Un tribunal internacional de derechos humanos atenderá su primer caso de desaparición forzosa en relación con la llamada "guerra contra las drogas", en México, lo que ejerce presión en un país que sigue llamando a su ejército a combatir el delito pese al mal historial en derechos humanos asociado a dicha estrategia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) ha transferido un caso de desaparición forzosa a manos de las fuerzas armadas mexicanas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras determinar que el gobierno mexicano no hizo lo suficiente para cumplir las recomendaciones de la comisión en relación con el crimen.
Agentes del ejército se llevaron a la fuerza y sin orden de captura a los primos Rocío Irene Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera el 29 de diciembre de 2009, en una zona rural del municipio de Buenaventura, estado de Chihuahua, según la CIDH. Los familiares comenzaron de inmediato la búsqueda de los sujetos, aunque en un inicio los agentes del ejército negaron la evidencia de que agentes locales hubieran participado en su arresto (pdf). Los tres primos continúan desaparecidos al día de hoy.
Este episodio es el primer caso de desaparición forzada que examinará la corte "en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en México", y que ilustra la manera como se encubre y obstruye la investigación y el juzgamiento de dichos casos, afirma el comunicado.
En repetidas ocasiones, la CIDH ha criticado la falta de progreso del gobierno mexicano en su investigación de los hechos, alegando que "no se están siguiendo las investigaciones relacionadas con el personal castrense" (pdf). Antes de aprobar el paso del caso a la corte, la CIDH había recomendado a las autoridades mexicanas investigar la ubicación de los sujetos, procesar a los responsables y tomar medidas para abordar la delincuencia y la impunidad asociada.
Los familiares han denunciado hostigamientos y amenazas por parte de los agentes militares, y por lo menos 11 se vieron forzados a huir a Estados Unidos.
El coronel Élfego José Luján Ruiz es sospechoso de ordenar la desaparición de los primos Alvarado, y hace poco fue sentenciado por el sistema judicial de México a 33 años de cárcel por la muerte de otros dos civiles en Chihuahua en 2009.
Análisis de InSight Crime
La decisión de la CIDH sobre el caso de Chihuahua se da en un momento en que México está sometido a un fuerte escrutinio internacional en relación con sus antecedentes de derechos humanos, y podría presionar al país a ocuparse de las violaciones asociadas con su llamada "guerra contra las drogas".
Según Jesús Pérez Caballero, investigador independiente sobre delincuencia organizada en Latinoamérica, esta será la primera investigación de la Corte IDH sobre las desapariciones que ocurrieron después de que el expresidente Felipe Calderón enviara al ejército a las calles para combatir el crimen organizado en 2006. Dicha estrategia, que ha mantenido el actual presidente Enrique Peña Nieto, se ha asociado con innumerables abusos a los derechos humanos contra la población civil, incluido un aumento de las desapariciones.
La corte internacional lleva años insistiendo en que México reforme el alcance de la jurisdicción militar, comentó Pérez Caballero a InSight Crime. Y en los últimos meses se ha intensificado el debate sobre la posibilidad de llevar a juicio la guerra contra las drogas en México en la esfera internacional, dijo.
Pero pese al trasfondo internacional, y la memoria reciente de múltiples y escandalosas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en los últimos años, México parece dirigirse a la consolidación e incluso a la expansión del rol del ejército en la seguridad pública.
El partido de gobierno en México ha propuesto una nueva ley de seguridad interna que aparentemente daría la autorización sin precedentes a los militares de investigar y actuar contra amenazas a la seguridad pública, en ausencia de una ley que regule el rol de las fuerzas armadas en esta área. Pero existen temores de que el proyecto de ley amplíe de manera peligrosa los poderes militares en un rol que por tradición se ha reservado a los cuerpos de policía.
La evolución del caso de Chihuahua de 2009 puede alentar al gobierno mexicano a repensar la militarización planeada en el marco de la guerra antidrogas, y ya se han dado algunos pasos positivos en este campo. Según el especialista en sistemas de justicia y reforma judicial José Antonio Caballero, el órgano investigador de la CIDH, conocido como Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha brindado asistencia "fundamental" en torno a la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero en 2014. Esto se debe a que el grupo ha ayudado a las autoridades mexicanas a reconocer ciertas deficiencias en la manera como realizan las investigaciones sobre abusos a los derechos humanos, como lo explicó Antonio Caballero a InSight Crime.
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Sin embargo, México aún parece lejos de erradicar los abusos y la impunidad asociados con su política de seguridad, sin hablar de la influencia política de los militares.
"En mi opinión las fuerzas armadas son un estado dentro de un estado", dijo Pérez Caballero a InSight Crime. Según el investigador, la dependencia del ejército que tiene el gobierno nacional en su estrategia armada dura frente a la delincuencia llevó al estado a hacerse de la vista gorda frente a los abusos oficiales.
Otro obstáculo importante en el procesamiento judicial de los agentes militares es cierta dependencia del sistema penal militar para el juzgamiento de los abusos contra los derechos. Sin embargo, Antonio Caballero cree que el mecanismo de justicia militar ya está en decadencia, e indica que es posible que los jueces civiles pronto tengan más casos de violaciones de derechos humanos del ejército.
Por el momento, será difícil recortar las facultades militares hasta que una fuerza policial viable pueda tomar su lugar; un prospecto que aún parece distante. La popularidad del ejército entre la población refleja esto. Pese a la caída de la aprobación en comparación con la era anterior de Calderón, el pueblo mexicano sigue considerando que el ejército es la fuerza de seguridad más idónea para combatir el crimen organizado, según una encuesta reciente.
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