¿Autoridad electoral de México podrá detener la financiación proveniente de grupos criminales?

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México está a pocas semanas de llevar a cabo unas elecciones intermedias históricas, pero muchos analistas temen que las autoridades electorales de la nación las estén echando a perder, en tanto las organizaciones criminales sigan financiando a sus candidatos preferidos.

El próximo 7 de junio, México realizará elecciones para la Cámara de Representantes, nueve gobernaciones y diversas administraciones locales en más de la mitad del país. Aunque no habrá votaciones para el Senado y la Presidencia, esta es la fecha más importante en el calendario electoral antes de las elecciones de 2018.

En este contexto, algunos analistas temen que la agencia reguladora de la campaña a nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE), no esté haciendo lo suficiente para impedir que el flujo de dinero proveniente del crimen organizado llegue a las arcas de las campañas de los candidatos. Jesús Tovar Mendoza, director ejecutivo de la Red de Estudios sobre la Calidad de la Democracia en América Latina, lamentó recientemente en E-Consulta que las medidas impuestas por el INE son insuficientes.

Según Tovar, las campañas tienen que dar cuenta detallada de sus gastos, pero el INE hace poco para comprobar de dónde provienen los dineros. Como resultado, los grupos criminales pueden proporcionar beneficios económicos o en especie a las campañas, o directamente a los electores, con el fin de influir en las votaciones. Y puesto que las directivas del INE dependen en gran medida de los partidos políticos para obtener sus puestos de trabajo, no tienen gran interés en controlar la financiación ilícita, pues todas las partes se benefician del dinero extra que fluye a través de los fondos de las campañas.

México ha intentado por mucho tiempo hacer frente al dinero ilegal en la política. Tras la elección de Enrique Peña Nieto como presidente en 2012, periodistas e investigadores presentaron pruebas de los esquemas de compra de votos de su partido, financiados mediante tarjetas débito prepagadas. Se descubrió que parte de la financiación de estas tarjetas provenía de figuras vinculadas al crimen organizado.

También por mucho tiempo en México han existido vínculos entre políticos y organizaciones criminales, vínculos que se consolidan mediante contribuciones a las campañas, con las cuales esencialmente se compra la lealtad de los políticos. El ejemplo más claro de esto es la proliferación de políticos prominentes y poderosos a quienes se les han descubierto alianzas con criminales, como los casos de Julio César Godoy, excongresista de Michoacán, o José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero.

También existe la posibilidad de que el dinero proveniente del crimen organizado influya en el resultado de las elecciones. Aunque inclinar la balanza de las elecciones presidenciales en una nación de 110 millones de habitantes es un verdadero desafío, es totalmente plausible comprar votos suficientes para influir en una elección para gobernador en un estado clave como Colima, en la costa Pacífica, donde 140.000 votos son quizá suficientes para asegurar una victoria. Eso sin mencionar las competencias locales poco reñidas en todo el país.

Análisis de InSight Crime

El INE fue creado en 2013 como remplazo del extinto Instituto Federal Electoral (IFE). Aunque el crimen organizado no influyó directamente en este cambio, la nueva entidad debió haber contribuido, por lo menos teóricamente, a limitar la presencia de dinero sucio en las elecciones. El INE centralizó el aparato electoral y redujo el papel de los tribunales del Estado, que quedaron en gran medida en deuda con los gobernadores. Dado que suele considerarse que los gobiernos estatales son más susceptibles a la corrupción que sus contrapartes relativamente honestas a nivel federal, sobre todo en relación con el crimen organizado, este cambio teóricamente debió haber producido un marco electoral menos vulnerable.

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Aunque este razonamiento es común en México, parece haber sido erróneo. Y esta no es la primera vez: diversos analistas han propuesto durante mucho tiempo la eliminación de los abundantes departamentos de policía municipales de México, con base en la hipótesis de que la sola centralización de las fuerzas en 32 estados dará como resultado una policía más efectiva. Como ocurrió con el remplazo del IFE por el INE, esta propuesta fue demasiado simplista.

Los problemas persistentes en el INE demuestran también que la reforma institucional es un proceso muy tedioso. Los líderes mexicanos han demostrado durante mucho tiempo una tendencia a crear nuevas entidades cuando fallan las viejas. Esto es especialmente cierto en el ámbito de la seguridad; México ha renovado innumerables veces los cuerpos de policía federal en los últimos veinte años, y ninguno de ellos ha demostrado ser mejor que sus predecesores. Ello se debe a que el solo hecho de crear una nueva institución no la fortalece. Por el contrario, a menudo las mismas patologías que afectan a la institución anterior son absorbidas por la nueva. Y aunque mejorar las instituciones es una empresa vital y loable en México, no hay ninguna razón para esperar que ello ocurra por el solo hecho de crear nuevas instituciones. Un nuevo nombre no es nada más que un primer paso.

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Es difícil determinar en este momento el daño que podrían causar los grupos criminales que financian a los políticos. Parece poco probable que la nueva clase de líderes vaya a ser especialmente vulnerable a los narcos, puesto que este no es un problema nuevo. Sin embargo, queda claro que este es uno de los tantos retos de seguridad que México no ha logrado superar.

Y el resultado es una clase política de la que la nación sospecha con justa causa. México se ha vuelto bastante hábil para acabar con los criminales más peligrosos con regularidad. Un INE más eficaz sería una herramienta efectiva para controlar también a los defensores políticos de los criminales, pero éste sigue siendo un objetivo a largo plazo.

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