Una emblemática campaña de restitución de tierras al norte de Colombia ilustra cómo, en algunas partes del país, las BACRIM siguen actuando como un ejército privado de los intereses empresariales con profundos vínculos con el movimiento paramilitar del país.
Un nuevo informe de Colombialand.org, un grupo que monitorea el proceso de restitución de tierras en Colombia, cuenta la historia del caso de Curvaradó y Jigumiandó, el cual es anterior a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero que es ampliamente considerado como un ejemplo de la forma como se implementará la ley.
La población afrocolombiana de la región fue en gran medida desplazada durante una campaña militar entre 1996 y 1997. Esa operación fue uno de los ejemplos más claros de complicidad entre el Ejército de Colombia y los paramilitares, y sigue siendo uno de los casos de desplazamiento más grandes de Colombia.
Luego de que la comunidad huyera de las constantes masacres, homicidios y bombardeos indiscriminados, sus tierras fueron arrebatadas para ser utilizadas para ganadería y cultivos de palma africana a gran escala; ambas empresas agrícolas que contaban con estrechos vínculos con los principales miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Muchos de los desplazados finalmente regresaron a la región, respaldados por grupos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, armados con una estrategia que les permitía construir nuevas comunidades en medio de las empresas y los actores armados que los habían desplazado –las llamadas "zonas humanitarias"–. Legalmente reconocidas por el Estado colombiano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas comunidades constituyen zonas neutrales donde todos los actores armados, legales e ilegales, tienen prohibido entrar.
Las demandas legales de las comunidades por sus tierras han sido reconocidas por los tribunales colombianos y el proceso de restitución se encuentra en proceso. Sin embargo, aún están latentes las empresas agrícolas, los grupos armados y el peligro para las comunidades. Según el informe de Colombianland, los remanentes de las AUC "siguen ejerciendo control social y económico" en la región. Los locales identifican a los paramilitares en la zona como miembros de las Autodefensas Gaintanistas de Colombia –más conocidos como los Urabeños.
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Los residentes de la Zona Humanitaria acusan a los Urabeños de actuar como un ejército privado que protege los intereses de las empresas que se niegan a ceder las tierras a la población, pese a los fallos de las cortes.
Los activistas son constantemente amenazados cuando hacen demandas sobre las tierras o desafían a los finqueros y otros "ocupantes de mala fe"; incluso, ha habido casos de homicidios selectivos. Las comunidades también han acusado a los Urabeños de coordinar y proteger la apropiación de tierras por parte de las compañías bananeras, las cuales dicen que han animado a los pobres y desplazados de fuera de la región para que usen las tierras comunales para cultivar plátano y yuca, para luego vendérselos a empresas como Banacol y Uniban .
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Grupos de Derechos Humanos que trabajan con las comunidades también han confirmado la presencia de cultivos de coca en las tierras comunales, y los residentes afirman que grandes cargamentos de precursores químicos entran a la región sin ser parados por los retenes del ejército, al tiempo que camiones sospechosos salen de la región.
Análisis de InSight Crime
A través de gran parte de Colombia, las organizaciones híbridas conocidas como BACRIM (por "bandas criminales"), las cuales han combinado a remanentes paramilitares con organizaciones narcotraficantes, tienen una estructura, modus operandi y objetivos diferentes si se les comparada con sus predecesores paramilitares.
No obstante, cuando InSight Crime visitó la región de Curvaradó en 2012, los residentes se negaron a distinguir entre los paramilitares de la época de las AUC y los que continúan aterrorizando a la población actualmente, insistiendo en que la única diferencia es el nombre y el hecho de que ya no están uniformados y tienden a llevar sólo armas cortas.
No hay duda de que a los que los lugareños siguen llamando 'paras' están ahora afiliados a los Urabeños. La región está cerca de la zona central del grupo y su Frente Carlos Vásquez tiene como base a Chigorodó.
De alguna manera, las operaciones del grupo en la región son el reflejo de cómo las facciones paramilitares evolucionaron para llegar a ser las BACRIM. En lugar de patrullas paramilitares, estas dependen de redes de inteligencia que no se ven, como los moto-taxis que son el único medio de transporte público y, según los residentes, abastecen al comando de los Urabeños con información sobre todos los movimientos en la zona. En lugar de masacres y violencia abierta, buscan ejercer el control a través del miedo, amenazando constantemente y llevando a cabo homicidios selectivos ocasionales. Las comunidades siguen convencidas de que las fuerzas de seguridad en la región –en especial la conocida Brigada 17 del ejército– siguen en connivencia con los "paras", pero donde otrora se hablaba de soldados vestidos con uniformes del ejército de día y de AUC en la noche, ahora los señalamientos se basan en la libertad con la que los grupos armados operan –haciendo alusión a una conexión mucho más discreta–.
Pese a estas diferencias, la continuidad con la era de las AUC se evidencia claramente en Curvaradó y Jigumiandó. Los grupos armados que operan aquí comparten una característica importante con las AUC, que los diferencia de otras BACRIM activas en otras partes de Colombia: su participación en la violenta contra-reforma agraria.
[Vea el perfil completo de InSight Crime sobre las AUC y su cobertura completa]
Según los testimonios de líderes desmovilizados de las AUC, la campaña paramilitar en Curvaradó y en toda esa región –conocida como Urabá–desde el principio tenía la intención de detener el esfuerzo de la reforma agraria "campesina". Vicente Castaño, infame líder de las AUC, estaba detrás del impulso que permitió a las compañías de palma africana comprar Urabá. Mientras tanto, las compañías bananeras que operan en la región tienen un largo historial de vínculos con el paramilitarismo y algunas siguen siendo objeto de investigación. Los lazos entre la ganadería y las AUC son aún más estrechos, especialmente porque la ganadería ha sido tradicionalmente un método favorecido para lavar ganancias ilícitas y transferir tierras robadas a familiares o amigos de los jefes paramilitares.
Muchas de las empresas e individuos que hacen parte del conflicto de tierras de Curvaradó y Jigumiandó son los mismos que se aprovecharon del desplazamiento que hubo entre 1996 y 1997. Mientras tanto, en una región tan aislada, la "para-economía" sigue siendo fuerte. Residentes e investigadores dijeron a InSight Crime que algunos de los ganaderos de la región son testaferros de comandantes de las AUC extraditados, que siguen actuando en nombre de sus jefes. Incluso, a medida que los Urabeños se mantienen enfocados en empresas criminales –como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión– en Urabá, está claro que los remanentes paramilitares activos en Curvaradó y Jigumiandó siguen desempeñando el mismo papel que sus predecesores paramilitares de las AUC: mercenario sirviendo a las necesidades de la antigua alianza para la contra-reforma agraria entre empresas y el paramilitarismo. Mientras tanto, las continuas operaciones de grupos guerrilleros en la región incluso ofrecen a los 'paras' la misma oportunidad para enmascarar sus actividades económicas criminales bajo un fachada de contrainsurgencia –una táctica común en el apogeo de las AUC, pero con los grupos paramilitares sucesores despolitizados–.
Mientras que las BACRIM no debe ser tratadas como una mera extensión de las AUC y deben ser contrarrestadas en sus propios términos, las operaciones de los Urabeños en Curvaradó y Jigumiandó son un claro recordatorio no sólo de las raíces de estos grupos de nueva generación, sino también de los efectos persistentes del paso de las AUC por Colombia.
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