Perú tiene numerosos puntos de abastecimiento y comercialización para las enormes cantidades de madera ilegal que se vende en ese país. Pero la mayor parte de esa madera se legaliza en el medio. Nuestro equipo viajó a Pucallpa, centro de esta actividad ilícita.

Amarrados en grandes barcas o apilados uno encima de otro en lanchones sobre el río, los troncos flotan desde los límites más recónditos del Amazonas para converger en un punto del este de Perú: Pucallpa, la ciudad donde se legaliza la destrucción de la selva tropical.

Arrancada de la selva en las riberas del río Ucayali y con una autopista que llega a Lima, Pucallpa conecta la selva de las zonas centro y norte de Perú con el más grande mercado interno de madera y con su principal puerto internacional. Esto convierte a la población en un punto clave de tránsito para una industria que mueve anualmente alrededor de 2,6 millones de metros cúbicos de madera, de los cuales entre 40 y 80 por ciento es ilegal, según estimativos de organismos de Gobierno y expertos independientes.

El centro es el distrito portuario de Manantay, donde aguardan montacargas para sacar los troncos cortados del río y apilarlos en las riberas cenagosas. El aire está permeado por el olor de aserrín y los lamentos de las motosierras de los aserraderos ilegales donde taladores y compradores pueden llevar su madera del mercado negro para su primer corte. En las inmediaciones, leñadores informales de comunidades selváticas descargan la madera cortada en campamentos en la selva directamente a las riberas del río, donde los estibadores esperan para subirla en camiones destartalados.

*Este artículo es resultado de una investigación sobre ecotráfico en la región, realizada en conjunto con el Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de American University (CLALS). 

Cuando la madera llega a Manatay, intervienen los traficantes de madera. Su labor es blanquear la madera ilícita con papeleo obtenido de manera fraudulenta y despacharlo a clientes que exigen madera barata y negación plausible. Su trabajo contamina casi la totalidad de la cadena de suministro de madera procedente de Pucallpa.

“En Pucallpa, todo el mundo maneja madera ilegal, absolutamente todo el mundo”, le confió a InSight Crime en una visita reciente, el fiscal de la unidad de crimen organizado de Pucallpa Julio Reátegui. “Y entre más grandes, más protegidos están; esa es la realidad”.

Madereros del mercado negro

Los peldaños más bajos del tráfico de madera están ocupados por los despachadores, quienes supervisan las idas y venidas en el puerto. Usan su cargo para unir a vendedores y compradores locales, haciendo sus tratos desde pequeñas chozas de madera desperdigadas a lo largo de las orillas del río. Un punto más arriba están los comerciantes individuales de madera, conocidos como “comisionistas”, quienes actúan como agentes de clientes en Lima. Los comisionistas toman pedidos y avances en efectivo, buscan, compran y despachan cargamentos de madera a cambio de un porcentaje de cada negocio.

Sin embargo, el verdadero volumen de madera y el dinero de verdad en Pucallpa lo hacen los traficantes de madera, ocultos detrás de las fachadas de empresas legales.

Muchos de ellos son empresas fantasmas. Sus representantes legales son los pobres y desempleados, mientras que sus direcciones registradas son casas destartaladas o tiendas de barrio. Aparecen de manera intermitente, mueven grandes cantidades de madera y luego desaparecen en cuestión de uno o dos años.

“La mayoría de los negocios en Pucallpa son empresas fachada para criminales. En el papel, son legales, pero es una fachada”, concluyó Reátegui.

Sin embargo, algunos de los traficantes más grandes operan de manera distinta, combinando lo legal con lo ilegal.

Entre las operaciones más importantes de este tipo se encuentran los aserraderos. Hay 25 aserraderos grandes en todo el distrito portuario de Manantay. En un operativo contra la tala en 2015, las autoridades identificaron doce de estos como fuertemente implicados en actividades ilegales.

“Se blanquea mucho en los aserraderos”, declaró Albino Aliaga Campos, de la oficina en Pucallpa para el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR), el ente estatal a cargo de la vigilancia del sector de explotación forestal. “Llegan por el río, arriban con la madera ilegal, la descargan y de ese punto en adelante solo necesita un permiso de transporte”.

Aunque el rol primordial de los traficantes de madera es servir de intermediarios entre los taladores ilegales y los compradores, muchos asumen también participación más directa en la extracción, financiando las operaciones de tala. En este sistema, que en la Amazonía peruana se conoce como “habilitación”, los traficantes reclutan a taladores, luego les dan un avance en efectivo, equipo y órdenes de cortar ciertas especies.

Según Rolando Navarro, expresidente de OSINFOR, los traficantes como quienes dirigen los aserraderos pueden hacer esto de manera independiente o como agentes de los mayores actores en el tráfico peruano de madera, exportadoras que venden madera peruana blanqueada al resto del mundo.

“El exportador les dice a esos tipos, necesito tantos metros cúbicos de madera, ¿me los pueden conseguir? Tengan su dinero. Y [los traficantes] van por ahí repartiendo ese dinero a todo el mundo, son financiadores”, explica. “Sus hombres cortan la madera donde sea que la encuentren. Llegan a Pucallpa, la procesan y luego los aserraderos le pasan la madera procesada al exportador”.

El blanqueo de madera ilegal

Los intermediarios del tráfico de madera en Perú no son los únicos actores que blanquean madera ilegal. Pero, el rol que desempeñan ha cobrado mayor importancia con la evolución del negocio de madera.

“La ley cambió y las reglas del juego cambiaron para las mafias”, comentó un agente forestal, que no quiso ser identificado por temor a las repercusiones profesionales.

Muchos de los actores más grandes en el tráfico de madera ilegal son empresas de explotación maderera y conglomerados madereros que blanquean la madera ilegal en sus propias concesiones forestales legales. Estas empresas alguna vez actuaron con total impunidad. Pero la vida se ha complicado gracias a una nueva ley forestal que entró en vigor en 2015, la creciente presión internacional y en su mayoría la presión por las iniciativas de OSINFOR.

Pero la jurisdicción de OSINFOR solo cubre las inspecciones llevadas a cabo en secciones de bosque legalmente asignadas para la explotación forestal, de modo que sus agentes solo pueden cruzarse con las operaciones ilegales al inspeccionar empresas legales.

“Muchas veces, un empresario está trabajando y ve [taladores] ilegales trabajando al lado suyo. Pero los trabajadores ilegales no se preocupan por nada, mientras que al empresario todas las instituciones vienen a supervisarlo”, señaló el consultor forestal Guiomar Seijas.

Si los taladores ilegales pueden lograr que sus cargamentos pasen los puntos de inspección mal equipados, con poco personal y de una corrupción rampante para llegar a Pucallpa, entonces los traficantes y quienes les consiguen los documentos pueden hacerse cargo de lo demás.

“Hay este gran vacío ahí”, concluye Seijas.

Este desequilibrio en el control de las autoridades es fuente de frustración tanto para las empresas forestales, que se sienten victimizadas, y para OSINFOR, que sienten que tienen las manos atadas. Pero para la mafia en medio del negocio ilegal de madera, este vacío deja un espacio de operación cada vez más amplio y más lucrativo.

*Este artículo es resultado de una investigación sobre ecotráfico en la región, realizada en conjunto con el Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de American University (CLALS).