Dos años después del homicidio, las autoridades de Honduras todavía no han identificado a las personas responsables de ordenar el asesinato de Berta Cáceres, reconocida activista ambiental y de los derechos indígenas, lo que pone de relieve la gran impunidad de la que disfrutan las élites de Honduras y genera dudas sobre el futuro del organismo internacional creado para enfrentar este problema.
El 3 de marzo de 2016, varios hombres armados atacaron la casa de Berta Cáceres en la ciudad de La Esperanza, en el suroeste de Honduras. Los hombres balearon a Cáceres e hirieron gravemente a su amigo, el activista ambiental mexicano Gustavo Castro Soto, a quien dieron por muerto.
Cáceres había obtenido reconocimiento internacional en 2015, después de recibir el prestigioso Premio Medioambiental Goldman por su labor en contra de un importante proyecto hidroeléctrico que, según los detractores, perjudicaría a los indígenas Lenca que viven en las riberas del río Gualcarque, al cual consideran sagrado.
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En los días previos a su muerte, Cáceres había recibido varias amenazas intimidatorias para persuadirla de abandonar la campaña contra el proyecto hidroeléctrico. Funcionarios hondureños le dijeron luego a InSight Crime que la responsabilidad por el asesinato de la activista apuntaba a altos cargos de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la empresa que gestiona el proyecto.
"Su muerte fue el resultado de su lucha", dijo una fuente del Ministerio Público. "Lo que perjudicó a Berta fue lo de la represa".
Dos años sin resultados
El asesinato de Cáceres provocó la indignación mundial y llevó a que tres patrocinadores internacionales de la represa retiraran US$44 millones de fondos destinados al proyecto. Pero a pesar de las fuertes presiones para resolver el caso, las autoridades hondureñas todavía no han arrestado ni acusado a ninguno de los autores intelectuales del crimen.
En octubre de 2017, un panel de expertos independientes presentó un informe que contenía pruebas contundentes de que el asesinato de Cáceres había sido un complot planeado con meses de antelación por ejecutivos de DESA y funcionarios hondureños.
Recientemente, la hija mayor de Cáceres, Olivia Marcela Zúniga, dijo que en un informe de la policía se menciona la participación de Elden Vásquez, congresista del Partido Nacional (el partido de gobierno), quien ejerce como secretario del comité medioambiental del Congreso.
Sin embargo, las autoridades de Honduras no han tomado ninguna medida contra los altos ejecutivos de DESA ni contra miembros del Gobierno, aunque han arrestado a ocho personas por su presunta participación en el asesinato, entre las que se encuentran militares hondureños en servicio y retirados, así como dos hombres vinculados a DESA.
No resulta sorprendente que la familia de Cáceres tenga poca confianza en las autoridades hondureñas. El periodista Silvio Carrillo, sobrino de Berta Cáceres que vive en Estados Unidos, le dijo a InSight Crime que los lentos y tortuosos avances de la investigación han desgastado su confianza en el compromiso del Gobierno para resolver el caso.
"Nos resulta muy difícil tener fe en la investigación, dada la manera como las autoridades la han manejado en estos dos años. Esperábamos más logros en mucho menos tiempo", dijo.
Una red de impunidad
Expertos consultados por InSight Crime sostienen que el aniversario del asesinato de Cáceres y los lentos avances para llevar a los autores intelectuales ante la justicia son muestra de la fragilidad de la lucha contra la corrupción y la impunidad de las élites hondureñas.
"Este es un caso que ha recibido enorme atención y presión internacional. Si el sistema judicial de Honduras no puede avanzar en esta investigación más allá de los autores materiales y dar con los autores intelectuales, esto muestra la debilidad y corrupción del sistema judicial de Honduras", señaló Lisa Haugaard, directora ejecutiva del Grupo de Trabajo sobre América Latina, con sede en Washington, D.C.
Dana Frank, profesora de la Universidad de California, Santa Cruz, concuerda con estas declaraciones, y en conversación con InSight Crime dijo que es "evidente que hay muchas pruebas que permanecen ocultas".
"Los autores intelectuales no han sido acusados, y no se les han mostrado evidencias ni a la familia ni a sus abogados, como lo exige la ley. Incluso en los casos más sobresalientes […] no se está administrando justicia. Las autoridades hondureñas no arrestan ni condenan a los presuntos autores del crimen, ni siquiera con pruebas sustanciales ", señaló Frank.
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Sarah Chayes, experta del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, le dijo a InSight Crime que la incapacidad para lograr progresos sustanciales en el caso del asesinato de Cáceres es resultado de un "sistema operativo" basado en la corrupción y la impunidad.
"No se trata de que haya uno o dos autores intelectuales, o uno o dos individuos responsables de este asesinato", dijo Chayes. "Se trata de una red muy bien articulada encabezada por funcionarios públicos, empresarios y verdaderos criminales".
La labor anticorrupción en entredicho
El aniversario del asesinato de Cáceres se cumple en un contexto de agitación al interior de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), institución creada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para ayudarle al país a enfrentar los casos relacionados con la corrupción de las élites.
El excomisionado de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, renunció recientemente a su cargo, aduciendo las fuertes reacciones de las élites ante las iniciativas anticorrupción y la falta de apoyo de la OEA.
Esta renuncia genera dudas sobre el futuro de los programas para hacer frente a la impunidad de las élites hondureñas, particularmente cuando el presidente Juan Orlando Hernández acaba de comenzar un segundo mandato después de unas polémicas elecciones en las que se le acusó de fraude y corrupción.
Si bien la MACCIH no ha jugado un papel central en la investigación del asesinato de Cáceres, su trabajo en la investigación reveló algunas de las principales deficiencias del organismo.
Por ejemplo, Haugaard señala que la MACCIH "tuvo dificultades para obtener la información necesaria del Ministerio Público y de las autoridades judiciales".
Frank le dijo a InSight Crime que la debilidad inherente del organismo anticorrupción también hace parte del problema: la MACCIH "fue impuesta por Estados Unidos a través de la OEA como un organismo deliberadamente más débil que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por Naciones Unidas. La comisión depende de la cooperación del Ministerio Público de Honduras y dispone de un poder limitado", dijo.
Si bien después de la creación de la MACCIH ha habido algunos indicios de avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad, el caso Cáceres ha dejado claro que las élites hondureñas tienen poco interés en abordar los factores sistémicos que generan esta problemática.
Según Chayes, el caso Cáceres demuestra no solo que "el Gobierno de Honduras no intentará enfrentar la corrupción, sino que además buscará frustrar cualquier esfuerzo que se haga por hacer investigaciones [al respecto]".
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