Audiencia de congreso de Estados Unidos pone de manifiesto tensiones por acuerdo de paz en Colombia

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Las críticas de políticos y expertos estadounidenses al proceso de paz en Colombia con el grupo guerrillero FARC  en una reciente audiencia del congreso ponen de manifiesto desacuerdos en gestación entre los dos aliados cercanos en relación con el manejo de uno de los temas de seguridad más importantes de la región.

En una sesión del congreso estadounidense del 12 de septiembre titulada “Adaptación de iniciativas antinarcóticos de Estados Unidos en Colombia”, representantes en ejercicio y retirados criticaron las políticas de drogas implementadas por Colombia según los términos de un acuerdo de paz alcanzado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La sesión comenzó con la declaración del senador republicano Chuck Grassley en la que afirmó que el impacto del acuerdo de paz con las FARC ha sido “alarmante” sobre el tráfico de cocaína en Colombia. El congresista insinuó que las concesiones en temas de control de drogas hechas por el gobierno colombiano durante las negociaciones hicieron posible un incremento de 110.000 hectáreas en la extensión cultivada con coca en los años siguientes, así como la producción récord de 910 toneladas de cocaína el año pasado.

William Brownfield, el subsecretario saliente en temas de Asuntos Exteriores sobre Narcóticos y Orden Público (INL) del Departamento de Estado, hizo eco a la idea de que la lucha de Colombia contra el narcotráfico se ha sacrificado en los últimos años con el objetivo de lograr la paz con las FARC, a la par que culpó al grupo guerrillero ahora desmovilizado por el aumento en los cultivos de coca.

“Denuncias generalizadas indican que los cabecillas de las FARC instaron a los cultivadores de coca a sembrar más del producto, motivados supuestamente por la creencia de que la inversión del gobierno colombiano luego de los acuerdos con las FARC y sus subsidios se dirigirían a las regiones con los mayores volúmenes de cultivos ilícitos”, señaló.

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Reiterando comentarios anteriores, Brownfield criticó la actual política colombiana de combinar la erradicación manual forzosa de coca con programas de sustitución voluntaria de cultivos para los cocaleros. Además de demandar medidas de fuerza a las protestas de los cocaleros, el funcionario afirmó que las FARC seguían involucradas en el negocio de la coca y que están manipulando las iniciativas de control del producto.

“Lo que creo que ha sucedido es que las FARC han tomado el control o creado varios grupos fachada de cocaleros. El gobierno [colombiano] a su vez está negociando acuerdos de erradicación voluntaria con esos grupos, de manera que las FARC básicamente han capturado este proceso, y no estamos consiguiendo los resultados que queremos”, afirmó Brownfield.

“En INL apoyamos realmente algún desarrollo alternativo, pero nuestra condición es: ninguna relación de ningún tipo con las FARC”, comentó Brownfield. (INL tiene prohibido trabajar con las FARC debido a que el grupo sigue incluido en la lista de organizaciones extranjeras calificadas de terroristas del Departamento de Estado).

Al término de la sesión, el gobierno colombiano respondió afirmando que había erradicado el 62 por ciento de las 50.000 hectáreas que aspira a erradicar manualmente este año, según información de El Tiempo.

Además de las políticas de control de narcóticos, los participantes en la sesión también analizaron la promesa del gobierno colombiano de no extraditar a los miembros de las FARC como parte del acuerdo de paz.

En medio de un consenso general de lo problemático de esta cláusula, la senadora demócrata Dianne Feinstein expresó su preocupación de que las FARC sigan implicados en actividades criminales, incluso en la transición del grupo guerrillero desmovilizado a su nuevo rol como partido político.

“No creo ni por un segundo que las FARC por lo que he visto durante 17 años vaya a convertirse en una institución pacífica y cumplidora de la ley”, afirmó.

Feinstein llegó incluso a proponer que se “condicione” la ayuda estadounidense a Colombia “a la extradición cuando Estados Unidos lo demande”.

Análisis de InSight Crime

Las opiniones expresadas en la sesión no tienen necesariamente implicaciones para la política oficial de Estados Unidos, pero se suman a las señales de tensiones crecientes entre las preferencias en materia de políticas de importantes actores estadounidenses y de la estrategia adoptada por el gobierno colombiano ante el proceso de paz.

Por ejemplo, tanto Grassley como Brownfield criticaron la decisión tomada en 2015 por el gobierno colombiano de interrumpir la fumigación aérea de cultivos de coca, y señalaron que esa medida es la culpable de los récords en la producción de cocaína de los últimos años. Y en términos más generales, afirmaron que Colombia debe hacer mayor énfasis en la erradicación de coca.

Sin embargo, acoger esta recomendación resultaría perjudicial para el proceso de paz. La erradicación forzada ha desatado violentas protestas en las regiones cocaleras, alimentando el resentimiento contra el gobierno y posiblemente empujando a los miembros de las comunidades a alinearse con elementos al margen de la ley. Y hay muchos factores socioeconómicos que han contribuido al auge del cultivo de coca. El gobierno colombiano ha hecho intentos por atender esos problemas, pero hasta ahora, iniciativas como los programas de sustitución de cultivos han tenido dificultades para lograr resultados positivos en parte por mantener un enfoque acentuado en la erradicación.

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Las discrepancias en el tema de la extradición también son preocupantes para el futuro del proceso de paz. Prácticamente no cabe duda de que aceptar las solicitudes de extradición de Estados Unidos para miembros de las FARC exacerbará seriamente el ya grave problema de disidencia del acuerdo de paz entre los excombatientes de las FARC. Como lo destacó el presidente Santos durante las negociaciones de paz, los miembros de las FARC no tienen incentivos para deponer sus armas y desmovilizarse “más que ir a morirse a una cárcel en Estados Unidos”.

La amenaza de Feinstein de recortar la financiación para Colombia por este tema puede ser alarmante para los funcionarios colombianos, quienes se han peleado por asegurar ayuda internacional para implementar el acuerdo de paz.

Brownfield ya había advertido que la fricción política relacionada con el proceso de paz podría ser causa de “problemas” en la relación entre Estados Unidos y Colombia, quienes por largo tiempo han sido aliados muy cercanos en temas de seguridad. Si estas diferencias escalan al punto en que Estados Unidos considera seriamente la retención de cientos de millones de dólares en fondos de ayuda planeados, el gobierno colombiano se verá enfrentado a dilemas muy difíciles en cuanto a un cambio de dirección en lo que respecta a su enfoque del acuerdo de paz.

Más allá de las tensiones que rodean el proceso de paz, también es diciente que la sesión, cuyo objetivo era mirar el futuro de la política antinarcóticos de Estados Unidos en Colombia, centrada ampliamente en las FARC pero no tanto en los principales actores del tráfico de estupefacientes en Colombia —los grupos criminales conocidos como “bandas criminales” o BACRIM—. El gobierno colombiano, por otro lado, considera que poderosas BACRIM, como los Urabeños, son la amenaza más importante del crimen organizado para el país.

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