El candidato a la presidencia de Uruguay preferido por quienes abogan por una reforma de la política de drogas del país, el expresidente Tabaré Vázquez, ha presentado su interpretación rehabilitadora de cómo funcionaría la regulación de la marihuana en el caso de que él ganara las próximas elecciones, irritando a algunos activistas del cannabis y socavando la fe de los usuarios en el sistema de registro del Estado.
En entrevista con Radio Rural, Vázquez propuso utilizar el registro de compradores y cultivadores de marihuana creado por la ley como una forma para someter a los inscritos a tratamiento médico. Sus declaraciones fueron ampliamente difundidas por los medios locales y por la agencia de noticias Reuters.
Como informó el diario El Observador, el expresidente se refirió a la ley de la marihuana desde una perspectiva rehabilitadora. Vázquez dijo a los periodistas:
“[La ley] No facilita el acceso a la droga. El muchacho que está en la droga la va a comprar en el mercado negro de cualquier manera. Ahora, regularizado el consumo de marihuana, la va a tener que comprar bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, va a haber un registro de consumidores de drogas y ese registro de consumidores de drogas, a través del expendio de las mismas por las farmacias, va a permitir tener un mayor conocimiento de quienes están en el tema de las drogas y va a tener el Estado la posibilidad de intentar en una etapa más temprana lograr la rehabilitación de esta persona […] Además les va a garantizar un consumo de una droga más pura que la que puede conseguir en el mercado negro”.
El Observador también señala que las declaraciones de Vázquez mantienen similitudes con las afirmaciones hechas por el subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, el año pasado, cuando afirmó que el registro sería utilizado para “generar medidas específicas con esos usuarios para eventualmente estimular que abandonen el consumo”.
El enfoque de Vázquez es comprensible teniendo en cuenta sus antecedentes médicos y las disposiciones de la ley con respecto a una mejora de la educación sobre el uso de drogas. Hasta ahora, el gobierno parece haber dado prioridad a la parte más regulatoria y comercial de la ley en lugar de prevenir el consumo de la droga. A principios de este año, la Junta Nacional de Drogas (JND) puso en marcha una campaña de sensibilización con el fin de aumentar la percepción de los riesgos asociados con el consumo de drogas, con el lema "Todas las drogas tienen riesgos". Pero el alcance de la campaña ha sido mínimo debido a que principalmente está basada en la distribución de folletos y en el uso de publicidad -como pancartas- en algunos autobuses.
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Aunque aumentar la percepción del riesgo asociado con la marihuana tiene sentido, la lógica dicta que la implementación de cualquier campaña que resulte mal orientada -o de mano dura- podría ser arriesgada durante esta etapa y disuadir a los usuarios de que se registren con el Estado. El año pasado, durante el debate de la ley, la propia existencia del registro causó controversia, con varios expertos refiriendose a él como intrusivo, y más de un legislador de la oposición afirmando que constituiría una violación a las libertades individuales.
Para tranquilizar a estos críticos, el proyecto de ley fue enmendado para que los registros que incluyen información sobre los compradores potenciales, cultivadores caseros y miembros de los clubes de cannabis sean considerados como "datos sensibles", lo que en Uruguay significa que no pueden ser revelados "sin el consentimiento expreso de la persona". Es por esto que lo señalado por Vázquez con respecto al uso del registro para "rehabilitar" a los usuarios parece contradecir el espíritu de la disposición.
Y dejando a un lado el hecho de que el registro no establece un método para detectar el consumo problemático en los cultivadores caseros o en los miembros de clubes, las declaraciones de Vázquez parecen ignorar el hecho de que las directrices reguladoras que fueron publicadas en mayo ya restringen en cierto sentido la tasa de consumo de marihuana. Si bien la ley decreta que los usuarios que deseen comprar la droga en las farmacias pueden adquirir hasta 40 gramos al mes, las regulaciones han establecido un máximo de 10 gramos por semana.
Julio Rey, presidente de la Federación de Cannabicultores de Uruguay (FCU), se siente desconcertado con los comentarios de Vázquez. En una entrevista con este autor a principios de la semana, Rey me dijo que el candidato había mostrado "una gran falta de comprensión" tanto de la ley como de su aplicación, y también señaló que esperaba que Vázquez no se "preocupara" por aquellos interesados en inscribirse en el registro. Según la cabeza de la FCU, el candidato también contradice algunas de las políticas de la actual administración. "El Estado ha establecido 40 gramos como límite para la adquisición de marihuana, y considera que cualquier cantidad superior a los 1,5 gramos por día significaía un ‘uso problemático’ […] ¿Dónde dice que alguien que legalmente consume 40 gramos al mes debe ser rehabilitado?”.
Este artículo fue escrito originalmente para un listado de correos electrónicos de Open Society Foundations que hace seguimiento a la reforma de la marihuana en Uruguay.
Geoffrey Ramsey se desempeña como investigador de medio tiempo en el programa sobre Latinoamérica de Open Society Foundations y como escritor independiente. Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor.
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