¿Barras bravas del fútbol en Argentina expanden su portafolio criminal?

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Hay informes que indican que uno de los grupos de hinchas criminalizados del fútbol en Argentina, conocidos como “barras bravas”, proveyeron los matones para una red de extorsión en la ciudad de Buenos Aires, una señal de que el grupo puede estar ascendiendo en la jerarquía criminal.

Varios miembros de la barra brava asociada al club de fútbol Boca Juniors de Buenos Aires se encontraban entre los doce detenidos el 11 de agosto, informó La Nación.

La acción fue vista como parte de un intento del gobierno de tomar medidas enérgicas contra el enorme mercado informal de las calles de la capital, “La Salada”, que se cree es el mayor de la región. En junio, las autoridades capturaron al llamado “rey” de La Salada, Jorge Castillo, acusado de dirigir un “ejército” criminal que extorsionaba a los comerciantes del mercado informal con ayuda de agentes corruptos de la policía local.

Uno de los detenidos en los recientes cateos fue Enrique Antequera, integrante de la barra del Boca Junior. Los agentes dicen que él, al igual que Castillo, se apoyaba en miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires, notoriamente corrupta, para asegurarse el cobro de los pagos de extorsiones de La Salada. Pero al contrario del “ejército” de Castillo, Antequera también contaba con la fuerza de los miembros de la barra brava del club Boca Juniors, una de las asociaciones de hinchas más temidas del país.

Al menos cuatro de los detenidos el 11 de agosto eran miembros de las barras, incluyendo uno de los presuntos líderes del grupo, Marcelo Aravena, alias “Marcelo de Lomas”. Aravena fue liberado de prisión en 2007 luego de pagar una sentencia de doce años por el homicidio de dos fanáticos del otro gran equipo de fútbol bonaerense y principal rival del Boca, el Club Atlético River Plate.

Análisis de InSight Crime

Las barras bravas de Argentina se han convertido en objetivo de seguridad de la administración del presidente Mauricio Macri, quien entre 1995 y 2007 fue presidente del Boca Juniors —uno de los equipos de fútbol con más seguidores del país—, un factor que pudo haber favorecido su campaña presidencial. Pero la relación entre el fútbol y la política en Latinoamérica suele complicarse por los nexos criminales.

Esta tendencia parece haber surgido en Argentina. Por ejemplo, se supo que el hincha que dirigía la red de extorsión de La Salada, Enrique Antequera, tenía fuertes conexiones políticas, y que incluso fue diputado provincial suplente de Elisa Carrió, quien es ahora una de las principales figuras de la coalición política en el gobierno de Macri.

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Así como gran parte de la influencia de las barras bravas proviene de su base popular de seguidores, la importancia política de Antequera parece haberse derivado de su condición de líder comunitario en la zona desfavorecida en la que operaba.

“Yo me reuní con todos los presidentes y gobernadores, siempre buscando mejoras para un barrio que nunca tuvo nada”, declaró Antequera a Clarín.

Originariamente poco más que asociaciones de hinchas de equipos, las barras bravas de Argentina se han ido criminalizando a lo largo de décadas, hasta participar en narcotráfico, esquemas de reventa de entradas y en ocasiones incluso extorsión a sus mismos clubes de fútbol. Este último caso muestra cómo los miembros de las barras aprovechan su fuerza (física y también política) para emprender delitos más sofisticados. No cabe duda de que la extorsión a los dueños de negocios de La Salada puede haber servido a más de un fin, pues se dice que la barra del Boca Juniors vendía mercancía de La Salada los días de los partidos y en los alrededores del estadio.

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A escala regional, las barras bravas de Argentina son representativas de un nexo más amplio entre el fútbol y el crimen organizado, que recientemente ocupó titulares en todo el mundo luego de la acusación de Estados Unidos contra el capitán de la selección mexicana de fútbol, Rafael Márquez, por participación en lavado de dinero para un grupo narcotraficante.

El presunto cabecilla del grupo, Raúl Flores Hernández, es sospechoso de lavar ganancias de la venta de narcóticos del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), al dirigir la adquisición de un equipo de fútbol de la liga de mayores de Bolivia, según informaciones de medios de noticias. La senadora boliviana Carmen Eva Gonzales anunció que está investigando las acusaciones.

Entretanto, Honduras —que ya ha protagonizado sus propios escándalos penales relacionados con el fútbol— dice que incluirá a los futbolistas en la lista de entidades no financieras en riesgo de lavado de activos —en esa lista ya se encuentran los clubes de fútbol— lo que impone un mayor escrutinio en los jugadores como personas naturales.

Aunque loables, las iniciativas de las autoridades por romper los lazos entre el fútbol y el crimen organizado van cuesta arriba en el logro de este objetivo. El deporte arrastra a multitudes de personas de todos los estratos socioeconómicos en toda la región, lo cual lo convierte en el escenario ideal para crear nuevas relaciones de todos los tipos, incluyendo las ilícitas. Más aún, la rentabilidad del fútbol como industria es inmensa, lo que significa que ofrece oportunidades para el lavado de dinero y para la generación de nuevas fuentes de ingresos ilícitos, como la extorsión o el amaño de partidos.

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