Desde el inicio de 2013 dieciséis alcaldes de México han sido asesinados, a medida que los grupos criminales del país se aprovechan de la vulnerabilidad de los gobiernos locales para obtener patrocinio y protección.
En una reciente reunión de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), el presidente de la organización señaló que durante los últimos 18 meses los alcaldes de 16 ciudades mexicanas habían sido asesinados. La mayoría de estos asesinatos se presentaron en los estados de Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, todos los cuales han luchado para evitar que los grupos criminales profundamente arraigados, como los Zetas y los Caballeros Templarios, consigan influencia política.
La reciente oleada de asesinatos es la continuación de una tendencia observada en los últimos años de la presidencia de Felipe Calderón. En 2010 al menos 15 alcaldes fueron asesinados en todo México, la mayoría en una ola de asesinatos durante la segunda mitad del año. Tres más fueron asesinados en enero de 2011. Después de esto el ritmo se desaceleró, pero los líderes políticos locales se mantienen bajo una amenaza constante, a medida que los grupos criminales los presionan para que los ayuden, o los castigan por ayudar al enemigo.
Según Renán Barrera Concha, presidente de la ANAC, muchos de los muertos habían recibido previamente amenazas por parte de los grupos criminales. Algunos de estos recientes asesinatos se han hecho famosos, como el de Edelmiro Cavazos, alcalde de Santiago, Nuevo León, y el de María Santos Gorrostieta Salazar, alcaldesa de Tiquicheo, Michoacán -quien ganó fama por publicar fotos de las heridas de un atentado anterior contra su vida. De otros no se ha hablado tanto, como es el caso de Gustavo Sánchez, un profesor de escuela que se convirtió en alcalde y que lideraba el gobierno local de Tancitaro, Michoacán, cuando fue apedreado a muerte en 2010.
Análisis de InSight Crime
Las oleadas de ataques contra funcionarios municipales, incluyendo los asesinatos de funcionarios de seguridad que recibieron menos atención publica, ofrecen un brutal ejemplo de la incapacidad de los gobiernos locales para defenderse de los grupos criminales bien armados. A diferencia de las autoridades federales o estatales, los alcaldes locales no viajan mucho, y cuando lo hacen, no se rodean de grandes contingentes de seguridad. Por otra parte, las fuerzas de la policía municipal no son bien pagadas y por lo general carecen del esprit de corps de sus contrapartes estatales y federales, haciendo de estas fuerzas, y de sus jefes políticos, más susceptibles a los avances de los grupos criminales.
Los asesinatos de los alcaldes también son muestran del creciente interés que tienen los grupos criminales de influir en el gobierno local, en contraste con su interés por los gobiernos estatales y el gobierno nacional. Si bien se han producido ataques contra políticos estatales y federales, estos son mucho menos frecuentes. Probablemente producto de su capacidad e interés propio: lanzar ataques contra gobernadores o funcionarios del gabinete no es tan fácil, ya que este tipo de figuras generalmente están mejor protegidas. Al asesinar funcionarios de más alto perfil también se arriesgarían a provocar una oleada de indignación, haciendo que el gobierno federal concentre sus recursos en castigar a los perpetradores.
Por el contrario, acosar alcaldes es menos arriesgado, más fácil de realizar, y ofrece más beneficios directos a los grupos criminales.
Los beneficios específicos que se derivan de la influencia sobre el gobierno local son en gran medida producto de los cambiantes modelos del crimen organizado. Más que derivar sus ingresos estrictamente de los cargamentos transnacionales de drogas, en la actualidad, una parte cada vez más sustancial de los ingresos de los grupos criminales mexicanos se genera a nivel local, de las ventas al por menor de drogas que alimentan a los consumidores locales, el robo de autos, la extorsión, el secuestro y otras actividades criminales. Depender fuertemente de una zona local como fuente de ingresos requiere de un cierto nivel de apoyo o de tolerancia por parte de los líderes políticos locales.
Uno de los mayores retos que tiene la política de seguridad de México en el largo plazo radica en propiciar a los gobiernos locales con una mayor capacidad para defenderse mejor a si mismos. En México hay cerca de 2.500 municipios, y el gobierno federal cuenta con recursos limitados para desplegarse en caso de una crisis a nivel local. Un balance duradero de la seguridad pública sólo puede ser conseguido si México logra contar con los gobiernos locales como su primera línea de defensa. Por desgracia, la historia política moderna de México se ha construido sobre la ética de un gobierno altamente centralizado, en parte debido a la solución de la Revolución Mexicana alrededor del PRI, donde la autoridad fluía de arriba hacia abajo, empezando por la presidencia.
En ese sentido, dotar a los gobiernos locales con una mayor autonomía y capacidad va en contra de generaciones de costumbres establecidas, y por lo tanto es una tarea titánica. Los grupos criminales continuarán resistiéndose a este proceso y aprovechándose de su débil ritmo, como ampliamente lo demuestra la creciente lista de alcaldes asesinados.
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