En los primeros 15 días de 2015, El Salvador tuvo un ritmo de asesinatos de policías equivalente a cinco veces lo visto durante 2014. En respuesta el gobierno lo que hizo fue respaldar que los agentes disparen "en cumplimiento del deber" sin temer consecuencias. Mientras tanto, algunos agentes, que se ven víctimas de una ofensiva pandilleril, ya hablan de "grupos de exterminio" como quien planea su próxima batalla.
Nada está tranquilo. En los primeros 15 días de 2015 en El Salvador han sido asesinados siete policías. El año 2014 cerró con 39 agentes asesinados, un parteaguas en los últimos tres años, si se toma en cuenta que los ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) estuvieron a la baja en 2012, año en que el gobierno y las pandillas negociaron la reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios para los jefes pandilleros. En 2012 la PNC reportó el asesinato de seis de sus oficiales, mientras que en 2013 la cifra se duplicó. Las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y las dos facciones del Barrio 18 se adjudicaron el descenso del primer año de la tregua, y en marzo de 2014 advirtieron que las cosas estaban cambiando en virtud de que la tregua ya no era una prioridad del gobierno.
Este artículo fue publicado originalmente en El Faro y fue republicado con permiso del autor. Vea el artículo original aquí.
Desde la segunda mitad de 2013 la tregua agonizó mientras las batallas en la calle, según las pandillas, se calentaron. Pero las pandillas insistían en una tregua, fuera de confrontaciones, y pedían a la dirección de la PNC que no enviara un mensaje de guerra.
Las pandillas dejaron entrever que si los policías seguían disparando primero y preguntando después –cosa que según ellos ocurre desde mediados de 2013, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara unas reformas penales que en síntesis inhiben la investigación cuando los policías justifican que dispararon en cumplimiento del deber– ellos también responderían.
A falta de otro plan de seguridad, el martes 20 de enero la PNC anunció su segundo movimiento. Una “luz verde” –como las pandillas llaman a los planes de asesinatos en contra de sus enemigos— para que los policías disparen a los delincuentes.
“Aquel miembro de la institución que tenga la necesidad de usar su arma de fuego en cumplimiento del deber o en defensa de su propia vida o de terceras personas, que lo haga sin ningún temor. Hay una institución y un gobierno que lo va a proteger”, declaró el director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde.
Un día más tarde, en conferencia de prensa, Óscar Ortiz, el presidente en funciones tras la salida apresurada de Salvador Sánchez Céren a Cuba, para recibir atención médica, respaldó estas palabras.
“Nuestro gobierno expresa el respaldo completo a las declaraciones de nuestro director de la Policía Nacional Civil en relación a que cualquier miembro de nuestra Policía, que en cumplimiento de su deber, en defensa de los ciudadanos y de su integridad, deba hacer uso de su arma de fuego, debe hacerlo sin ningún temor de sufrir consecuencias por ello”.
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Las palabras del vicepresidente son un viraje hacia el pasado en la política de seguridad del gobierno salvadoreño. En 2003, el presidente Francisco Flores habló en un tono similar cuando ordenó la “caza” de pandilleros con el primer “Plan Mano Dura”. El plan, que en realidad era una escueta autorización para que los policías se convirtieran en agentes represivos contra todos aquellos jóvenes pandilleros o sospechosos de ser pandilleros, no bajó los índices delictivos ni de inseguridad. De hecho, dos años más tarde, y en pleno funcionamiento del “Plan Súper Mano Dura” del expresidente Antonio Saca, los índices de violencia en El Salvador se dispararon y convirtieron a este país centroamericano en el más violento del continente. La cresta de la violencia, con el Super Mano Dura en funciones, incluso llevó a que en 2009 El Salvador registrara una tasa de 72 homicidios por cada 100.000 habitantes.
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El 22 de diciembre de 2014 a José le mataron a un compañero, un policía destacado en el puesto policial de Las Margaritas, Soyapango. El agente Carlos Alfredo Reyes Carranza estaba destacado en una zona MS13, pero vivía en la colonia Campos Verdes, de Lourdes, Colón, zona del Barrio 18. Cuando a los agentes se les pregunta qué podría hacer el gobierno o la institución para garantizarles seguridad, ellos siempre responden que una buena medida sería “crear colonias de policías” para que no les toque vivir junto a sus enemigos. Cinco de los siete ataques contra policías este año ocurrieron en zonas cercanas a las viviendas de los agentes.
“Colonias para policías”. Eso responde un grupo de agentes entrevistados por El Faro y que accedieron a hablar con la condición de resguardar sus identidades. Algo fácil de entender si se recuerda que a finales de 2014 la PNC emitió la orden de que nadie, salvo el director o el subdirector, puede dar declaraciones a la prensa.
“¿Cómo piensan protegernos? Si cuando uno se quita el uniforme, por más armados que andemos, por más preparados, somos uno más y ellos, afuera, son muchos. Viajamos en los mismos buses que ellos, vivimos en las mismas colonias que ellos. La solución a esto no es simplemente armarnos”, dice un agente destacado en la delegación de Lourdes, Colón, que custodia la colonia en la que fue asesinado el agente Reyes Carranza.
A mediados de 2014, cuando el asesinato de policías rondaba una veintena, la Inspectoría General de la PNC –la oficina que investiga a los malos policías– envió un mensaje a los agentes para que se sintieran libres de usar su arma de equipo “en cumplimiento del deber”. Para ese momento nadie del gobierno salió a respaldar a la Inspectoría, ni siquiera las autoridades de la PNC. El mensaje, casi clandestino, circuló en hojas volantes en las delegaciones del país y en la página de Internet de la Inspectoría, que al cierre de esta nota estaba de baja.
En ese momento la PNC y la Academia Nacional de Seguridad Pública anunciaron talleres de capacitación y retroalimentación de medidas de seguridad para los policías.
“Y [los talleres] no era solo para que practicaran los tiros, sino para que recordaran cómo actuar con profesionalismo en todo momento. A diciembre de 2014 llevamos más de 10.000 agentes capacitados”, dice Mauricio Ramírez Landaverde, el director de la PNC.
El Faro preguntó a agentes destacados en el departamento de San Miguel, oriente del país; en Ahuachapán y Santa Ana, occidente, y en San Salvador y La Libertad, zona central, sobre esos cursos, esas convocatorias, pero todos respondieron que durante 2014 nunca hubo invitaciones para nadie.
Los agentes, de hecho, incluso acusan a las jefaturas de la PNC de actuar con doble moral. Es decir, de decir a los medios que están velando por la seguridad de sus tropas, pero que en privado practican actuaciones desleales contra sus subalternos. Los agentes ponen de ejemplo algo que ellos llaman “trampas homicidas”. Se refieren a rotaciones fuera de toda lógica, para castigar a agentes que respondieron mal a los jefes o que no acataron una orden fuera de la norma.
En El Salvador, vivir en una colonia dominada por la MS13 y trabajar o estudiar o visitar a alguien en una zona controlada por el Barrio 18 puede significar la muerte. Todo estriba en si una de las dos pandillas se entera, todo depende de cuánto se desconfíe de la persona que tuvo esa mala suerte en la vida. Los policías no están exentos de ellos.
En Lourdes, Colón, por ejemplo, los agentes y los investigadores de la delegación se coordinan para al menos garantizar que aquellos que tienen licencia no esperen, en solitario, el autobús en las paradas de una de las zonas más violentas de la guerra entre pandillas.
“Nada, estamos solos. Al salir de los turnos uno vela por su propia vida. Ahora, al menos, nos regresaron las pistolas”, dice un agente destacado en la delegación de Santa Ana.
¿Quién debe cuidar a los policías? O más bien, ¿estaba la policía preparada para recibir una escalada de ataques en sus filas? Según el director de la policía sí lo estaba.
—¿Qué información dio al respecto la Unidad Antipandillas? ¿Sabían de estos ataques programados para inicios de año? ¿Qué hicieron para prevenirlos? –le pregunto al comisionado Mauricio Ramírez Landaverde.
—Siempre estamos preparados. En estos casos hemos respondido como sistema. Todas las unidades han sido importantes y necesarias cuando sucede un hecho de estos.
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—Si estaban prevenidos, ¿cómo explican esta oleada de ataques, en los que los policías han sido abatidos en sus horas de licencia? ¿Esperaban que los atacaran así?
—Es que eso no es noticia (ataques a policías en horas de licencia). Ya lo hemos tenido en años anteriores. Estamos preparando otros planes pero no le puedo dar detalles de cuáles son.
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En redes sociales, personas que se identifican como policías han celebrado que ya haya “luz verde” contra las pandillas. Días antes de que el gobierno y la dirección de la Policía dieran el anuncio de autorización para que se disparen las pistolas, en Facebook circuló un comunicado en el que los “agentes de la escala básica” pedían que se permita crear grupos de exterminio para solucionar la violencia.
—A mí me han buscado ocho compañeros para eso [los escuadrones de la muerte], y me lo estoy pensando –dice José, el agente que hoy hace de guardia, mientras busca, en su teléfono, los mensajes que sus amigos le han enviado para invitarlo a formar parte de ese escuadrón.
En esas estamos cuando suena el radiotransmisor de José el agente que hoy hace de guardia.
—Tengo información, tengo información ahí del 911: pandilleros, dice, continuarán ahí con los atentados. Hay que estar pendientes ahí todos los compañeros y hay que andar lista la nueve para cualquier cosa –dice uno de los agentes, voz ronca.
—Copiado —contesta otro.
—La nueve y la diez también —dice una más, en alusión al modelo “nueve milímetros punto 10 que cargamos”, explica José.
—Copiado, copiado –responde una más.
—Yo unos galiles ahí les he traído. Quítenle el seguro –dice otra voz. Una voz seria que habla de unos fusiles de uso privativo de la Fuerza Armada.
—¡Topémoslos! –grita otra persona que tiene la voz de un hombre joven.
—¡Sin miedo ahí, ve! ¡Avancen sin miedo, hey! –grita una más, con voz más grave.
—Nosotros aquí estamos frente a estos vagos. ¡Vamos a esperarlos aquí también con unos galiles a estos hijos de puta! –dice de nuevo el agente de la voz joven, quién sabe desde cuál punto del país.
José el agente se suma a la conversación con un “copiado”. Luego me dice: “Antes esto no lo escuchaba, hablar así con esa falta de respeto. Pero es que ahorita en todos lados están buscando cómo desahogarse los compañeros”.
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¿Cómo se combate a las pandillas? ¿Cómo se puede reducir la violencia en El Salvador? ¿Cómo la Policía puede recuperar los territorios dominados por pandilleros? ¿La Policía Nacional Civil puede ganarle la batalla a las Pandillas? 24.000 contra más de 60.000, según cifras del gobierno. ¿Disparar primero y preguntar después es la solución a la violencia de El Salvador? El director de la policía cree que sí, y la Presidencia de la República ahora lo ha respaldado.
—El año pasado, intervenciones policiales dieron como resultado la muerte de muchos delincuentes y lesiones en otra cantidad mayor. Por esos hechos no tenemos a ningún miembro de la Policía que esté detenido –dice Mauricio Ramírez Landaverde.
—¿Mandar a los policías a la batalla no es contraproducente para…?
—... No es contraproducente. En ningún momento. Necesitamos que el policía tenga toda la confianza para que cuando tenga la necesidad de usar su arma de fuego, por ser la única manera de resolver una situación que se le presente, pues que lo haga con toda la confianza del mundo.
*Este artículo fue publicado originalmente en El Faro y fue republicado con permiso del autor. Vea el artículo original aquí.
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