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ANÁLISIS

¿Puede una base de datos resolver la corrupción policial en Argentina?

ARGENTINA / 14 NOV 2018 POR JOSEFINA SALOMÓN ES

El lanzamiento de un nuevo registro que contiene información sobre miles de miembros expulsados de la mayor fuerza de policía de Argentina por corrupción puede señalar una nueva iniciativa de depuración en este organismo, pero los interrogantes sobre si será efectiva o, incluso, suficiente, continúan.

El registro, que incluye los nombres de 8.500 agentes destituidos desde 1966, lo anunció el mes pasado María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

La base de datos contiene información sobre los agentes y el motivo de su retiro, que incluye cargos por corrupción y violencia, entre otros. Cerca del 15 por ciento de los agentes fueron acusados de connivencia con organizaciones narcotraficantes.

Las autoridades declararon que el propósito de la base de datos, que se actualizará regularmente, es impedir que las firmas de seguridad privada contraten a exagentes de policía con antecedentes criminales a sabiendas de esto.

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En la presentación de la base de datos en un evento público, la gobernadora señaló que este era solo el primer paso para enfrentar la corrupción dentro de la Policía.

“El mensaje para los policías es: […] no hay política de seguridad posible con delincuentes dentro de la Policía”, dijo Vidal en declaraciones para Clarín.

Desde que Vidal, miembro del partido gobernante en Argentina, asumió su cargo en 2015, cerca de 1.400 agentes han sido destituidos de la institución policial provincial, y hay 27.000 más con investigaciones abiertas, según cifras divulgadas por Clarín.

Análisis de InSight Crime

La noticia de la corrupción dentro de la mayor fuerza policial de Argentina y de los intentos por reformarla no es nueva. Anteriores administraciones han intentado depurar la “Bonaerense” (como se la conoce localmente) en otras oportunidades, con pocos resultados.

La gobernadora llegó al poder en representación de la coalición Cambiemos del presidente Mauricio Macri, que se centró en eliminar la corrupción dentro de organismos como la Policía y combatir el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, la más populosa de Argentina y notoriamente problemática.

Estas son tareas difíciles, dados los vínculos pasados entre la Bonaerense y organizaciones narcotraficantes. Incluso en el mandato de Vidal se han conocido dos casos.

En mayo de 2017, el jefe de policía Pablo Bressi renunció en medio de señalamientos de que sabía de pagos hechos a agentes por organizaciones narcotraficantes.

En otro caso, en agosto de 2018, las autoridades hallaron 160 dosis de cocaína ocultas en un chaleco antibalas encontrado en una unidad antinarcóticos. Esa unidad hacía parte del cuerpo de policía de La Matanza, uno de los partidos o distritos más violentos de la provincia de Buenos Aires, según informó Perfil.

Expertos consultados por InSight Crime sobre el estado del crimen organizado en el país austral coincidieron en afirmar que es vital librar de corrupción a la Policía. Las organizaciones criminales —que en Argentina suelen ser de menor tamaño, pero que tienen un control muy fuerte del poder en los territorios en los que operan— no podrían funcionar sin el respaldo activo de los organismos de seguridad, señalaron.

Con un desafío tan descomunal, una base de datos podría parecer un paso insuficiente. La Policía en Argentina carece de recursos, por lo cual no sorprende que muchos se sientan tentados por el ingreso extra resultante de trabajar con organizaciones criminales.

La gobernadora Vidal, sin embargo, también ha anunciado medidas para garantizar que los agentes presenten declaraciones de renta, como una manera de combatir el lavado de dinero, y les ha concedido un aumento salarial como una medida para mejorar las condiciones laborales.

Sin duda las medidas de transparencia y los mejores salarios pueden disuadir a los agentes, en especial a los reclutas más jóvenes, de aliarse con narcotraficantes. Pero si Argentina se toma en serio la lucha contra el crimen organizado, debe adoptar medidas adicionales a mayor escala, lo que incluye investigaciones por corrupción en ciertos círculos políticos y en el sistema carcelario.

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