Como un indicio de que el Cartel de Sinaloa está siendo cauteloso en atraer la atención del gobierno federal a Tijuana, uno de los principales líderes del cartel habría dicho a otros jefes criminales que mantengan lo más bajo posible los niveles de homicidios en el estado de Baja California. El mensaje parece ajustarse a un patrón en el que puede haber una tendencia hacia una convivencia más pacífica en algunos puntos tradicionalmente críticos.
Según un nuevo informe de la revista Zeta, uno de los principales líderes del Cartel de Sinaloa, Ismael Zambada García, alias "El Mayo", emitió una advertencia, a por lo menos ocho sub-comandantes responsables de la supervisión de las operaciones narcotraficantes en Baja California, que dejen de estar “calentando la plaza" - es decir, reducir los homicidios que podrían afectar el tráfico internacional de drogas y llamar demasiado la atención del gobierno.
Durante los primeros 100 días de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto (del primero de diciembre al 10 de marzo), Baja California registró 161 homicidios, haciéndolo el décimo estado más violento del país. Esto es sólo un ligero aumento con respecto a un periodo similar el año pasado (del primero de enero al 31 de marzo; 90 días), cuando el estado registró 145 homicidios.
Según la revista Zeta, una banda de sicarios liderados por Luis Mendoza, alias "El Güero Chompas", está detrás del aumento de la violencia. La ciudad más grande de Baja California, Tijuana, donde se concentra la violencia, registró 42 homicidios en enero. La revista dice que el grupo de Mendoza ya no está siguiendo las órdenes de los altos mandos del Cartel de Sinaloa y están asesinando agresivamente a narcotraficantes de poca monta con el fin de arrebatarles su negocio.
La orden de Zambada de frenar la lucha puede ser difícil de cumplir. Zeta dice que ninguno de los ocho tenientes del Cartel de Sinaloa, advertidos por Zambada, se encuentran actualmente en Baja California, habiendo establecido escondites caros en los estados de Sinaloa, Guadalajara y Sonora. Como resultado de ello, sus operaciones diarias en Baja California han pasado a manos de familiares más indisciplinados y sin experiencia, quienes son más propensos a usar la violencia como medio para resolver los conflictos.
La revista Zeta señala que, pese a que el Consejo de Seguridad del Estado de Baja California y la Procuraduría estatal y federal han identificado a estos ocho sub-comandantes del Cartel de Sinaloa, no se han emitido órdenes de captura contra alguno de ellos. Sólo dos de los ocho sospechosos alguna vez fueron objeto de operaciones de la policía, y ambos lograron escapar.
Análisis de InSight Crime
Baja California podría ser la primera prueba del país de si una pax mafiosa es siquiera sostenible o no. La violencia ha disminuido en general en Baja California, en parte debido a los esfuerzos del gobierno, pero también gracias a una paz precaria forzada entre las organizaciones criminales rivales, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Tijuana, también conocido como la Organización Arellano Félix (OAF), en Tijuana.
Con una reducción en los niveles de violencia, las fuerzas federales han reducido, también, sus esfuerzos en Baja California. El ejército ha cerrado al menos seis puestos de control en las carreteras del estado en lo que va corrido del año. Mientras tanto, el polémico y combativo jefe de seguridad Julián Leyzaola, que fue elogiado por ayudar a pacificar a Tijuana, ha sido trasladado a Ciudad Juárez.
Lo que es más, como señala la revista Zeta, el hecho de que los miembros del Cartel de Sinaloa en Baja California hayan cometido delitos federales - y no existan órdenes federales de captura emitidas en su contra (lo que haría más fácil perseguirlos en estados afuera de Baja California) - refuerza la teoría de que el gobierno mexicano, ahora bajo el mandato de Peña Nieto, está reduciendo sus ataques contra los grupos narcotraficantes en un esfuerzo por disminuir la intensidad del conflicto entre el estado y los carteles. Peña Nieto asumió el poder el primero de diciembre, a partir de lo cual se ha producido un descenso significativo en las acusaciones por crímenes de narcotráfico. Según datos de la Secretaría de Gobernación (pdf), los fiscales abrieron un promedio de 2.322 causas penales por mes durante el año 2012 por lo que se conoce como "delitos contra la salud", los cuales son principalmente crímenes relacionados al narcotráfico, mientras que durante los dos primeros meses de 2013, los fiscales abrieron un promedio de 821 casos por mes por esos mismos "delitos contra la salud".
Para ser justos, esta tendencia hacia menos procesos judiciales por narcotráfico ya estaba en marcha antes del primero de diciembre, pero es exactamente lo que una organización narcotraficante internacional como el Cartel de Sinaloa quiere y puede estar dispuesto a negociar para hacer cumplir una política de reducción de la violencia. Y puede ayudar a explicar por qué El Mayo creyó conveniente advertir a sus sub-comandantes de evitar que la violencia en Baja California se salga de control.
Es cierto que existen argumentos contra esta teoría. Los otros fortines fuertes del Cartel de Sinaloa, entre ellos Chihuahua (417 homicidios durante los primeros 100 días de Peña Nieto) y Sinaloa (324 homicidios), se encuentran entre los que tienen más altas tasas de homicidio. Y el gobierno mantiene tropas y policías federales en gran parte de México.
Pero también es claro que es interés tanto del Cartel de Sinaloa como del gobierno mantener la paz en Tijuana, un área que tiene un historial de violencia relacionada al crimen organizado, pero podría ser un modelo para la coexistencia del estado con el crimen. La tasa de homicidios actual en Baja California aún representa una mejora notable en la seguridad en comparación con hace cinco años, cuando el estado fue el tercero más violento de México, registrando un total de 1.019 muertes ese año.
No obstante, se trata de un equilibrio difícil de lograr. A nivel nacional, el gobierno informó recientemente un ligero descenso en los homicidios. Sin embargo, la atomización de estos grupos criminales, como se evidencia en Tijuana, puede ser una dinámica que ni el gobierno ni los grupos criminales más fuertes pueden contrarrestar.
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