Los ataques contra las fuerzas de seguridad mexicanas en la última semana, por parte de hombres armados en todo el estado de Michoacán, sobre la costa del Pacífico, han matado a decenas de personas y burlado los esfuerzos del gobierno federal para forjar la paz en la conflictiva región.
Hombres armados emboscaron a las fuerzas de seguridad en varios lugares, matando a un alto oficial de la armada y al menos a ocho agentes de la policía federal, e hiriendo a una veintena más. Han masacrado a miembros de la policía comunitaria local, ejecutado a residentes de las aldeas rurales y bloqueado las principales carreteras. Nuevas milicias, que se hacen llamar policía comunitaria o de fuerzas de autodefensa, se han creado para defender a un creciente número de ciudades y pueblos de los grupos armados.
El 24 de julio, las autoridades mexicanas ordenaron a policías federales y soldados a desplegarse una vez más en las zonas de conflicto, cerca de la costa. Al día siguiente, en calidad de gobernador de Michoacán, Jesús Reyna colocó la policía estatal en estado de alerta a la espera de nuevos ataques.
Otros funcionarios federales de seguridad describen el repunte de la violencia como una señal de desesperación de los grupos criminales, de cara al despliegue militar y la proliferación de las milicias de autodefensa. Informes de los medios mexicanos, por su parte, han expresado la violencia como parte de una batalla en curso entre los Caballeros Templarios de Michoacán y los rivales del vecino estado de Jalisco y otros lugares.
Luego de los ataques, Peña Nieto prometió una vez más que el gobierno federal traería la paz al estado, donde el estallido de violencia hace siete años desató la ofensiva militar dirigida contra los grupos criminales de México, que continúa sin cesar.
“Michoacán tiene y tendrá todo el respaldo del gobierno de la República para asegurar el Estado de Derecho en cada una de las regiones”, dijo Peña Nieto a los periodistas en el avión presidencial al regresar de una ceremonia de graduación en la academia naval de México. “(…) la nuestra es una presencia evidentemente para contener la presencia de los grupos del crimen organizado, para restablecer el control territorial en Michoacán”.
No obstante, el aumento de la violencia ha deteriorado rápidamente los elogios al presidente Enrique Peña Nieto por el arresto del líder de los Zetas el 15 de julio, Miguel Ángel Treviño, alias “Z40”, quien fue capturado por las fuerzas especiales de la Armada, no muy lejos de la frontera sur de Texas.
Análisis de InSight Crime
La reciente violencia ha sido la peor desde mediados de mayo, cuando los enfrentamientos entre los grupos de autodefensa y hombres armados en tres ciudades obligaron a Peña Nieto a enviar hasta 7.000 soldados y policías federales a la llamada “Tierra Caliente” del estado, las tierras bajas costeras, para restablecer el orden.
Las cosas realmente se calmaron rápidamente en mayo, incitando al ministro del interior Miguel Osorio Chong, a declarar al estado como pacificado. Pero Osorio habló demasiado pronto.
Los grupos armados en Michoacán ahora parecen estar empleando tácticas de guerra de guerrillas, disolviéndose entre las poblaciones locales o en bases remotas cuando se enfrentan a las abrumadoras fuerzas federales, y atacando cuando surge la oportunidad.
Los Caballeros Templarios, casi con seguridad, se encuentran detrás de las emboscadas y otros ataques. Pero por lo menos tres organizaciones criminales operan en Michoacán, donde se producen grandes cantidades de marihuana y metanfetaminas, y es un punto de tránsito importante para la cocaína suramericana.
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Además de los Templarios y la organización que los vio nacer, la Familia Michoacana, la Organización de los Beltrán Leyva y el Cartel de Jalisco – Nueva Generación (CJNG) también tienen tentáculos en Michoacán. Los Zetas, que fueron desalojados del estado por La Familia en el año 2006, parecen estar queriendo volver otra vez según se informa.
Los ataques contra la policía han sucedido en las carreteras costeras cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, a través del cual se importan precursores químicos de metanfetamina, los cuales son aparentemente controlados por los Caballeros Templarios. Pero la masacre de milicianos el pasado fin de semana tuvo lugar en las escaleras del ayuntamiento (alcaldía) de Los Reyes, un municipio de la sierra cerca de la frontera con Jalisco.
Los analistas señalan que gran parte de la violencia se ha centrado en la frontera con Jalisco, donde el CJNG, con sede en Guadalajara, se ha aliado con grupos leales al encarcelado subjefe de La Familia: José de Jesús Méndez.
Apodado “El Chango” (el mono), Méndez fue detenido hace dos años luego de la muerte a manos de la policía federal del fundador y capo de La Familia: Nazario “El Más Loco” Moreno.
En la grabación del interrogatorio, luego del arresto, conducido por la policía federal, Méndez dijo que había sido traicionado por otros lugartenientes de Moreno en La Familia, de donde habían surgido los Caballeros Templarios unos meses antes. Otro subalterno de Moreno, y exprofesor de la escuela, Servando “La Tuta” Gómez, es considerado el jefe de los Caballeros Templarios.
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Aunque ambos grupos profesan que actúan en interés de los ciudadanos de Michoacán, tanto los Templarios como La Familia obtienen dinero mediante la extorsión, el secuestro y el cobro de “peajes de tránsito” a otras pandillas. La Familia en gran medida se ha desplazado de Michoacán, pero es fuerte en los estados vecinos de Guerrero y México, en particular en los suburbios de clase trabajadora que rodean Ciudad de México.
Las autoridades locales y los Templarios han acusado a las milicias de autodefensa de la región de estar en la nómina del CJNG, pero en entrevista a finales de mayo, líderes de esos grupos de autodefensa le dijeron a InSight Crime que no tenían vínculos con los pandilleros de Jalisco o cualquier otro grupo criminal. Las fuerzas de policía comunitaria, muchas de los cuales llevan armas de asalto, por el contrario han sido armadas por empresarios locales que están hartos de pagar cuotas de extorsión a los Caballeros Templarios, dijo Rafael García, alcalde de Coalcomán, centro maderero y minero y una de las ciudades controladas por las autodefensas. “Se le puede llamar el cartel del pueblo”, dijo García refiriéndose a la fuerza de autodefensa de la ciudad.
Oficiales retratan la violencia actual como un problema criminal, pero los Templarios y La Familia, los cuales resaltan fuertemente sus raíces en Michoacán y predican una filosofía social cuasireligiosa, también se han convertido en una amenaza política para el gobierno. La gente del estado tiene una vena independentista que en el pasado ha dado lugar a movimientos sociales hostiles a quienquiera que tuviera el control del gobierno central.
Las autodefensas comunitarias, pese a que han elogiado la presencia del ejército en el estado, podrían complicar aún más las cosas. En medio de tal caos y la agitación social, ¿qué tan lejos se está del salto entre la inseguridad endémica y la insurrección?.
Esta no es la primera vez que Michoacán se ha encontrado en el centro de la violencia del narcotráfico y el debate sobre la política de seguridad. El predecesor de Peña Nieto, Felipe Calderón, dio inicio a la campaña contra los capos mexicanos mediante el envío de las tropas a Michoacán poco después de asumir el cargo en diciembre de 2006. Al igual que los funcionarios de hoy, Calderón y sus asesores también celebraron rápidas victorias sólo para que los acontecimientos los contradijeran rápidamente.
“Las cosas se calmaron por un tiempo y luego los delincuentes comenzaron a reclamar territorio poco a poco”, dijo a InSight Crime un analista de seguridad en la capital de Michoacán, Morelia, hablando de aquellos primeros días en comienzo de la violencia que ha matado a más de 70.000 en todo México.
En sus comentarios a la prensa el jueves, Peña Nieto reiteró un llamado a que la estrategia de seguridad de su gobierno requiere de un año para producir resultados.
El reloj está corriendo. Al igual que Michoacán.