La captura de un exgobernador fugitivo demuestra que México puede atrapar a sus hombres más buscados si existe suficiente voluntad política. Pero si las autoridades quieren realmente erradicar los abusos de poder por parte de los funcionarios, es la ética y no la política la que debe guiar este tipo de persecuciones.
"Así es, señores, soy Javier Duarte de Ochoa, soy el gobernador, no me queda más que decir la verdad".
Según BBC Mundo, estas fueron las palabras pronunciadas por Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz, cuando fue puesto bajo custodia en Guatemala el 15 de abril, tras seis meses de permanecer fugitivo.
Duarte intentó inicialmente negarle su identidad a la policía guatemalteca cuando fue atrapado en el lobby de un hotel de lujo en Panajachel, departamento de Sololá, Guatemala, donde se había escondido con su esposa durante dos días, informó la BBC. Duarte salió de su habitación para comprar una botella de licor, y fue en ese momento cuando las autoridades lo capturaron, como parte de un esfuerzo bilateral entre el gobierno de México y la Interpol.
Duarte enfrenta docenas de cargos relacionados con crimen organizado, corrupción y malversación de fondos —acusaciones que lo llevaron a renunciar a su cargo antes de que culminara su mandato y eventualmente a pasar a la clandestinidad—. La Procuraduría General de la República de México emitió una orden de arresto pocos días después de su huida y ofreció una recompensa de 15 millones de pesos (unos US$810.000) por información que condujera a su captura.
El caso de Duarte ha llegado a simbolizar uno de los ejemplos más aberrantes de corrupción institucional en México, y representa una enorme vergüenza para el presidente Enrique Peña Nieto y su Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Durante su mandato como gobernador, que comenzó en diciembre de 2010, se presentó un aumento en las desapariciones y la violencia del narcotráfico. El Internacional Crisis Group describió recientemente a Veracruz como el "Estado de terror" de México, en un informe el que se afirma que Duarte y su administración habían "gobernado con la intención de ocultar o negar estos crímenes y garantizar que los culpables sigan actuando".
El descubrimiento de fosas comunes en Veracruz se ha vuelto deprimentemente frecuente. Una de ellas, descubierta a mediados de marzo, contenía los restos de unas 250 personas. Reporteros sin Fronteras catalogaron recientemente al estado durante la administración Duarte como el lugar más peligroso para los periodistas en Latinoamérica, pues la mayoría de los asesinatos de periodistas en México ocurrieron allí durante su mandato.
Además, según el Wall Street Journal, la administración Duarte no ha logrado dar cuenta de unos US$2,6 mil millones de fondos federales recibidos por Veracruz entre 2011 y 2015. Él y sus cómplices presuntamente desviaron casi todo el dinero público destinado a combatir la inseguridad en el estado, informó Animal Político.
El abogado de Duarte dijo que el exgobernador, actualmente en Guatemala, aceptaría su extradición a México, la cual está en proceso.
La captura de Duarte se produce menos de una semana después de que Tomás Yarrington, otro exgobernador fugitivo de la justicia, fuera detenido por las autoridades en Florencia, Italia.
La extradición de Yarrington, que ha sido solicitada por Estados Unidos y México, podría resultar más complicada que la de Duarte, especialmente luego de las revelaciones días después de su captura, cuando Yarrington fue puesto bajo protección policial mientras era buscado por las autoridades de México y Estados Unidos. Documentos revisados por el Wall Street Journal muestran que, el año pasado, a él se le asignaron ocho policías estatales como guardaespaldas.
Análisis de InSight Crime
Las autoridades mexicanas merecen cierto reconocimiento por la captura de Duarte, así como por la captura de cualquier otro fugitivo. Él se había convertido en un peso para el PRI; según Los Ángeles Times, durante su postulación como presidente en el año 2012, Peña Nieto se había referido a él como parte de la nueva generación de líderes del partido.
Lo mismo puede decirse de Yarrington, también del PRI, quien es acusado de narcotráfico en México, así como de importación y distribución de drogas, lavado de dinero, fraude bancario y operaciones con dineros ilícitos en Estados Unidos.
Pero las detenciones de Duarte y Yarrington están más motivadas por la política que por la ética, lo que pone de relieve los viejos problemas del sistema de justicia mexicano.
Como InSight Crime escribió la semana pasada al referirse al caso Yarrington, el PRI está tratando desesperadamente de mostrar su fortaleza en asuntos de corrupción y abuso de poder, dadas las próximas elecciones para gobernador en junio de 2017 y las elecciones presidenciales de 2018. Duarte y sus terribles actos contribuyeron a que, por primera vez en su historia, durante las elecciones del año pasado el PRI perdiera en el estado de Veracruz frente a una coalición de partidos de la oposición.
Otros criminales mexicanos, posiblemente más peligrosos, siguen evadiendo a la justicia, aunque las autoridades mexicanas lograron localizar a Yarrington y Duarte en otros países, si bien con la ayuda de otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. En algunos casos, parece que las autoridades mexicanas retrasan las medidas decisivas hasta que son incapaces de resistir las presiones para localizar y detener a los sospechosos. Un ejemplo es el nuevo arresto y la consecuente extradición de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo," que ocurrió después de que Guzmán se hiciera famoso como el capo de la droga más buscado del mundo y se fugara por segunda vez de una prisión de alta seguridad.
Como lo señala el analista de seguridad Alejandro Hope en un artículo de opinión en El Universal, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", cabecilla y fundador del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), permanece prófugo en México, dirigiendo una red criminal que sigue expandiéndose a nivel nacional e internacional. Sin embargo, a pesar de su condición como uno de los criminales más buscados en México y Estados Unidos, sigue siendo un hombre libre —hasta el momento—.
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Como otro ejemplo de esta dinámica, al sistema de justicia mexicano le tomó años actuar en contra de Duarte, y sólo lo hizo después de que él y sus ostentosos abusos fueran ya imposibles de ignorar. Sin duda, el PRI no tuvo más remedio que detenerlo y convertirlo en un chivo expiatorio.
Aunque Duarte y Yarrington están ahora tras las rejas, hay muchos otros exgobernadores o exfuncionarios que siguen en libertad, a pesar de que enfrentan cargos por crímenes como corrupción, asociación para delinquir y lavado de dinero. (El periódico Excelsior los reseña en este gráfico).
Solamente el año pasado, cinco exgobernadores fueron acusados de corrupción. El exgobernador Eugenio Hernández Flores, quien se encuentra fugitivo, al parecer fue fotografiado votando en las elecciones para gobernadores a principios de junio del año pasado, a pesar de estar en la lista de los más buscados de la Adminitración para el Control de Drotgas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés).
Entre los años 2000 y 2013, durante los cuales México tuvo 63 gobernadores en el poder en diferentes períodos administrativos, la prensa informó sobre 71 casos de corrupción contra 41 gobernadores, pero de estos, sólo 16 fueron investigados y únicamente cinco fueron declarados culpables, según un informe de 2016 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El mensaje que en general se les envía a otros funcionarios corruptos parece ser que deben mantener un perfil bajo en lugar de dejar de participar en actividades criminales. La creación de estos chivos expiatorios políticos en casos de alto perfil podría alentar la discreción, en lugar de la renuncia de los corruptos en un país donde la corrupción es endémica.
Por último, aunque el arresto de Duarte podría ayudar a mejorar la imagen del PRI ante los ojos del electorado en vísperas de los próximos comicios, se produce demasiado tarde como para revertir la decadencia y la desintegración social en Veracruz.
La gubernatura ha pasado a Miguel Ángel Yunes, en una coalición del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Yunes se comprometió a restaurar la seguridad del estado durante sus primeros seis meses en el cargo, pero por el contrario se ha presentado una nueva ola de violencia generada por las guerras entre carteles, así como la reconfiguración de los nexos entre el gobierno y el crimen organizado, tras el cambio de administración política.
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