Caso de corrupción opaca victoria diplomática por condena de capo de México en EEUU

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Uno de los antiguos líderes del Cartel mexicano Organización Beltrán Leyva fue condenado a cadena perpetua en una corte de Estados Unidos, pero esta victoria diplomática fue rápidamente eclipsada por acusaciones según las cuales un comandante de la policía de México había buscado durante años entorpecer las investigaciones de Estados Unidos en torno a los líderes del cartel.

El pasado 5 de abril, un juez federal de Washington condenó a cadena perpetua a Alfredo Beltrán Leyva, exdirigente del grupo mexicano Organización Beltrán Leyva (OBL). Según el Washington Post, el juez Richard J. León ordenó además que se le decomisaran US$529 millones, una fracción de la fortuna de US$10 mil millones que según los fiscales acumuló la OBL entre 2000 y 2012 por el tráfico de toneladas de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

Según Los Angeles Times, un funcionario de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) se refirió a Beltrán Leyva como el “Goliat” del narcotráfico mexicano. El juez León dijo que el hombre condenado era “el líder de uno de los carteles de la droga más grandes del mundo”.

Beltrán Leyva fue extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2014, después de una larga batalla legal que lidiaron sus abogados para que permaneciera en México. Según el Washington Post, Beltrán Leyva se declaró culpable en febrero de 2016, sin haber llegado a ningún acuerdo para reducir su condena a cambio de información sobre otros narcotraficantes.

Por otro lado, en Chicago, las autoridades reabrieron una denuncia criminal contra el excomandante de la policía mexicana, Iván Reyes Arzate, por supuestamente filtrar información a los líderes del cartel que estaban siendo investigados por la DEA. Un comunicado de la Fiscalía de Estados Unidos en el Distrito Norte de Illinois dice que Reyes era “el principal punto de contacto de la información que compartían las autoridades estadounidenses y la Policía Federal de México”.

La denuncia, que incluye las declaraciones de un testigo cooperante que ha sido identificado como agente retirado de la policía y miembro de la OBL, dice que el comandante de la policía “usaba sus poderes en la institución policial para proteger los intereses de la OBL, y con regularidad recibía pagos que ascendían a varios millones de dólares”.

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La fuente dijo que Reyes se reunió con Arturo Beltrán Leyva en una ocasión, con el fin de darle información sobre la identidad de un informante que cooperaba en la investigación contra la OBL, así como otra información sensible. Más adelante, dicho informante fue secuestrado y asesinado como resultado de esa reunión.

Análisis de InSight Crime

La condena de Beltrán Leyva debería haber sido un paso importante en las relaciones entre México y Estados Unidos, que se encuentran atravesando por un tenso clima político. Un portavoz del Departamento de Justicia dijo que una parte de los activos incautados a Beltrán Leyva se asignarían a “nuestros colegas de los organismos de seguridad mexicanos, cuyos esfuerzos fueron invaluables para la extradición del señor Leyva y para su posterior enjuiciamiento por nuestra parte”.

Pero la condena de Beltrán Leyva se ha visto eclipsada por la reapertura de la denuncia contra Reyes, que pone de relieve cómo la corrupción y otros asuntos similares continúan empañando la cooperación entre México y Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos retiró US$5 millones de los fondos de la lucha contra el narcotráfico en el año 2015, aludiendo a falencias del gobierno mexicano para cumplir con la normatividad en materia de derechos humanos. Y la fuga del capo del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, de una prisión de máxima seguridad en julio de 2015, indignó a los funcionarios estadounidenses, quienes en repetidas ocasiones habían pedido su extradición a Estados Unidos. (El Chapo fue capturado de nuevo en enero de 2016 y extraditado a Estados Unidos a principios de este año).

Las relaciones bilaterales han sido tensas desde el mes de enero, tras la posesión de presidente Donald Trump, quien ha insinuado que los inmigrantes mexicanos son “violadores” y ha dicho en reiteradas ocasiones que obligará a México a pagar por la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre los dos países. Un viaje de los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos a México a finales de febrero no logró aliviar las preocupaciones sobre el futuro de la relación bilateral en materia seguridad.

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Si bien la cadena perpetua pone fin a la larga carrera criminal de Leyva, la sangrienta guerra de carteles que se desató tras su captura hace casi una década está lejos de acabarse.

Los hermanos Beltrán Leyva fueron socios del Cartel de Sinaloa durante mucho tiempo, y su alianza se fortaleció cuando Alfredo se casó con la prima de El Chapo. Pero eventualmente surgieron grietas en dicha alianza, que se hicieron irreparables cuando Alfredo fue arrestado en enero de 2008. Los hermanos Beltrán Leyva creyeron que El Chapo había entregado a Alfredo a cambio de la liberación de uno de sus hijos, y poco después le declararon la guerra.

Los combates diezmaron a la OBL, cuyos líderes fueron capturados o asesinados. Sin embargo, el grupo, al percibir una posibilidad tras el arresto y la extradición de El Chapo en el mes de enero, parece haber reiniciado su guerra contra el Cartel de Sinaloa. Alfredo Beltrán Guzmán, quien es hijo de Alfredo y además sobrino de Guzmán, al parecer ordenó un ataque a la ciudad natal de El Chapo el pasado mes de junio, cuando hombres armados allanaron la casa de la madre del capo y asesinaron a cinco personas. Algunos periodistas mexicanos afirman que desde entonces Beltrán Guzmán ha formado una alianza con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para debilitar a su mutuo enemigo.

Estas confrontaciones entre las fragmentadas organizaciones del narcotráfico coinciden con un aumento de la violencia en gran parte de México. Los homicidios aumentaron en más del 20 por ciento el año pasado, y actualmente están llegando a los niveles que se presentaron durante los momentos más álgidos de la guerra de México contra las drogas a principios de esta década.

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