A pocos días de su posesión, el 1 de diciembre, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha anunciado un par de iniciativas que parecen contradecir sus propuestas de campaña en materia de seguridad. Pero ¿qué hay detrás de este cambio de dirección?
El 14 de noviembre, López Obrador dio a conocer el Plan Nacional de Paz y Seguridad, que incluye la creación de una Guardia Nacional conformada por fuerzas de la policía y el ejército, que operarían bajo las órdenes de la Secretaría de Defensa Nacional.
La propuesta desglosa algunos de los retos que han enfrentado las fuerzas de seguridad, debido en gran medida a la falta de adiestramiento y recursos, y el importante rol que deberían tener para afrontar la crisis de seguridad en México.
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Semanas después de la publicación del Plan Nacional para la Paz y la Seguridad, López Obrador llamó nuevamente la atención en México cuando, durante una entrevista con El Universal, propuso una especie de inmunidad para funcionarios corruptos, a partir de su posesión el 1 de diciembre.
Aunque aún no presenta una propuesta concreta, anunció que todos los delitos pasados podían absolverse a cambio de un compromiso de abandonar las actividades corruptas.
Análisis de InSight Crime
La contradicción ideológica en las propuestas de Manuel López Obrador es llamativa.
Formalizar la participación del ejército en operativos internos es típico de la política de seguridad de mano dura. En contraste, un indulto total hacia una clase de actores criminales poderosos es una desviación de la mano dura tan drástica como pueda imaginarse.
Independientemente de sus méritos individuales, hay poca coincidencia lógica o filosófica entre ambos planes.
La propuesta de formalizar una función permanente de seguridad interna a una autoridad militar en México refleja una contradicción con el antiguo compromiso de López Obrador —reiterado una y otra vez durante su campaña presidencial— de abandonar la militarización imperante de los últimos doce años.
La medida fue duramente criticada por muchos. Human Rights Watch, por ejemplo, la calificó de “error colosal” y acusó a López Obrador de “redoblar” las políticas de sus predecesores Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Pero, ¿por qué ese drástico cambio del presidente electo de México?
Una posible respuesta es que López Obrador se está dando cuenta de que los problemas que México enfrenta son más difíciles de como los presentó durante los años de campaña.
Aun con amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso, es improbable que pueda transformar una cultura política donde la corrupción es endémica. De igual modo, por muy loables que sean sus cambios de filosofía, no hay una solución milagrosa para un México más seguro.
López Obrador también se basó en sus promesas de campaña al afirmar que ofrecería inmunidad a funcionarios de gobierno acusados de corrupción que no tuvieran cargos, pero de todos modos esto sigue siendo un cambio de dirección respecto a las promesas de campaña.
En teoría, su deseo de absolver a funcionarios corruptos podría afectar a varios de sus asesores más cercanos.
Manuel Bartlett, jefe entrante de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por mucho tiempo uno de los lugartenientes principales de López Obrador, está acusado de haber pasado las primeras décadas de su carrera como un célebre matón del autoritario Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Así mismo, los elegidos de López Obrador para altos cargos en fiscalías han visto señalados por denuncias de actividad deshonesta.
Durante el juicio que se le sigue a Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York se denunció que miembros de la alcaldía de López Obrador en 2000-2005 de la Ciudad de México habrían recibido sobornos de narcotraficantes.
Quizás una de las lecciones más importantes de estos pasos en falso de López Obrador en las últimas semanas tiene que ver no con sus posibles políticas, sino con el presidente electo mismo.
Por largo tiempo López Obrador ha mostrado un fuerte deseo de crear políticas según su capricho.
El repentino viraje hacia la militarización y la aparente propuesta no planeada de amnistía para funcionarios sospechados de corrupción son un reflejo de ese rasgo. Esa impredecibilidad podría ser un peligroso ingrediente para un gobierno que busca soluciones a uno de sus mayores problemas.
Fotografía: Ramón Espinosa/AP
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