Cambio en la seguridad de Honduras confirma realidad de facto del control militar

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El gobierno de Honduras nombró a Julián Pacheco, un general militar activo, como jefe del Ministerio de Seguridad de Honduras; otra señal de la dependencia del país en el personal militar para ocupar puestos en la seguridad nacional y en otras instituciones del Estado.

Pacheco, el actual jefe de la fuerza de tarea multiagencia conocida como FUSINA, comenzará a desempeñarse como ministro de Seguridad el 15 de enero del próximo año, informó La Prensa. El poderoso puesto supervisa la asediada fuerza policial de 14.000 miembros del país, así como administra la recolección de datos sobre el crimen y la violencia. Presumiblemente, Pacheco también seguirá ejerciendo el control sobre FUSINA.

Este es el primer nombramiento de un general en servicio activo para encabezar el ministerio desde su creación en 1998, según Reuters, que, para algunos analistas, es una señal preocupante.

“El presidente Juan [Orlando] Hernández no confía ni en los policías ni en los civiles”, dijo Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), según Proceso.

El anuncio se produce apenas unas semanas después de que el jefe de la policía nacional de Honduras, Ramón Sabillón, fuera destituido de su cargo como parte de una reestructuración en curso de las fuerzas de seguridad del país.

Análisis de InSight Crime

La decisión de designar a Pacheco como jefe de la policía confirma la realidad de facto en Honduras: que los militares están oficialmente a cargo de todo lo relacionado con la seguridad ciudadana.

Incluso antes de ser nombrado, Pacheco estuvo al frente de algunos de los puestos de seguridad más importantes. Dirigió la unidad de inteligencia militar, y FUSINA gestiona, entre otras cosas, la poderosa unidad antiextorsión. Esa unidad controla interceptaciones telefónicas, que también es por defecto controlada por la inteligencia militar.

Es peligroso centralizar el control de la información en un lugar como Honduras, un país donde no hay separación de poderes y el chantaje político es un deporte.

Más importante aún, Pacheco responde directamente al presidente Juan Orlando Hernández. Hernández es reserva del ejército, y asistió a la escuela militar. También cuenta con su hermano, Amilcar, un coronel activo en el ejército, entre su círculo más cercano.

El presidente ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para militarizar su gobierno desde que asumió el poder en enero. Además de ampliar el control de Pacheco sobre los servicios de seguridad civil, la recolección de inteligencia y la reforma a la seguridad ciudadana -incluyendo la depuración de las fuerzas policiales- ha designado a numerosos funcionarios militares en puestos civiles. Estos incluyen al jefe del sistema penitenciario, el jefe de aduanas, el director de aviación civil y los responsables de las agencias de vivienda y servicios sociales.

Recientemente Hernández también hizo un llamado para que la Policía Militar de Orden Público (PMOP) del país fuera consagrada en la Constitución, a medida que 1.000 nuevos miembros de la unidad se preparan para patrullar las zonas urbanas más peligrosos de Honduras.

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“El personal militar ahora controla las instituciones del Estado que, en los años noventa fueron tomadas de ellos”, dijo a InSight Crime Héctor Becerra, director ejecutivo de El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) en el periódico en línea ConexiHon.

Otros grupos de la sociedad civil en el país también han comparado al cada vez más militarizado gobierno de Honduras con la manera en que las instituciones estatales eran manejadas antes de que el presidente Carlos Reina (1994-1998) nombrara a civiles como en la dirección de los organismos que anteriormente eran administrados por personal militar.

El nombramiento también confirma otra realidad: que la policía hondureña nunca ha escapado del yugo militar. Las fuerzas armadas de Honduras -que manejaron al país en los años setenta y se mantuvieron en el poder durante los ochenta- cedieron el control de la policía a principios de los noventa. Pero antiguos militares han sido nombrados como ministros de Seguridad en el pasado, y los jefes de la policía actual han encontrado que es difícil quitarse de encima las manos de sus antiguos amos.

Por ejemplo, el exjefe de la policía Sabillón podría haber sido revocado de su cargo debido a su oposición a la creciente militarización de la fuerza policial en el país, según informes en los medios hondureños. El sociólogo hondureño Eugenio Sosa dijo a InSight Crime que considera que Sabillón fue castigado por no estar de acuerdo con la “subordinación y el debilitamiento” de la policía civil frente a la PMOP en la lucha contra el crimen organizado en el país.

La policía del país ha mantenido una mentalidad militar en términos generales, dando prioridad a las detenciones en masa por encima de la recopilación de inteligencia y el trabajo de investigación, rechazando programas de vigilancia comunitaria, incluso mientras el gobierno refuerza la policía militar. Los resultados son claros: Honduras resuelve sólo el uno por ciento de sus homicidios, según un informe reciente.

La militarización del gobierno de Honduras es similar al caso de Guatemala bajo el exgeneral y ahora presidente Otto Pérez Molina. Al igual que Hernández, Pérez Molina ha colocado numerosos funcionarios militares activos y retirados en puestos civiles. El ejemplo más destacado es el de Juan de Dios Rodríguez, un exfuncionario de inteligencia que ahora dirige el Instituto de Seguridad Social de Guatemala.

A pesar de la militarización de los servicios de seguridad civil, Pacheco podría ser la única persona que puede hacer el trabajo, especialmente teniendo en cuenta el delicado estado actual de la policía.

“La corrupción policial, la falta de depuración y la confianza que la población tiene en las Fuerzas Armadas son circunstancias que justifican la decisión”, dijo Castellanos a InSight Crime en correspondencia por correo electrónico.

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