El máximo asesor antidrogas de Colombia ha comenzado una tormenta política con comentarios de que la fumigación aérea de cultivos de coca, que ha sido un elemento central de las políticas antinarcóticos de Estados Unidos en Colombia, no funciona y acaba con las vidas de las poblaciones rurales.
Daniel Mejía, presidente de la Comisión Asesora para la política contra las Drogas de Colombia, se vio envuelto en una disputa con el gobierno después de haber coescrito un informe (.pdf) que establecía que el glifosato, el pesticida usado en la mayoría de las fumigaciones aéreas, era ineficaz y tenía perjudiciales efectos secundarios.
Mejía afirmó que el gobierno trató de impedir la publicación de su informe hasta después de un fallo de la Corte Internacional de La Haya, en una antigua petición presentada por Ecuador en nombre de los agricultores que dijeron que habían sido perjudicados por la fumigación ilegal transfronteriza. Cuando se negó, el gobierno utilizó el testimonio de los contratistas de Monsanto, una compañía estadounidense que fabrica glifosato, para desacreditar sus conclusiones ante el tribunal, dejándolo tan indignado que renunció a su cargo, informó Semana.
"Estas descalificaciones personales y profesionales, por el hecho de provenir de la Cancillería, interfieren directamente en mi trabajo en la Comisión Asesora para la Política de Drogas (…) no puedo permitir que una institución del mismo gobierno [que creó la comisión] haga este tipo de cuestionamientos en mi contra", escribió en su carta de renuncia.
No obstante, Alfonso Gómez Méndez, ministro de Justicia y a quien iba dirigida la carta, se negó a aceptar la renuncia de Mejía, expresando su apoyo al consejero y reafirmando la independencia de la Comisión que preside. Mejía luego agradeció al ministro por su apoyo a través de Twitter y dijo que permanecerá en su cargo.
Mientras tanto, en la víspera de las audiencias finales en La Haya, Colombia llegó a un acuerdo extrajudicial con Ecuador, de pagarle US$15 millones como indemnización y la prohibición de cualquier fumigación aérea a 10 kilómetros de la frontera. Fue una victoria que alcanzó todos los objetivos de Ecuador, dijo el gobierno ecuatoriano: "Mucho más de lo que podría haberse logrado en una resolución judicial", según el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño.
Análisis de InSight Crime
Alrededor de 128.000 hectáreas de tierra han sido fumigadas por vía aérea cada año durante la última década, como una parte clave del multimillonario Plan Colombia, financiado por Estados Unidos, según el informe que Mejía publicó de la mano con Adriana Camacho, profesora compañera de Mejía de la Universidad de los Andes en Bogotá. Entre 1996 y 2012, más de 1,6 millones de hectáreas fueron rociadas con el pesticida, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) –el equivalente a una hectárea cada cinco minutos y 29 segundos–. Aún así, "la gran mayoría de las evaluaciones que se han realizado sobre la efectividad de estas campañas de aspersión sobre los cultivos de coca muestran que su efectividad es muy baja, sino nula", señalan Mejía y Camacho. La fumigación aérea sólo se traduce en una reducción del área de cultivo rociado en torno al 15 por ciento.
WOLA ha señalado que con el tiempo, la fumigación aérea no se correlaciona con una reducción en la producción total de coca en Colombia –los cultivos sólo comenzaron a disminuir en 2007, al mismo tiempo que las fumigaciones se redujeron. "(…) el costo en el margen para EE.UU. de reducir en 1 kilogramo la cantidad de cocaína que llega a sus fronteras atacando la producción [incluida la erradicación manual y aspersión aérea] es de US$163.000, mientras que el mismo costo atacando el tráfico [a través de la interdicción] es de US$3.600" concluyó Mejía en un informe anterior (.pdf) en 2010.
Además varios estudios (citados en el informe de Mejía y Camacho) han documentado los efectos negativos para la salud en los lugares donde la fumigación aérea ha tenido lugar: como problemas de la piel, problemas respiratorios, incluyendo cáncer de pulmón, daño gastrointestinal, destrucción de los glóbulos rojos, trastornos de salud mental, abortos involuntarios y deformaciones fetales. Como señalaron Mejía y Camacho, es muy difícil establecer una relación causal directa entre los problemas de salud y el glifosato, porque hay muchos otros factores variables a tener en cuenta. Sin embargo, el informe concluye que hay pruebas suficientes para determinar que la exposición a la fumigación aérea con glifosato aumenta la posibilidad de sufrir trastornos en la piel y abortos espontáneos. A largo plazo, afirma el informe, los muchos problemas asociados con el glifosato pueden afectar negativamente el desarrollo de la economía rural de Colombia por daños en la salud de su población.
Monsanto, la empresa estadounidense, desarrolló y patentó el glifosato en los años setenta, para usarlo en su herbicida Roundup, que se ha convertido en una de las marcas de herbicidas más importantes del mundo. El glifosato se usa de forma rutinaria en todo el mundo –pero en Colombia, el único país del mundo donde se permite la fumigación aérea de los cultivos ilícitos, el glifosato se emplea en concentraciones de más de cinco veces lo recomendado. La etiqueta de Roundup recomienda que concentraciones de 1,6 a 7,7 por ciento de glifosato deben ser mezcladas con agua, con un límite máximo de 29 por ciento. No obstante, según lo acordado entre Ecuador y Colombia, la mezcla utilizada en las fumigaciones aéreas de Colombia contienen 44 por ciento de glifosato, informó la agencia de noticias Inter Press Service.
Además de ser relativamente ineficaz y tener serias consecuencias para la salud, otro problema importante con la fumigación aérea es su naturaleza indiscriminada –destruye todos los cultivos que toca, no sólo los ilegales, y las comunidades afectadas dicen que también contamina sus suministros de agua y mata al ganado–. Los vientos pueden llevar a la sustancia química muy lejos de su objetivo, sobre todo en las zonas donde los pilotos no quieren volar demasiado bajo por miedo a ser disparados por guerrilleros armados. El gobierno ha fallado en proveer alternativas económicas sostenibles viables o compensaciones a los agricultores de coca y las poblaciones locales, que a menudo viven en áreas remotas con fuerte actividad guerrillera y poca presencia estatal.
Las fumigaciones producen ira y resentimiento entre las comunidades afectadas y dañan seriamente la credibilidad del gobierno. Durante una investigación de campo el mes pasado en el departamento de Putumayo –otrora la principal área de producción de coca en Colombia, donde se llevó a cabo gran parte de la fumigación aérea bajo el Plan Colombia– se le contó a InSight Crime sobre la devastación causada, y se encontró con la indignación que causó el hecho de que el gobierno colombiano hubiera acordado pagar US$15 millones para Ecuador, al tiempo que no proporcionó nada a sus propios agricultores. Los lugareños también dijeron que creen que los fumigadores están usando coordenadas viejas ya que estaban rociando campos donde no se había cultivado coca desde hace tiempo.
"Mientras que la fumigación ha contribuido modestamente a la reducción de los cultivos de coca, esto se ha logrado bajo un alto costo, tanto en dólares como en la voluntad del gobierno de Colombia, en territorios conflictivos donde más se necesita", escribió recientemente Adam Isacson, investigador asociado de WOLA. "La experiencia de los últimos veinte años deja claro que la fumigación no es una solución eficaz, ni un modelo a seguir en el futuro".
Los comentarios de Mejía suceden en un momento crucial, dijo Isacson a InSight Crime. El gobierno colombiano está llevando a cabo unas históricas conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y es probable que la política de fumigación sea una parte clave de la agenda. "No todo el mundo en el gobierno de [Juan Manuel] Santos ha tomado una decisión sobre la política de fumigación, y Mejía está mostrando la posición de los que están en contra de ella", dijo. "Ciertamente hay oposición en Estados Unidos a esta piedra angular de la política antidrogas, y los comentarios de Mejía proporcionarán una fuente de municiones para ellos en este sensible momento".
Mejía sin duda está esperando que se de un cambio de paradigma dramático. "Nadie aquí está hablando de dejar de combatir el narcotráfico, no, eso no es. Lo que estamos diciendo es que hay que combatirlo de manera más eficiente, más respetuosa con los derechos humanos, de manera que promueva el desarrollo rural, que fortalezca las instituciones del Estado. La aspersión no hace eso, no promueve el desarrollo", dijo al diario El Colombiano la semana pasada.
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