El arresto del secretario de seguridad de Medellín, Colombia, ha sacudido a la clase dirigente de la ciudad y cuestionado el discurso dominante que la élite política lleva años promoviendo. Pero, ¿mediaba él con delincuentes en pro de la paz y la seguridad o trabajaba al servicio de la mafia?
En una audiencia de imputación de cargos el 5 de julio, los fiscales de la ciudad de Medellín expusieron la evidencia con la que cuentan para demostrar que el ahora exsecretario de seguridad Gustavo Villegas cerró una serie de "acuerdos siniestros" con la mafia de Medellín, conocida como la Oficina de Envigado, para beneficio personal y político.
Utilizando testimonios de capos de la Oficina, respaldados por escuchas telefónicas y videos filmados de manera encubierta, el caso del fiscal se centró en la relación que Villegas desarrolló con Julio Perdomo, presunto jefe de una poderosa red criminal y a quien la policía considera el "nuevo vocero político" de la Oficina. Villegas cultivó la relación con Perdomo para tratar de mediar acuerdos con jefes de la Oficina que llevaran a su entrega y cooperación con las autoridades.
Como secretario de seguridad, en 2016 Villegas supervisó la rendición de varios mandos medios de la banda. Los investigadores creen que estas entregas fueron coordinadas con altos mandos de la Oficina, que estaban preparados para sacrificar a sus subordinados a cambio de menor presencia policial en sus territorios, lo que les permitió mantener sus actividades criminales, según información de El Tiempo.
Los fiscales también presentaron evidencia de coordinación con altos jefes de la Oficina privados de la libertad, como Edison Rodolfo Rojas, alias "Pichi"; Julián Andrey Gómez, alias "Barney", y Leonardo Muñoz, alias "Douglas", que ya estaban colaborando con las autoridades a cambio de beneficios judiciales, aunque más adelante interrumpieron la cooperación a raíz de cambios de personal en la Fiscalía General.
Sin embargo, según los fiscales, la cooperación de Villegas con la Oficina fue más allá de las negociaciones judiciales, y presuntamente se convirtió en lo que los fiscales catalogaron como "asesor y estratega" para la mafia, informó El Tiempo.
Villegas presuntamente pasaba información de operativos de policía contra los jefes de la Oficina, incluyendo a Perdomo, quien fue arrestado en marzo, y ofrecía consejo a los jefes de la mafia sobre cómo evadir la atención de las autoridades. Fuentes de la policía declararon a El Tiempo que sus acciones incluyeron la interferencia con organigramas de la policía en los que se detallaba la jerarquía de la Oficina para hacer parecer que mandos medios eran los cabecillas principales.
VEA TAMBIÉN: Élites y crimen organizado en Colombia
En la audiencia, el fiscal argumentó que el interés de Villegas fue más allá de esas negociaciones. También lo acusó de usar sus conexiones con los jefes de la Oficina para su beneficio personal y político.
El fiscal describió que cuando un video en el que aparecían tres jóvenes atracando un automóvil en el norte de la ciudad se hizo viral como símbolo de la inseguridad en la ciudad, Villegas usó sus contactos para obligar a los jóvenes a entregarse, lo que en ese momento se presentó como un triunfo del jefe de Villegas, el alcalde Federico Gutiérrez.
Villegas no solo trabajaba para esa administración, según una hipótesis de los investigadores, sino también pensando en su campaña a la alcaldía en las próximas elecciones. En una reunión para exhortar a Perdomo para que continuara con las negociaciones, presuntamente le prometió al cabecilla de la mafia que "las cosas mejorarían", si él llegaba a ser alcalde de Medellín.
Aparte de los motivos políticos señalados, Villegas también obtuvo presuntamente beneficios para sus negocios personales. Los fiscales afirman que contactó a Perdomo para asegurar la devolución de un vehículo de su empresa, que una pandilla criminal había retenido en demanda de un pago, y también logró que su empresa quedara exenta de extorsiones.
A lo largo de la carrera política de Villegas, han recaído sobre él acusaciones de contactos turbios y conducta criminal.
Entre 2004 y 2007, Villegas dirigió el organismo del gobierno de la ciudad de Medellín que supervisaba la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, el primero de esos procesos dentro del proceso nacional de paz con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La desmovilización del BCN ha sido puesta en duda ampliamente como poco más que una farsa diseñada para limpiar los expedientes de la mafia de Medellín y cimentar el control de la ciudad en manos del comandante del BCN y jefe de la Oficina de Envigado, Diego Murillo, alias "Don Berna".
Como parte de ese proceso, Villegas trabajó estrechamente con la Corporación Democracia, organización no gubernamental creada por los paramilitares que se desmovilizaron. La organización también fue desestimada como una fachada política para que la Oficina continuara sus actividades ilegales.
En 2008, Villegas fue obligado a renunciar a su nuevo cargo en la dirección de la organización de los Juegos Sudamericanos en Medellín, por sus conexiones con Felipe Sierra, empresario condenado por colusión con jefes paramilitares, narcotraficantes y funcionarios corruptos.
La acusación más dura contra Villegas, aunque quedó sin confirmar, fue lanzada en 2011, cuando el exparamilitar y narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias "El Tuso", acusó a Villegas de haber trabajado "como hermanos" con el jefe de la Oficina Daniel Mejía Ángel, alias "Danielito", incluso recibiendo pagos a cambio de liberarle las licencias de sus casinos.
Análisis de InSight Crime
El contacto y la mediación entre las autoridades y el crimen organizado, aunque siempre es problemática, no es mala en sí, y puede haber ocasiones en las que la necesidad de atenuar la violencia sea más apremiante que el objetivo mayor de derrotar el dominio de una mafia o pandilla sobre un territorio. En esos casos, la línea entre mediación y colusión siempre se borrará y cualquier contacto de ese tipo necesariamente implica un elemento de contrapartida —ningún jefe mafioso cooperará a menos que pueda ver beneficios personales—.
Sin embargo, el caso de Villegas amenaza con exponer una verdad que ha sido una sospecha de larga data entre los observadores de la segunda ciudad de Colombia: en Medellín, la línea no se borró; la línea se perdió en la distancia. Sean cuales fueran sus intenciones —e incluso si, como la evidencia sugiere, su ganancia personal fue circunstancial y relativamente menor— Villegas representa a una élite de la ciudad dispuesta a vender a sus habitantes más pobres a cambio de una imagen positiva ante el resto del mundo y un entorno de negocios lucrativo para todos, desde los empresarios hasta los traficantes internacionales de cocaína.
El plan de Villegas de negociar con el crimen organizado tiene su propia lógica y tales negociaciones sin duda pueden arrojar beneficios. Pocas personas se burlarían de la caída en las tasas de homicidios que ha experimentado Medellín en los últimos años, sin importar las razones que haya detrás de ello.
Sin embargo, Medellín ha estado antes en ese juego, con Don Berna. Los resultados fueron un fenómeno que en Medellín se conoció como "Don Bernabilidad", juego de palabras derivado de "gobernabilidad". Tras la desmovilización de Don Berna y del BCN, Medellín asistió a una caída radical en la violencia, lo que se convirtió en la base de la transformación que le ha valido a Medellín elogios internacionales por su renacimiento. Pero el precio fue el control de Don Berna sobre la ciudad. Fue paz en la punta del cañón.
VEA TAMBIÉN: Perfil de la Oficina de Envigado
Han pasado cerca de quince años desde la desmovilización del BCN, y con eventos ajenos que hace tiempo superaron el control de Don Berna, la violencia en Medellín es históricamente baja, pero de nuevo la causa principal de ello son los pactos criminales, antes que la política de seguridad.
En Medellín, no se ha usado los bajos índices de violencia como base para acabar con el dominio del crimen organizado, sino que este se ha convertido más bien en un fin en sí. El precio sigue siendo el mismo. Y mientras las élites de Medellín se regocijan con los elogios de la comunidad internacional, la ciudad sigue siendo epicentro del narcotráfico y el lavado de dinero con prósperas economías criminales internas. En amplias franjas de la ciudad, los habitantes siguen viviendo bajo el dominio criminal, en constante temor y con poco acceso a la justicia.
Villegas, como participante central en la época de la Don Bernabilidad, de seguro entiende la naturaleza fáustica de este pacto mejor que la mayoría, un hecho que tiende una gran sombra sobre sus alegatos de inocencia y buenas intenciones. La evidencia de que ayudó presuntamente a los jefes de la Oficina a evadir la justicia no hace más que reforzar la idea de que estaba dispuesto a entrar en el mismo pacto que antes: la imagen sobre la realidad.
La rendición y la cooperación de importantes figuras de la Oficina posiblemente ha rendido algunos beneficios a largo plazo en la seguridad, junto con algunos tantos políticos importantes para Villegas y sus aliados. Sin embargo, la actual dinámica del crimen organizado en Medellín deja en claro las limitaciones de la estrategia.
Villegas estaba negociando con facciones poderosas de la mafia de la ciudad, pero seguían siendo facciones. Cualquier acuerdo sin duda habría dado pie a uno de dos resultados: o quienes hacían parte de la negociación habrían usado su cooperación una vez más como fachada para mantener sus intereses criminales, o habrían llegado a un acuerdo para su beneficio personal, mientras que las redes que dejaban eran cooptadas por otros actores.
Como lo ha documentado InSight Crime, la historia del crimen organizado en Medellín es la de un matrimonio de tres. Por un lado, están las mafias, que bajan o aumentan la violencia según sus intereses y conflictos apretando las cuerdas de las pandillas callejeras que controlan los barrios de la ciudad. En otro están las élites sociales y económicas corruptas de la ciudad que mantienen un pie en el hampa y otro en la legalidad, y cuyo principal interés es un buen ambiente de negocios para lo que sea que les genere ingresos, legal o ilegal. Y en un tercer lugar están las élites burocráticas corruptas, es decir, las fuerzas de seguridad, así como los funcionarios judiciales y políticos que facilitan y protegen las actividades criminales para su provecho personal o político.
Aun si fuéramos a creer la palabra de Villegas sobre la probidad de sus intenciones, su plan habría hecho poco para socavar esa estructura, a la cual él pertenece sin duda alguna. El estatu quo seguramente se habría mantenido casi intacto. Y, luego de 15 años de este tipo de tratos clandestinos, el estatu quo es que Medellín sigue siendo una ciudad mafiosa.
SUSCRIBIRME