Ayuda de Estados Unidos a El Salvador: ¿El Anti-Plan Colombia?

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Seis meses después de firmar un acuerdo de cooperación destinado a apoyar las fuerzas de seguridad en El Salvador, Estados Unidos dice que el plan va por un buen camino. Pareciera ser que con el pacto se evitaría cometer los mismos errores que se han cometido con otros modelos de acuerdos de seguridad, tal como el Plan Colombia.

En su visita a El Salvador en marzo de 2011, el Presidente Barack Obama dio a conocer varias iniciativas de cooperación para mejorar la seguridad en el país, uno de los más violentos del hemisferio, gracias al tráfico de drogas y la delincuencia organizada. Obama y el Presidente Mauricio Funes, anunciaron el plan “Asocio para el Crecimiento”, un modelo de ayuda establecido por el gobierno de Obama que se muestra como una “colaboración bilateral sin precedentes”, dirigida por el país receptor antes que por el donante.

Un equipo conformado por funcionarios de Estados Unidos y de El Salvador llevó a cabo un análisis de los factores que limitan el desarrollo económico del país, identificando a la delincuencia y a la inseguridad, así como a la baja productividad, como los obstáculos más grandes para el crecimiento. En noviembre, los países firmaron al Plan de Acción Conjunta para hacer frente a tales limitaciones, establecido para funcionar hasta el año 2015.

Los principios del “Asocio para el Crecimiento” de El Salvador son en muchos aspectos la antítesis del programa de ayuda masiva de los Estados Unidos en Colombia, lanzado en 2000. A través del Plan Colombia, los Estados Unidos invirtieron unos US$8 millones en ayuda militar al país, los cuales fueron utilizados para reconstruir a las fuerzas armadas y llevar a cabo a gran escala la erradicación de los cultivos de coca. El objetivo era atacar el narcotráfico y derrotar a los grupos armados ilegales, y en este sentido, se ha logrado éxitos significativos.

En contraste, el “Asocio para el Crecimiento”, no implica la inversión de nuevos fondos, sino más bien una mayor cooperación entre las diversas agencias de Estados Unidos, para hacer que el trabajo existente entre ellas y el gobierno sea salvadoreño más eficaz.

Sus objetivos son más estrechos –la alianza se centra en trabajar sobre los efectos de la delincuencia organizada, es decir, sobre la violencia y el caos que frenan el desarrollo humano en el país, en vez de centrarse en usar la fuerza para tratar de poner fin al narcotráfico. El énfasis está en la transferencia de conocimientos, en lugar de la inyección de miles de millones de dólares. El enfoque del plan para el crimen y la inseguridad va en dos direcciones: el fortalecimiento de las instituciones salvadoreñas, y la prevención de la delincuencia y la violencia.

Una de las principales razones detrás de este enfoque minimalista, es que Estados Unidos no tiene ni los recursos ni la voluntad para dar miles de millones de dólares a las fuerzas armadas de El Salvador. La guerra contra el terrorismo ha reemplazado a la guerra contra las drogas como el foco de la política exterior, y la crisis financiera ha puesto bajo presión a los presupuestos. Los Estados Unidos históricamente han comprometido muchos menos fondos en Centroamérica que en Colombia o México – la administración Obama solicitó US$107,5 millones para el conjunto de América Central a través de CARSI en el año fiscal 2013, mientras que Colombia recibirá más de US$442 millones en diversos tipos de ayuda de los Estados Unidos en ese año.

Sin embargo, también podría deberse a que el gobierno de Estados Unidos ha aprendido algunas de las lecciones del Plan Colombia. En un informe publicado el año pasado, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos WOLA por sus siglas en inglés, dijo que el proyecto de ayuda masiva ha dejado una moraleja para los futuros esfuerzos de Estados Unidos en la región. De acuerdo con WOLA, los fracasos del Plan Colombia señalan la necesidad de que los futuros esfuerzos de ayuda de Estados Unidos para fortalecer el gobierno civil, acabar con la impunidad y crear oportunidades para sectores excluidos de la sociedad. Se dijo que Estados Unidos no debe promover la militarización en los países receptores, que los programas deben adaptarse a la situación específica del país, y ser evaluados periódicamente.

Cada seis meses, evaluaciones serán aplicadas para medir el progreso del “Asocio para el Crecimiento”. La primera evaluación, publicada en julio, encontró que los objetivos del programa estaban en camino, a excepción de dos de un total 14, el crimen y la inseguridad.

Uno de los objetivos clave de la alianza es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de la justicia. El plan de acción, afirma que las debilidades institucionales del país evitan una respuesta eficaz a la delincuencia, y pide una “estrategia integral y completa” a través de la reforma de diferentes organismos, como los fiscales, policías, jueces y personal de seguridad. El cuadro de mando de seis meses, dice que estos esfuerzos son el blanco. Al menos 242 personas que trabajan en el sector justicia han sido entrenados por agencias de Estados Unidos hasta la fecha, y un nuevo Manual Inter-Institucional de Investigación, destinado a mejorar y estandarizar los procedimientos de investigación, se ha distribuido a la policía y los fiscales.

La alianza también establece el objetivo de aumentar la confiscación de activos de origen delictivo, y su utilización para financiar la aplicación de la ley. El objetivo es conseguir una ley de extinción de dominio efectiva, y fortalecer las unidades de investigación financiera. Este es un objetivo, según el informe. Los proyectos de ley sobre el decomiso y el uso de activos para combatir el crimen, se han elaborado y se presentarán ante la Asamblea Legislativa a finales de este año. Este tipo de trabajo para desmantelar las redes financieras de las organizaciones criminales es importante para romper estas estructuras en el largo plazo y convertir a El Salvador un lugar menos atractivo para los traficantes.

Otro de los objetivos de la parte de fortalecimiento institucional del plan, es proteger a las pequeñas empresas del impacto de la delincuencia, esto es especialmente importante en El Salvador, en donde la extorsión es la principal fuente de ingresos para las “maras”. La extorsión es a menudo dirigida contra las pequeñas empresas locales, y es un crimen especialmente violento, ya que necesariamente implica sembrar el miedo en la población, con el fin de garantizar que los pagos se realicen. Estados Unidos ha colocado a un asesor jurídico residente para ayudar con la implementación de grupos de trabajo para combatir el crimen que va en contra de los negocios. La evaluación también se refiere a la nueva fuerza de policía salvadoreña contra las pandillas. Esta unidad comenzó sus operaciones en abril, y sus 302 funcionarios han sido especialmente entrenados en técnicas de investigación y en las actividades de las pandillas.

El tipo de construcción institucional y la reforma establecida en la primera sección de la evaluación es tal vez la contribución más importante que se puede hacer para reducir la delincuencia y la violencia en El Salvador, país en el que la corrupción y la ineficiencia de la policía y del poder judicial han permitido a la delincuencia organizada desarrollarse hasta su nivel actual.

El segundo aspecto de la alianza es la prevención del delito. En contraste con las medidas represivas empleadas en El Salvador en el pasado, este aspecto se presenta con un enfoque en estrategias para evitar que los jóvenes se unan a las pandillas y para fortalecer técnicas de vigilancia comunitaria. En 2003, la política de “Mano Dura”, adoptó una línea dura contra las pandillas, haciendo que ser miembro de una pandilla era un delito, lo que llevó a que se encerrara a miles de jóvenes. Pero el resultado fue la reagrupación y reorganización de las pandillas. Los esquemas establecidos en la alianza incluyen programas para educar y emplear a los jóvenes, para evitar que se unan a las pandillas.

El informe establece una serie de medidas adoptadas hasta ahora por las agencias estadounidenses, incluyendo la realización de alianzas con empresas para ayudar a los jóvenes a conseguir trabajo, y capacitar a unos 600 que están en riesgo. También se incluye el plan del gobierno de El Salvador “Parques especiales para la inserción social y una cultura de paz.” Estos parques están destinados a ayudar a personas en alto riesgo a encontrar oportunidades de trabajo, y el gobierno ha dicho que los parques beneficiarían a 70.000 personas a lo largo de todo el país. Sin embargo, como InSight Crime ha comentado, hasta ahora el gobierno no ha explicado de donde vendrán los US$20 millones para financiar el plan, o cuáles empresas estarían dispuestas a contratar a ex pandilleros. La evaluación dice que los datos sobre el número de personas que encuentran empleadas a través del plan, serán informados en la evaluación de los próximos seis meses.

El plan pone especial énfasis en la institución de la policía comunitaria en todo el país. La evaluación muestra que un modelo de este tipo de programa se ha instituido en cinco municipios, y está trabajando sin problemas, suficiente garantía para su expansión. De acuerdo con la evaluación, un programa de vigilancia comunitaria en Lourdes ha provocado un descenso del 40% de los delitos violentos. Sin embargo, el trabajo de la reforma policial en El Salvador es enorme, y queda por verse si este tipo de programas modelo (también aplicados en Guatemala y Honduras) se limitan a establecer focos aislados de buenas prácticas o si se pueden propagar por todo el país.

Es demasiado pronto para evaluar el éxito del “Asocio para el Crecimiento”. Muchos de los proyectos que presentan son buenas ideas para solucionar los problemas específicos de El Salvador. Parece ser aún más alentador, que el plan es evitar algunos de los fracasos del Plan Colombia, el cual tuvo un enfoque fuertemente militar hacia a la seguridad, la construcción de las fuerzas armadas, a expensas de las instituciones de justicia. Si la alianza entre Estados Unidos y El Salvador continúa por un buen camino, tal como lo dice la evaluación de los seis primeros meses, ambos países pronto podrán ser capaces de señalar algunos éxitos muy visibles en términos de fortalecimiento de las instituciones de El Salvador.

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