Los asesinatos políticos han empañado las elecciones de Brasil en los últimos años. Este tipo de atentados, muchos atribuidos a grupos de milicianos, se multiplicaron en 2020.
Más de 165 políticos de Brasil han sido asesinados en los últimos tres años, es decir, un promedio de uno por semana, según informó Globo, con base en un informe del Grupo de Investigación Electoral (GIEL) de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro.
Solo en este año, 91 candidatos habían sido asesinados hasta finales de octubre, casi el doble del total del año pasado, y decenas más han sobrevivido a atentados contra sus vidas.
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Según el informe de GIEL, entre enero de 2019 y septiembre de 2020, los estados más afectados por este tipo de violencia política fueron São Paulo (50 asesinatos), Río de Janeiro (45) y Pernambuco (44), todas ellos áreas clave para el crimen organizado brasileño.
Los altos niveles de impunidad en Brasil siguen perpetuando el ciclo de violencia, pues solo cerca del 30 por ciento de los homicidios son investigados, según un estudio reciente realizado por la ONG Sou da Paz. Río de Janeiro está clasificado como el peor estado en este sentido, pues solo el 11 por ciento de los homicidios políticos son investigados en dicho estado, seguido por Pernambuco, con el 21 por ciento.
Algunos de los ataques han sido bastante temerarios.
El 9 de noviembre, Ricardo de Moura, un candidato al concejo de Guarulhos, a las afueras de São Paulo, sobrevivió después de recibir dos disparos mientras hacía una transmisión en vivo para sus seguidores. El ataque quedó grabado en su celular.
El 4 de noviembre, Valmir Tenório, un candidato al consejo de la ciudad, fue asesinado a tiros en Paraty, un importante lugar turístico cerca de Río de Janeiro, después de supuestamente tener una disputa con un narcotraficante por asuntos románticos.
Sin embargo, si bien la mayor parte de los ataques han ocurrido en São Paulo y Río de Janeiro, la violencia no se ha limitado a los estados más poblados de Brasil. Más de la mitad de estos actos de violencia política tuvieron lugar en ciudades más pequeñas de menos de 50.000 habitantes, lo que demuestra que los grupos criminales están tratando de cooptar a los políticos locales, o bien intimidarlos para que guarden silencio.
“La violencia es un medio para un fin. No busca afectar las elecciones, sino más bien infiltrarse en el proceso electoral. Su objetivo es interferir en las elecciones para beneficiarse de actividades ilegales”, dice Felipe Borba, de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, y coordinador del GIEL, en un informe de Globo.
“Las pocas investigaciones que se llevan a cabo indican que muchos de los asesinatos son ordenados por opositores políticos que ven a la víctima como una amenaza para sus actividades criminales, su dominio electoral, o como un obstáculo para ser elegido”, afirma Pablo Nunes, coordinador del Centro de Estudios en Criminología y Ciudadanía (Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, CESeC), en un artículo de la revista brasileña Piauí.
Análisis de InSight Crime
Hay un sinnúmero de causas que se han señalado como responsables de este aumento de la violencia, como la expansión del área de influencia por parte de las milicias, la defensa de las rutas de narcotráfico por los grupos criminales, o las disputas políticas transmitidas de generación en generación.
Pero gran parte de la atención de este año se ha puesto en la creciente influencia de las milicias, grupos criminales a menudo conformados por policías activos y retirados, guardias de prisiones y bomberos, cuyo poder ha estado creciendo rápidamente en Río de Janeiro y otras grandes ciudades.
Según los expertos, la expansión de ese poder se centra actualmente en controlar a los políticos locales. “Los candidatos políticos que se oponen a estos grupos paramilitares corren el riesgo de ser condenados a muerte si intentan hacer campaña en áreas bajo su control, algo que tuvo una mayor influencia en este período preelectoral”, afirma Bruno Paes Manso, investigador de las milicias brasileñas, en diálogo con Efe.
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Según Paes Manso, autor de un libro sobre la historia de las conexiones entre milicias y política, “a pesar de que existen formalmente en una democracia, cientos de (comunidades de Río) están controladas por una tiranía: jefes de milicias con dinero que imponen la ley y el terror sobre la población”.
“Este es el dilema de Río: o los narcotraficantes o las milicias. Como si no hubiera una tercera opción: el Estado de derecho”, dijo el investigador a Deutsche Welle.
Uno de los grupos de milicianos más grandes de Río de Janeiro, Escritorio do Crime (Oficina del Crimen), estuvo relacionado con el asesinato político más llamativo de los últimos años, el de la concejala de Río Marielle Franco en 2018.
Pero las pandillas tradicionales del país, como el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), también se han infiltrado en el proceso electoral.
En vísperas de las elecciones municipales de este año, celebradas el 15 de noviembre, el PCC supuestamente utilizó su poder para impedir que ciertos candidatos, en particular del Partido Socialdemócrata Brasileño (PSDB), hicieran campañas en zonas bajo su control, sobre todo en Ribeiráo Preto, Campinas y Baixada Santista.
Solange Freitas, otra candidata por el Partido de La Social Democracia Brasileña (PSDB) en São Vicente, una ciudad cercana a São Paulo, sobrevivió a un atentado el 11 de noviembre cuando un hombre en moto disparó cinco veces hacia la ventana de su auto. “Dijeron que, si subía en las encuestas, me matarían”, afirma Freitas.
“Desde el inicio de la campaña, el PCC lanzó una advertencia, que luego se expandió a todos los partidos políticos. Aquí, en São Vicente, prácticamente ningún candidato podía hacer campaña en ciertas comunidades”, dijo Freitas después del ataque.
A principios de octubre, los candidatos al PSDB acudieron a la policía de Baixada Santista para informar que habían sido amenazados mientras repartían materiales de campaña en la zona.
En Campinas, candidatos de diversos partidos políticos denunciaron que habían sido amenazados. Un candidato recibió una nota de voz en WhatsApp en la que se le advertía que no entrara a una comunidad en la que tenía la intención de hacer campaña. Además, fuentes policiales dijeron al portal de noticias UOL que el PCC quizá fue contratado por candidatos para amenazar a opositores políticos.
El PCC también ha respaldado a ciertos candidatos. El 9 de noviembre, las autoridades anunciaron que estaban investigando a Renan Bortoletto, un candidato al concejo de la ciudad de Ribeirão Preto, cerca de São Paulo, dado que su campaña política estaba siendo financiada por el PCC, que utilizó las redes sociales para promocionarlo entre los residentes de las favelas.
Por último, las viejas disputas políticas siguen resolviéndose con violencia. El 6 de agosto, Abson Mattos, candidato a la alcaldía de Pedras do Fogo, en el estado nororiental de Pernambuco, fue asesinado a tiros por hablar abiertamente contra la presunta corrupción por parte del alcalde y el concejo de la ciudad.
Abson Mattos ya había sobrevivido a un intento de asesinato durante su última campaña política en 2016 cuando una bala rozó su cabeza. En 2009, su primo, Manoel Mattos, fue asesinado después de denunciar también la corrupción política.
En uno de los últimos mensajes enviados a sus partidarios, Abson Mattos declaró: “pueden incluso callarme con una bala, como han dicho [...] pero mis mensajes y mi historia seguirán presentes”.
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