5 lecciones del experimento contra la corrupción en Guatemala

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Luego de 12 años, llega a su fin el mandato de la tan aclamada comisión anticorrupción de Guatemala, pero en su ausencia persisten serios cuestionamientos sobre el rumbo que tomará la campaña contra los malos manejos de la administración pública en el país.

Creada en 2007 y avalada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se enfocó en la investigación y erradicación de la corrupción y la impunidad entre las élites.

Trabajando en conjunto con el Ministerio Público, los fiscales investigaron a más de 1.500 personas, de las cuales se logró abrir procesos judiciales a 660 por graves delitos, según el informe final de la CICIG. Esto incluyó el arresto del expresidente Otto Pérez Molina y de su entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, señalados de dirigir una enorme red de fraude aduanero, entre otros casos.

A continuación, InSight Crime ofrece cinco lecciones del experimento anticorrupción en Guatemala y da una mirada sobre lo que puede esperarse cuando el presidente electo Alejandro Giammattei asuma el poder en enero de 2020.

1. Penetración del crimen organizado en las altas esferas del poder

La CICIG demostró cómo el crimen organizado ha penetrado los más altos niveles del poder en Guatemala, desde la presidencia hasta líderes empresariales.

Durante la primera mitad de su mandato, incluidas las gestiones de los comisionados Carlos Castresana y Franciso D’Allannese, la CICIG apoyó a la Fiscalía local en investigaciones que sirvieron para desmantelar importantes bandas de narcotráfico, pequeñas redes de corrupción que funcionaban en los linderos del poder político y para llevar a juicio a exmilitares acusados de crímenes de guerra.

Con la llegada del colombiano Iván Velásquez, en 2013, la CICIG entró de lleno a investigar los grandes entramados de corrupción en los que participaban los políticos más poderosos del país con la complicidad de los grandes conglomerados económicos.

El caso que empezó a mostrar toda la profundidad de la penetración del crimen organizado en el estado fue La Línea, una investigación multidimensional sobre la corrupción en las aduanas del país que involucraba al presidente Pérez Molina y a su entorno.

A partir de ahí, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI, la oficina del Ministerio Público creada para trabajar con la CICIG), abrió una docena de expedientes que terminaron mostrando redes de espionaje y esquemas de corrupción que incluían a grandes empresas, como la telefónica Tigo y las principales constructoras del país. En esta etapa, la CICIG también emprendió acciones para descubrir el financiamiento electoral ilícito de empresarios y crimen organizado a los partidos políticos. Nada de eso había ocurrido antes.

Las investigaciones contra Pérez Molina generaron en 2015 multitudinarias manifestaciones en apoyo a la lucha anticorrupción en Guatemala, que incluyó a la gran empresa privada. Sin embargo, el fervor disminuyó cuando los empresarios empezaron a ser objeto de las investigaciones conjuntas entre la comisión y la fiscalía.

En una entrevista con InSight Crime, Velásquez aseguró que todos estos casos demostraron que el crimen en Guatemala había logrado “una captura total del estado”.

2. Una carrera de obstáculos

A lo largo de su mandato, la CICIG se enfrentó a una oposición permanente, en especial durante la administración de Jimmy Morales, pero también, de manera menos publicitada, en la administración de Otto Pérez Molina. Todo esto indica que el Estado es incapaz de librarse de la corrupción y la impunidad por sí mismo.

El inicio del fin para la CICIG llegó cuando Jimmy Morales, el presidente que terminará su mandato en enero próximo, lanzó una campaña política que incluyó cabildeo ante la administración de Donald Trump en Washington para desprestigiar a la comisión y expulsar a Velásquez de Guatemala.

No era solo que la CICIG hubiera abierto una investigación por financiamiento electoral ilícito contra Morales, sino además que otros sectores del poder económico y político tradicional encontraron el momento exacto para unirse y frenar en seco a un organismo que ya les resultaba demasiado molesto.

A Morales se unieron en la cruzada anti-CICIG exmilitares de inteligencia asociados al poder político desde tiempos del expresidente Álvaro Arzú, el mismo Arzú, a quien la CICIG también investigaba por supuestas irregularidades en su gestión como alcalde de la capital, y un sinnúmero de operadores políticos en el Congreso.

Los bloqueos incluyeron la dedicación casi absoluta del aparato diplomático de Morales para lograr apoyo entre congresistas y operadores políticos en Estados Unidos en su afán por deshacerse de la comisión. Morales, además, nombró a una fiscal general más afín a él, que terminó por bajar el perfil a las investigaciones. El presidente también utilizó su gabinete de seguridad para bloquear a los investigadores.

Finalmente, Morales y sus aliados triunfaron. La CICIG se despidió de Guatemala a finales de agosto con eventos públicos y una pequeña demostración callejera. El primer día de septiembre, al lanzar las fiestas por la independencia del país, Jimmy Morales, uno de los presidentes más impopulares en la historia de Guatemala, celebró haber “echado” a la CICIG.

3. Fortalecimiento de la capacidad acusadora

Debido en parte al entusiasmo inicial por la creación de la CICIG, así como al respaldo de la comunidad internacional y de varios sectores en Guatemala, los fiscales lograron implementar algunas importantes reformas jurídicas e institucionales.

Poco después de comenzar a trabajar con la Fiscalía General de Guatemala, la CICIG contribuyó a la reforma de la Ley contra la Delincuencia Organizada en el país para hacer posible que los fiscales obtuvieran información “de primera mano, verificable y eficaz” mediante la negociación de penas y el establecimiento de un programa de protección de testigos. Esto les permitió a las autoridades entender mejor la dinámica del crimen organizado en el país y abrir procesos contra otros importantes actores criminales.

Esas reformas también ayudaron a apuntalar las capacidades investigativas y acusatorias del Estado guatemalteco. Entre 2009 y 2012, la tasa de impunidad para casos de homicidio en el país descendió de 95 a 72 por ciento. Un informe de International Crisis Group en 2018, que analizaba el impacto positivo de la comisión respaldada por la ONU, halló que la comisión fue “decisiva” en el fortalecimiento de la capacidad del Estado de recabar y analizar información forense, como las pruebas de ADN y balísticas.

Además, la CICIG también trabajó con la Fiscalía General de la República de Guatemala para implementar una ley de enajenación de activos en 2010, lo que les dio a las autoridades la capacidad de golpear las bases económicas de los grupos del crimen organizado más buscados del país.

Aunque no se desconoce lo lento y en ocasiones controvertido del proceso, las autoridades lograron enajenar más de US$3 millones en activos criminales —incluyendo una hacienda adquirida con ganancias del narcotráfico y usada para el tráfico ilegal— tan solo en los tres primeros años de su implementación.

No cabe duda de que los funcionarios locales están ahora en mejor posición de lo que estaban hace 12 años para llevar a buen término investigaciones y causas judiciales de la actividad criminal.

4. No es la panacea

Pese al notorio impacto de la CICIG en Guatemala, la comisión nunca será la solución para los problemas de delincuencia más acuciantes del país, y nunca pretendió serlo.

Efectivamente, en promedio el 94 por ciento de los delitos en Guatemala quedaron impunes durante la última década.

Solo en 2018, la tasa de impunidad fue de casi el 98 por ciento. Y pese a que apuntó específicamente a la corrupción de alto nivel, esos delitos tuvieron la mayor tasa de impunidad, de 99 por ciento, lo que pone en evidencia las limitaciones de un apéndice judicial como la CICIG para implementar cambios duraderos en el sistema de justicia.

Aunque ha habido una marcada mejora en la tasa de homicidios, las instituciones del Estado siguen exhibiendo una vulnerabilidad a la infiltración de grupos criminales. A comienzos de este año, las autoridades desarticularon una red de agentes de policía corruptos que se dedicaban también al expendio de drogas y al sicariato.

No mucho después, un candidato presidencial fue aprehendido por haber acudido al Cartel de Sinaloa de México para que asesinara a sus rivales y le aportara dinero del narcotráfico para aumentar sus posibilidades de victoria electoral.

En el ámbito municipal, pandillas callejeras poderosas, como la MS13 y Barrio 18, siguen ejerciendo dominio sobre las comunidades marginadas. La extorsión es un sustento vital para esos grupos. Para proteger su vida, los tenderos y dueños de pequeños negocios se ven obligados a pagar.

Con la ayuda de la CICIG, es posible que la magnitud de la criminalidad en Guatemala esté más expuesta que nunca, pero garantizar que esas personas rindan cuentas ante la justicia sigue siendo un proyecto en construcción.

5. Un alto a la campaña anticorrupción en Guatemala

Las investigaciones parcialmente completadas siguen en el limbo en el Ministerio Público (MP). La fiscal general Consuelo Porras no parece tener interés en la fiscalía especial creada para trabajar de la mano con la comisión. La fiscal general se niega además a emplear a los investigadores de la CICIG.

Dicho esto, por el momento Guatemala no volverá a la situación en la que la encontró la CICIG, donde organizaciones narcotraficantes internacionales buscaban establecerse en el país, los organismos de seguridad estaban plagados de escuadrones de la muerte y había mayores niveles de corrupción. Las instituciones locales, sin embargo, siguen siendo demasiado frágiles para garantizar que no vuelva a suceder esto.

La única herencia visible es la FECI, la fiscalía especial a la que acompañó la CICIG. A esa unidad del MP corresponde, en el papel, llevar adelante investigaciones de gran calado a partir de los expedientes que quedaron inconclusos con la salida de la comisión. El futuro de la FECI, sin embargo, no luce prometedor: la fiscal Porras no ha dicho con claridad qué hará con la fiscalía especial.

El presidente electo, Alejandro Giammattei, tampoco parece demasiado inclinado a seguir por los caminos que abrió la CICIG. Como candidato dijo que apostaría, más bien, por “fortalecer” las instituciones locales, aunque no ha aclarado cómo lo hará.

En una de sus primeras entrevistas como vencedor en las presidenciales, Giammattei dijo que la CICIG era cosa del pasado. Algunas alianzas del presidente electo con antiguos operadores militares y un pasado que incluye acusaciones de participación en un esquema de ejecuciones extrajudiciales cuando fue funcionario a mediados de la década pasada tampoco son motivo de optimismo.

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