La ciudad de Cali en Colombia terminará el año con una baja en los homicidios por quinto año consecutivo, pero los asesinatos siguen siendo un problema inabordable por la historia de violencia de la ciudad y su importancia en el negocio de la droga.
Los burgomaestres afirman que la tasa de homicidios de la ciudad se reducirá en 2018, para situarse por debajo de 50 homicidios por 100.000 habitantes, informó El País de Cali. Sin embargo, Cali cerró 2017 con una tasa de homicidios de 51 por 100.000 personas, la más alta de Colombia, en comparación, con la tasa en Medellín, que fue de 23 por 100.000, aunque repuntará este año, y la de Bogotá, de 14 por 100.000, según El Tiempo.
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Una gran dificultad para la tercera mayor ciudad de Colombia es su limitado número de policías. Su fuerza local suma solo 6.000 agentes para 2,5 millones de residentes. El jefe de policía de Cali se ha quejado de que sus 240 agentes por 100.000 personas está muy por debajo de Bucaramanga, que con la mitad de habitantes tiene más del doble de esa proporción.
Recientemente, la ciudad aumentó su pie de fuerza con unos 600 soldados, incluidos 270 miembros de la policía militar. A esos destacamentos se les asignó el patrullaje de varias de las “comunas”, barrios marginales en la periferia de la ciudad, más peligrosas.
El presidente Iván Duque también prometió enviar unos 1.000 agentes de policía a Cali en los próximos tres años. Ya llegaron casi 300 y otros 200 se sumarán a las filas en tres meses, según informó El País.
Análisis de InSight Crime
La atención de Cali a la seguridad ha permitido reducir su tasa de homicidios, pero tres factores en el panorama criminal de la ciudad siguen impulsando los homicidios: sicarios o asesinos a sueldo, disputas entre grupos por el control de los mercados locales de droga, y pandillas prestas al ajuste de cuentas.
En 2004, la violencia alcanzó un pico en Cali. La ciudad superó los 2.100 homicidios, cuando facciones del cartel del Norte del Valle declararon la guerra a sus propias “oficinas de cobro”, conformadas por redes de sicarios.
En los tres lustros que han transcurrido, los asesinatos parecen tener un comportamiento por rachas. En 2008, la ciudad tocó un piso de 1.500 homicidios. Pero al año siguiente, las muertes violentas respondieron con una nueva subida y siguieron escalando en 2013, cuando murieron casi 2.000 personas. En los cinco años siguientes, se han reducido de manera sostenida.
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Con la desaparición de los grandes carteles con un mando centralizado en Cali, las llamadas oficinas de cobro han estado compitiendo por el control de los mercados locales de droga y han abierto sus servicios de sicariato a nuevas oportunidades de contratación independiente.
“La gran mayoría de los homicidios siguen siendo en el modo de sicariato”, comentó el secretario de seguridad de Cali, Andrés Villamizar, a InSight Crime.
En marzo, informó El Tiempo que existían por lo menos ocho “oficinas de cobro” en la ciudad y que esos grupos criminales muchas veces buscan expandir su influencia cooptando a pandilleros jóvenes de las “comunas”. Los barrios pobres son el escenario de lo más crudo de la violencia, y es allí donde mayormente las autoridades han desplegado al ejército como estrategia de orden público.
Desde que los soldados y la policía militar comenzaron a patrullar, han bajado los homicidios, señaló Villamizar. Pero militarizar las labores de policía conlleva riesgos inherentes. Los ciudadanos muchas veces se sienten sitiados, y las fuerzas armadas pueden provocar mayor violencia. Villamizar puntualizó que los habitantes de las comunas no han denunciado ni violaciones contra los derechos humanos, ni muertes por parte de las fuerzas militares.
Villamizar también elogió un programa de reinserción de pandillas, que busca ayudar a jóvenes en alto riesgo. El programa ahora ha “intervenido directamente en 65 pandillas”, observó.
En una importante ruta de contrabando internacional de drogas, la ubicación de Cali también facilita el comercio ilegal de armas. Los dos departamentos que rodean la ciudad representan alrededor de 40 por ciento de los cultivos de coca del país. Cerca de allí está el puerto de Buenaventura, desde donde se exportan la mayoría de las drogas.
El tráfico de drogas lleva a la ciudad a varios actores criminales con acceso a armas que pueden terminar en el mercado negro.
En abril, una pandilla conocida como “Los Army II” fue sorprendida vendiendo armamento de alto poder de fuego de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las armas se ofrecen incluso en alquiler por horas, y las balas cuestan desde 8.000 pesos colombianos (casi US$9), según una fuente anónima que habló con El País.
Las peleas callejeras y otras disputas muchas veces terminan en tiroteos, según un observatorio social asociado a la alcaldía. En 2017, las armas de fuego representaron 80 por ciento de los homicidios en Cali.
Las vacaciones de navidad y los fines de semana largos por los días festivos, como el día de la Madre, muchas veces terminan en derramamiento de sangre.
Aparte de los esfuerzos por garantizar mayor seguridad, Cali también requiere “cambios culturales que lleguen más hondo”, puntualizó Villamizar.
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