La detención e investigación sobre el expresidente Álvaro Uribe, un personaje en la política colombiana que ha sido presuntamente relacionado con el paramilitarismo, pone a prueba no solo la defensa de su legado en el país, sino la posibilidad de enfrentar cargos en su contra.
El 4 de agosto La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una orden de detención domiciliaria en contra de Álvaro Uribe Vélez, presidente del país entre 2002 y 2010, por una investigación sobre presunta manipulación de testigos que se adelanta sobre el hoy senador desde julio de 2018.
La investigación del alto tribunal contra Uribe, quien es actualmente senador de la república, inició en 2018 cuando consideró que existía evidencia de que pudo haber manipulado testigos que lo acusaban de crear grupos paramilitares con su hermano, Santiago Uribe.
Si bien la corte no ha presentado cargos penales contra Uribe, el sistema de justicia colombiano le permite ser detenido mientras continúa la investigación.
“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter, antes de que la Corte anunciara públicamente la decisión.
El 6 de agosto uno de los abogados de la defensa de Uribe, Diego Cadena, también recibió medida de aseguramiento por presuntamente manipular la versión de uno de los testigos para que declarara a favor de Uribe. En octubre de 2019, la Corte Suprema interrogó a Uribe en una audiencia de cerca de 7 horas.
Las acusaciones contra Uribe se derivan de una denuncia que él mismo presentó ante la Corte Suprema para que investigaran a su principal adversario político, el senador Iván Cepeda, por uno de los presuntos cargos que ahora enfrenta: manipulación de testigos. Cepeda, en un debate de control político, se dirigió al senado de Colombia en septiembre de 2014 y acusó al expresidente de tener vínculos con los paramilitares.
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Sin embargo, después de meses de estudiar el caso, y hacer seguimiento a varios de los testigos presentados por las partes, la Corte determinó que habría sido Uribe quien, a través de terceros, estaría cambiando las versiones de algunos testigos.
Bajo estas condiciones, la Corte decidió archivar la indagación preliminar sobre Cepeda y, en cambio, abrió una contra Uribe en 2018.
El anuncio de la detención de Uribe ha generado conmoción a través de Colombia, con sus partidarios marchando y haciendo caravanas sobre las principales calles de las ciudades en ciudades como Medellín o Barranquilla, según reportó la revista Semana.
Análisis de InSight Crime
Si bien Uribe ha logrado eludir una acusación penal formal por sus presuntos vínculos con paramilitares, incluso cuando aliados cercanos y familiares han sido condenados por delitos similares, la investigación de la Corte Suprema adopta un enfoque diferente, ya que no se trata tanto de sus actos pasados, sino de acusaciones actuales de obstrucción de la justicia.
El expresidente, los miembros de su familia y algunos de sus asociados más cercanos se han visto sujetos a investigaciones periodísticas y acusaciones de ayudar y financiar grupos paramilitares en la década de 1990.
Los grupos paramilitares quedaron enmarcados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y fueron los representantes del gobierno en una guerra paralela contra las guerrillas de izquierda en el país. Los paramilitares, quienes tenían amplios vínculos con el narcotráfico, cometieron masacres y aterrorizaron a la población civil, a veces desplazando pueblos enteros.
Uribe también ha sido objeto de escrutinio por parte de la Corte Suprema en el pasado. En el 2010, el tribunal superior abrió una investigación sobre una extensa red ilegal de escuchas telefónicas dirigidas a periodistas, políticos rivales, y defensores de derechos humanos mientras él era presidente. El proceso también se conoció como las “chuzadas”.
La jefe de la agencia de inteligencia del país para ese entonces fue sentenciada en 2015 a 14 años de prisión por espionaje ilegal.
Tal vez el testimonio que tiene las fichas en el lugar actual es el del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Comandante Víctor, quien, después de sostener versiones sobre visitas de Iván Cepeda a la cárcel en la que está recluido, bajo el argumento de incriminar a Uribe, cambió de historia y explicó que todo se trataba de pagos recibidos por los abogados de Uribe para mentir.
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Vélez reconoció, en entrevista con la revista Semana, que los abogados de Uribe, entre ellos Cadena, le habían dado hasta 40 millones de pesos (unos US$10.600) a través de los familiares del exparamilitar para mantener la versión sobre Iván Cépeda y para convencer a otros exparamilitares de hacer lo mismo.
Inicialmente el abogado de Uribe, Diego Cadena, señaló que el dinero fue entregado a los testigos como “ayudas humanitarias” por la difícil situación que pasaban, hecho por el que decidió ayudarlos y añadió que el expresidente Uribe no tenía conocimiento de los pagos realizados.
Sin embargo, la defensa de Uribe emitió otra versión y explicó meses después que se trataba de un cobro extorsivo por parte del exparamilitar contra los abogados y que no había sido denunciado por las acciones que el condenado pudiera tomar en contra de los representantes del senador.
Como parte de la investigación, la Corte Suprema ahora considera ambas acusaciones sobre los pagos y pronto escuchará nuevas pruebas sobre la participación de Uribe
Mientras tanto, el expresidente permanecerá en una posición que siempre había esperado evitar: bajo arresto.
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