Un juez ha ordenado que el exfiscal general de El Salvador permanezca tras las rejas, a pesar de que está bajo fianza como parte de otra investigación por colusión con un acaudalado hombre de negocios —mal comienzo para un caso que con seguridad pone a prueba la capacidad de las autoridades para enjuiciar la corrupción entre las élites—.
El exfiscal general Luis Antonio Martínez permanecerá en prisión durante seis meses, dado que la Fiscalía General de la República presentó pruebas de que él difundió ilegalmente las conversaciones telefónicas de un sacerdote que habían sido intervenidas, informó La Prensa Gráfica.
Los cargos surgen a partir de una investigación en torno a Antonio Rodríguez, mejor conocido como el padre Toño, quien en septiembre de 2014 se declaró culpable de introducir artículos prohibidos a las prisiones y de tráfico de influencias. La fiscalía asegura que Martínez, quien era procurador general en ese momento, grabó las conversaciones privadas del padre Toño y se las dio a conocer a los líderes de la Iglesia Católica de El Salvador. De acuerdo con El Mundo, la legislación salvadoreña establece que divulgar ilegalmente la información obtenida de conversaciones telefónicas intervenidas conlleva una pena de prisión de entre cuatro y ocho años.
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Martínez fue arrestado inicialmente el 22 de agosto por obstrucción a la justicia en casos relacionados con el prominente empresario Enrique Rais, quien también fue detenido, junto con otros nueve sospechosos. Pero el 28 de agosto, una jueza del Tribunal Séptimo de paz ordenó poner a Rais y a los otros sospechosos bajo arresto domiciliario. Ellos salieron de prisión al día siguiente, después de pagar una fianza, pero las autoridades mantuvieron a Martínez en la cárcel debido a los cargos pendientes relacionados con el caso del padre Toño.
El 29 de agosto, la Fiscalía General de la República anunció que apelaría la decisión del tribunal de poner a los sospechosos bajo arresto domiciliario. La fiscalía dijo además que estaba considerando la posibilidad de investigar a la jueza que tomó la decisión.
Análisis de InSight Crime
Las investigaciones en torno a Rais y Martínez han tenido un mal comienzo. La orden de la jueza de conceder arresto domiciliario a Martínez y Rais pudo haber sido el producto de un juego sucio, como lo sospecha la Procuraduría General de la República, pero también es posible que los fiscales no hayan logrado elaborar un caso lo suficientemente sólido. De cualquier manera, la polémica decisión es un ejemplo de los desafíos que seguramente le esperan a la Fiscalía General, la cual tiene poca experiencia en el juzgamiento de este tipo de casos de corrupción en los altos niveles.
Dado que se trata del exfiscal general de la nación y de un empresario con conexiones en las altas esferas de la política, la investigación en torno a Martínez y Rais pone a prueba el sistema de justicia salvadoreño. Los arrestos de la semana pasada fueron probablemente un intento de reducir la influencia de Martínez y Rais en los procesos judiciales, dado que la Procuraduría General de la República se encuentra entablando un caso más fuerte contra ellos. La liberación de Rais pudo haber frustrado esa estrategia, aunque los fiscales lograron que Martínez continuara preso. Como resultado, Rais podría tener mayores ventajas que el exfiscal general a medida que el caso avance en los tribunales.
La investigación, sin embargo, continúa adelante. El fiscal general Douglas Meléndez, quien sustituyó a Martínez, ha mostrado señales de que está más dispuesto que su predecesor a arremeter contra la corrupción. A mediados de agosto, la Fiscalía General allanó las propiedades de un socio de confianza del expresidente Mauricio Funes, en busca de pruebas que lo podrían vincular a actos de corrupción.
Pero Meléndez reconoce que los juicios contra las élites podrán enfrentar la resistencia de personas influyentes a quienes les interesa que la impunidad siga imperando. En una carta de marzo de 2016 a un congresista de Estados Unidos, el fiscal general expresó su preocupación por “la intención de grupos externos a la institución de intervenir en casos de corrupción y probidad, en las investigaciones en curso o en futuras investigaciones”.
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Además, a diferencia de Guatemala y Honduras, en El Salvador no existe ninguna comisión internacional contra la impunidad que ayude a investigar casos como el de la corrupción en las clases políticas. Un 97 por ciento de los salvadoreños están a favor de la creación de una institución de este tipo, lo cual es una clara señal de que la población tiene poca confianza en la capacidad o la voluntad del gobierno para llevar a juicio a las élites corruptas.
La Procuraduría General de la República podría empezar a cambiar esa percepción si realiza una investigación sólida contra Rais y Martínez, que dé como resultado sus condenas. Pero si los hechos de las últimas semanas se toman como indicio, parece que cumplir esa tarea no va a ser nada fácil.
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