Desde la ruptura de la tregua entre pandillas en El Salvador, tanto la cantidad de asesinatos de policías y militares como los enfrentamientos entre las pandillas y las fuerzas de seguridad han cambiado la ecuación de seguridad en el país, cerrando la pequeña ventana de oportunidades para restablecer el corto y criticado cese al fuego.
Hasta el 17 de octubre, la violencia había dejado un saldo de 31 policías y varios militares muertos en lo corrido de 2014, incluyendo seis policías solamente en octubre. Las víctimas incluyen desde bajos hasta altos mandos de las fuerzas de seguridad del país y están distribuidas en una amplia zona geográfica, dando la impresión de que no fueron asesinatos preseleccionados o dirigidos, sino que ocurrieron cuando se presentó la oportunidad de hacerlo o tras disputas entre las fuerzas de seguridad y facciones locales de pandillas.
Funcionarios de la policía y el ejército señalaron a InSight Crime que los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las pandillas también van en aumento. Este año la policía ha informado de unos 130 enfrentamientos con miembros de pandillas, y sólo en octubre el ejército ha tenido 14 en comparación con 12 en todo 2012.
Ese fue el año en que las pandillas más grandes del país -la Mara Salvatrucha (MS13) y dos facciones del Barrio 18 -conocidas como Revolucionarios y Sureños- comenzaron a implementar una tregua con la ayuda del equipo de negociación delegado por el gobierno, integrado por un un obispo de la iglesia de El Salvador y un antiguo líder guerrillero que se convirtió en asesor de seguridad.
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La tregua dio lugar a una considerable caída en la cantidad de homicidios reportados, aunque los críticos señalan que una de las razones de esto es que las pandillas escondían los cuerpos en fosas clandestinas. La tregua también fue criticada por la apertura de un espacio que legitimó y animó a las pandillas a participar en la política.
Además de conseguir capital político, los líderes de las pandillas fueron trasladados de una prisión de máxima seguridad a diversas cárceles de mínima seguridad, lo que les dio mayor acceso a sus filas y más oportunidades de visitas con sus familias.
Ciertamente, las pandillas, que según el gobierno durante la tregua estaban compuestas por unos 65.000 miembros -con unos 500.000 miembros potenciales- cuentan con un amplio poder político y coercitivo, particularmente en las zonas donde controlan el territorio y cobran "impuestos" de seguridad a las empresas y residentes locales. Y, a pesar del menguante apoyo público que recibió la tregua, los dos partidos grandes de El Salvador -el FMLN de izquierda y ARENA de derecha- presuntamente se reunieron con los líderes de las pandillas en el período previo a las elecciones presidenciales de este año.
Los observadores electorales de ARENA afirmaron que las pandillas utilizaron su poder para influir en los resultados, sobre todo en la primera ronda en febrero, que fue ganada por el candidato del FMLN, Salvador Sánchez Cerén con un margen sorprendentemente amplio. En la segunda vuelta, en marzo, los observadores políticos de la oposición presentaron menos reclamos, y Sánchez Ceren ganó las elecciones con un margen mucho más estrecho, de unos 6.000 votos.
Mientras tanto, los defensores de la tregua -entre ellos uno de los arquitectos del cese al fuego original, el general David Munguía Payés, ministro de Defensa del país- han argumentado que una tregua es necesaria crear condiciones para soluciones de largo plazo, como programas sociales y de educación en las zonas pobres donde las pandillas prevalecen. También han señalado que el encuentro de la violencia y la actividad de las pandillas con respuestas como el aumento de los encarcelamientos y la represión, las tácticas preferidas hasta la fecha, sólo se ha traducido en cárceles desbordadas, pandillas más fuertes y tasas de homicidios más altas.
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Y mientras la tregua se desmorona, la Fiscalía General está en medio de una investigación a fondo sobre las circunstancias alrededor de la tregua inicial, los beneficios que los miembros de las pandillas y otros han recibido, y otras transgresiones potenciales.
El principal mediador, Raúl Mijango -un guerrillero del FMLN durante la guerra civil del país, que desde entonces se ha distanciado del partido- se ha enfrentado a horas de interrogatorios sobre su papel en la creación del acuerdo, que cayó en desuso después de que el gobierno cambiara de ministros de seguridad en junio de 2013.
Ricardo Perdomo, el entonces recién nombrado ministro de Justicia y Seguridad Pública, inicialmente atacó la tregua y prometió una nueva negociación. Sin embargo, su mediador no oficial, el padre Antonio Rodríguez -conocido popularmente como Padre Toño- fue detenido en julio de este año y se retiró del país silenciosamente, después de que investigadores interceptaran una serie de llamadas telefónicas comprometedoras entre Toño y algunos pandilleros.
El gobierno del FMLN ahora se enfrenta a la tarea -políticamente imposible- de determinar qué camino seguir. Aunque aparentemente la administración de Sánchez Cerén ha estado estancada desde que asumió el cargo en julio en un aparente intento de evitar la camisa de fuerza política que representaría una nueva tregua entre pandillas -por lo menos hasta las elecciones locales y del congreso, que serán celebradas en marzo de 2015.
Sin embargo, mientras el gobierno anterior parece estar tratando de distanciarse de las pandillas, el aumento de la violencia parece estar forcejeando con la actual administración en lo que cada vez se parece más a una guerra. Funcionarios de la policía han señalado a InSight Crime que paralelamente con los ataques contra las fuerzas de seguridad, la policía también ha abatido a más de 100 presuntos pandilleros este año -las personas cercanas a los líderes de las pandillas aseguran que el número real es mucho mayor. Y las tasas de homicidios han regresado a los niveles previos a la tregua.
En septiembre, el gobierno creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) -que incluye a miembros de la Iglesia Católica, asociaciones empresariales y organizaciones no gubernamentales- para ayudar a desarrollar un plan de seguridad coherente. Benito Lara, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Sánchez Cerén, también ha visitado recientemente a algunos miembros de la Iniciativa Pastoral por la Vida y la Paz (IPAZ) -un grupo de líderes religiosos y organizaciones de la Iglesia Católica y Evangélica- para discutir las opciones del gobierno.
Mientras tanto, y al tiempo que la violencia sigue creciendo, también lo hace la especulación sobre la causa del incremento en los enfrentamientos entre las pandillas y las fuerzas de seguridad. Dos fuentes cercanas a los líderes de las pandillas, así como un miembro de alto rango de las fuerzas de seguridad (todos los cuales hablaron bajo la condición de anonimato debido a la delicada situación) señalaron que las pandillas estaban atacando a las fuerzas de seguridad en un esfuerzo por obligar a una renovación de algunos elementos de la tregua.
Sin embargo, funcionarios de la policía y varias fuentes de inteligencia negaron las aseveraciones de que las pandillas tenían la orden de atacar a las fuerzas de seguridad, argumentando que los ataques contra la policía y el ejército han ocurrido durante años, y que cada una de esas muertes estaba rodeada por un conjunto único de circunstancias.
La naturaleza extrema del conflicto ha oscurecido la ironía de la situación: el FMLN, otrora grupo guerrillero y hoy el partido en el poder, atacó a las fuerzas de seguridad del gobierno durante años en algunas de las mismas áreas rurales y urbanas marginadas donde hoy las pandillas reinan.
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