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La captura de miembros de alto rango de la Policía de Honduras acusados de vínculos con una red criminal muestra algunos de los retos más importantes que el gobierno deberá superar si quiere concluir exitosamente la depuración policial.

El 9 de octubre el Ministerio Público (MP) de Honduras anunció la captura del comisionado de la Policía Nacional de Honduras Lorgio Oquelí Mejía Tinoco y de más de quince oficiales (activos y depurados). Se los acusa de participar en una red de tráfico de ganado cuando el comisionado se desempeñaba como director de la Policía en el departamento de Choluteca, en la frontera con Nicaragua.

Al menos tres de los policías señalados supuestamente ya habían sido depurados de la institución, como parte de un proceso que comenzó en 2016 y por el cual más de 5.000 policías han sido separados de la institución y otros 2.000 están siendo investigados.

El MP acusa a Mejía de lavado de activos, cohecho y asociación ilícita y de haber constituido una “estructura criminal” que cobraba sobornos en efectivo para permitir a los transportistas mover el ganado sin ser detenidos en los puestos de control policial. Parte del ganado era ingresado ilegalmente desde el vecino país, según supo InSight Crime.

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Investigaciones posteriores reportadas por El Heraldo señalan que el comisionado también podría haber estado vinculado con el aterrizaje de una avioneta cargada con droga en la zona cuando era director de la policía en el departamento.

Durante las operaciones fueron incautados más de 31 bienes, incluyendo siete residencias, seis vehículos y más de 20 cuentas bancarias. Las autoridades todavía no han ampliado la información sobre una masiva cantidad de medicamentos e insumos médicos que fueron encontrados en una de las tres propiedades allanadas.

El comisionado ahora deberá justificar un patrimonio de casi 17 millones de lempiras (más de US$700.000), que no corresponden al salario mensual apenas superior a los US$2.000 que recibió durante los últimos años.

Mejía Tinoco fue ratificado como subcomisionado por la Comisión Depuradora de la Policía en mayo de 2016. En 2018, fue ascendido a comisionado, el cargo más alto que se puede alcanzar en la institución.

Análisis de InSight Crime

Aunque el proceso de depuración de la policía ha conseguido algunos éxitos desde su lanzamiento a mediados de 2016, el proceso no ha estado exento de escándalos y críticas.

La situación de Mejía Tinoco pone en relieve algunas falencias en el proceso y despierta dudas sobre la participación actual de otros mandos de la policía en actividades criminales. Es un recordatorio de que la reforma policial en Honduras todavía es una tarea inconclusa, que necesitará de significativos esfuerzos de transparencia, articulación institucional y voluntad política para ser culminada con éxito.

A pesar de que la ley requiere que los funcionarios públicos en Honduras declaren anualmente su patrimonio frente al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Mejía Tinoco logró pasar inadvertido frente a las autoridades durante años.

Además, esta no sería la primera vez que las autoridades identifican como activos a policías que supuestamente ya habían sido depurados. En julio de este año, la comisión interventora denunció el caso de un inspector quien siguió recibiendo su sueldo de 21.000 lempiras (casi US$900) a pesar de supuestamente haber sido apartado de la institución tras ser vinculado a un caso de narcotráfico.

En este y otros casos, algunos funcionarios han conseguido obstaculizar los procesos administrativos de depuración argumentando que están amparados bajo la antigua Ley Orgánica de la Policía.

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A estas dificultades en la implementación se suman otras más estructurales como los obvios conflictos de interés de que la Policía se investigue a sí misma, las limitadas capacidades del MP –que coinciden con el desgaste político y administrativo que implicó la reelección del fiscal general– y del sistema judicial del país para investigar y procesar los casos de manera independiente, algo que en parte ha sido evidenciado en la poca cantidad de condenas en algunos de los casos más emblemáticos.

A pesar de eso, recientemente Honduras ha fortalecido sus leyes contra el lavado de activos y existen precedentes recientes de condenas de hasta 15 años contra exfuncionarios de la policía de menor rango que Mejía Tinoco, por un caso de enriquecimiento ilícito que implicaba apenas una fracción del dinero que el del comisionado.

Las penas de hasta veinte años que contempla esta nueva legislación podría ser una de las razones por las que tantos policías depurados están prefiriendo ser juzgados en Estados Unidos, donde han recibido penas mucho menores. Este fue el caso reciente de un policía condenado a apenas cinco años de prisión por traficar cocaína hacia Estados Unidos.

Por su parte, Carlos Valladares, excomandante regional de la extinta Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) de San Pedro Sula fue condenado recientemente a 14 años de cárcel en Estados Unidos por sus vínculos con el grupo narcotraficante Los Cachiros tras ser señalado por la fiscalía de Estados Unidos de haberse desempeñado como sicario del grupo criminal.

Foto: Esteban Felix/AP

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