Una auditoría al manejo de fuentes confidenciales de la DEA halló una serie de omisiones e inconsistencias que perjudican aún más la imagen de una agencia que en los últimos meses se ha visto golpeado por una serie de escándalos.
Un informe sobre una auditoría en curso (pdf) realizada por la Oficina del Inspector General (OIG)—parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus iniciales en inglés)— al programa de fuentes confidenciales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) detalla varios “problemas de importancia” en la manera como la DEA administra el programa.
Específicamente, en febrero de 2014, la OIG comenzó a examinar el manejo que hace la DEA a las actividades de alto riesgo que involucran fuentes confidenciales de alto nivel. También evaluó la asignación de primas de muerte e incapacidad destinadas por la agencia a estas fuentes.
Según la definición de la DEA, una fuente confidencial es “cualquier persona que, con expectativa de confidencialidad razonable, suministra información sobre tráfico de drogas o realiza una actividad de investigación”. Los funcionarios de la DEA afirmaron que tales fuentes son parte esencial de sus operaciones de mantenimiento del orden público, y se refirieron a ellas como el “pan de cada día” de la agencia.
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Las directrices para organismos de orden público estadounidenses, como la DEA, en lo que respecta a la creación, la utilización y la evaluación de fuentes confidenciales se expone en una guía de Fiscalía General (AG Guidelines). Sin embargo, la OIG encontró que la DEA aprobó una política que “difería en varios aspectos importantes” de las guías de la Fiscalía General.
Según la OIG, esto dio lugar a una falta de supervisión en el uso que hace la DEA de personas de alto riesgo como fuentes confidenciales (personas de alto riesgo incluye a aquellas que hacen parte de los cabecillas de organizaciones de narcotráfico, así como abogados, médicos o periodistas). (Ver la tabla siguiente).
Categorías de informantes confidenciales en las directrices de la Fiscalía General de Estados Unidos (AG Guidelines)
El informe también encontró problemas en la manera como la DEA permitía que sus fuentes confidenciales participaran en actividades que de otro modo se considerarían ilegales. A este respecto, la DEA no hizo lo suficiente para cumplir las directrices de la Fiscalía, ni consideró de manera suficiente los riesgos que implicaba autorizar a las fuentes confidenciales cometer acciones consideradas ilegales, afirma el informe.
Tampoco siguió de manera adecuada los requerimientos relacionados con el trato de las fuentes confidenciales usadas por largo tiempo (por seis o más años consecutivos). Dichas evaluaciones buscan mitigar el riesgo de que un agente de la DEA “desarrolle una relación inapropiada” con una fuente.
Por último, la OIG descubrió que la DEA ofrecía prestaciones a fuentes confidenciales cobijada por la Ley de Compensaciones para Empleados Federales (FECA por sus iniciales en inglés). Ésta ofrece cobertura en prestaciones laborales para empleados federales y del Servicio Postal de Estados Unidos por lesiones o muerte incurrida en ejercicio de sus labores. Pero la DEA lo hacía sin implementar “un proceso con control alguno referente al otorgamiento” de las prestaciones de FECA. Entre julio 1 de 2013 y junio 30 de 2014, la DEA pagó a 17 fuentes confidenciales y a las personas a su cargo una cifra estimada en un poco más de un millón de dólares.
La OIG —que seguirá evaluando el programa de fuentes confidenciales de la DEA— también señaló cómo hasta el momento su labor se vio “seriamente retrasada por numerosos casos de falta de cooperación por parte de la DEA”.
Análisis de InSight Crime
La DEA está en crisis desde marzo, cuando el DOJ publicó un informe, según el cual, agentes de la DEA en Colombia sostuvieron orgías con prostitutas pagadas por carteles de la droga locales. Los funcionarios presuntamente recibieron dinero, regalos y armas de integrantes del cartel. Sin embargo, a comienzos de abril, la DEA publicó su propio informe interno, que revela el número de fiestas sexuales realizadas, y el alcance de las infracciones fue mucho mayor de lo que se creía anteriormente.
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A los funcionarios de la DEA implicados en las infracciones (que comenzaron a presentarse en 2001), se les aplicaron sanciones mínimas, con penas máximas de suspensiones de solo 10 días. Además, los funcionarios de la DEA se esforzaron por encubrir estos incidentes. El escándalo eventualmente obligó a la directora de la DEA Michele Leonhart —acusada de mala administración y mala supervisión— a renunciar en abril. Su reemplazo, Chuck Rosenberg, recibió su nombramiento como administrador interino de la DEA en Mayo.
En comparación, las fallas en el programa de fuentes confidenciales de la DEA revelados durante la OIG posiblemente no son tan escandalosos. Pero manchan aún más la reputación de la DEA contribuyendo a una imagen de malos manejos crónicos en la agencia. También se presta a insinuaciones de que la DEA está fuera de control, jugando según sus propias reglas y manteniendo una actitud de poca cooperación con cualquiera que pueda cuestionar la manera como hace las cosas.
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