordenó que el avión le fuera devuelto a Rais. La DEA, sin embargo, mantiene abierta su investigación sobre narcotráfico, y parece estar analizando pruebas de la posible participación de Rais en actividades de blanqueo de capitales. El 21 de agosto, un día antes del arresto de Rais y Martínez en San Salvador, El Nuevo Herald publicó un artículo en el que se confirma la existencia de las investigaciones de la DEA.
Análisis de InSight Crime
Los arrestos de Rais y Martínez son un fuerte indicio de que el despacho de Meléndez pretende entablar casos de corrupción contra incluso los acusados más poderosos. Justo la semana pasada, la oficina de Meléndez ordenó inspeccionar varias propiedades de Miguel “Mecafé” Menéndez, un cercano colaborador y aliado político del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, quien está siendo investigado por presunta corrupción durante su mandato.
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Sin embargo, Meléndez tendrá dificultades para llevar estos casos a juicio. Él ya había expresado sus preocupaciones de que “presiones externas” llegaran a “interferir en casos de corrupción y probidad, tanto en las investigaciones en curso como en las futuras”. E incluso si no hay presiones externas, tanto Martínez como Rais tienen los recursos para entablar una fuerte defensa legal. Estados Unidos parece apoyar decididamente las intenciones de Meléndez de enfrentar la corrupción en los altos niveles, pero falta ver si esto será un factor decisivo.
El éxito o el fracaso de los casos de corrupción entablados contra poderosas figuras como Martínez y Rais podrían tener implicaciones para la opinión casi unánime de los salvadoreños de que su país debería establecer una comisión internacional de lucha contra la corrupción, similar a la que ha obtenido logros significativos en la vecina Guatemala. Si la Fiscalía logra condenar a poderosas figuras como Martínez y Rais, demostraría que el sistema actual puede manejar estos casos. No obstante, si fracasa, es probable que se intensifiquen las solicitudes para que se establezca un organismo internacional de lucha contra la corrupción.
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