Una investigación en torno al presidente electo de Haití, Jovenel Moïse, por blanqueo de capitales, ha comenzado cuando faltan sólo unas semanas para su posesión, lo cual podría desestabilizar al país una vez más.
El 20 de enero, el juez Brédy Fabien comenzó la investigación como resultado de las denuncias de lavado de dinero contra el presidente electo, y llamó a los más altos ejecutivos del banco estatal Banque Nationale de Crédit (BNC) para que dieran su declaración acerca de una de las cuentas bancarias de Moïse, informó Le Nouvelliste.
Esta acción por parte del juez es el primer paso que las autoridades dan públicamente con respecto a las denuncias por lavado de dinero, desde que se inició la investigación judicial en septiembre de 2016.
La cuenta del banco BNC es de particular importancia dentro de un informe administrativo de la Unidad Central de Inteligencia Financiera (Unité Centrale de Renseignements Financiers – UCREF), una institución semiautónoma del gobierno que recibe advertencias de parte de las instituciones financieras sobre posibles casos de blanqueo de dinero.
La UCREF comenzó su investigación administrativa en 2013, que finalmente dio lugar a la investigación judicial del año pasado. Sin embargo, el informe —que ha estado circulando en línea durante meses— parece más bien un análisis de inteligencia que parte de una investigación judicial formal; además, durante una conferencia de prensa el 18 de enero, el director de la UCREF, Sonel Jean-François, hizo hincapié en que éstos eran sólo resultados parciales.
Sin embargo, el informe contiene algunos detalles bastante polémicos. Documenta varias transacciones de grandes cantidades de dinero que son consideradas sospechosas y que no han podido ser justificadas como lo requiere la ley haitiana. Ello incluye lo que, según el documento, son más de US$5,5 millones depositados en la mencionada cuenta de Moïse en el BNC.
"Los depósitos observados en esta cuenta se hicieron en efectivo y son bastante grandes", dice el informe. "Observamos varios depósitos diarios de cantidades significativas, que superan los límites que requerirían una declaración sobre el origen de los fondos. No podemos justificar el origen de estos depósitos, dado que todavía no poseemos documentos de soporte".
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En total, se están investigando 14 cuentas bancarias que Moïse y su esposa tuvieron entre 2007 y 2013. Se documentaron otras transacciones y bienes significativos, como 45 vehículos de propiedad del presidente electo.
"Con base en dicha información, es posible que el Sr. Jovenel Moïse maneje fondos que nada tienen que ver con sus empresas", concluye la UCREF, sugiriendo que el presidente electo estaba lavando dinero.
Los intentos de InSight Crime de contactar al presidente electo o a sus representantes para obtener algún comentario al respecto fueron infructuosos; sin embargo, en anteriores declaraciones a la prensa, el presidente electo Moïse ha negado enérgicamente las acusaciones y ha señalado que este informe se debió haber mantenido como un documento confidencial, pero se filtró al público el 23 de agosto de 2016, el día en que se lanzó su campaña.
Durante una entrevista con Radio France Internationale, el presidente electo dijo que había "contratado abogados que estaban encargados de limpiar su reputación" y se refirió al informe como una "persecución política".
Moïse, un empresario sin experiencia en política o administración, aparte de su postulación al cargo de director de la Cámara de Comercio e Industria del Noroeste (Chambre de Commerce et de l’Industrie du Nord-Ouest), afirma que los depósitos en la cuenta del BNC en los que se enfocan las denuncias se hicieron en gourdes haitianos y no en dólares, como lo afirma la UCREF.
Entre 2007 y 2013, un dólar valía de 35 a 40 gourdes haitianos. Si se hubieran hecho en moneda haitiana, los depósitos en efectivo habrían sido de unos US$150.000 y habrían podido estar por debajo del límite legal que requiere una justificación.
"Yo soy un emprendedor. He trabajado en Haití desde 1996 hasta el presente. He tenido excelentes relaciones con todos los bancos del país que me han otorgado préstamos", argumentó el presidente electo como respuesta a las acusaciones.
Durante una conferencia de prensa el 18 de enero, Jean-François, el director de la UCREF, dijo que los abogados de Moïse habían enviado a la UCREF un supuesto documento del banco en el que se demuestra que los dineros de la cuenta están en gourdes.
Pero el funcionario reiteró que los resultados de su unidad eran sólidos, y que están basados en los documentos aportados por las instituciones financieras y relacionados con las 14 cuentas bancarias.
"No se cometieron errores en el informe de la UCREF", dijo, y agregó que era responsabilidad del banco enviar los documentos pertinentes que pudieran aclarar cualquier error, o quizá desplazar la responsabilidad de un posible error de la unidad de investigación al banco estatal.
Según Le Nouvelliste, el director de la UCREF dijo que "muchos se enfocan en el hecho de si la cuenta estaba en dólares o en gourdes, pero la investigación proporciona datos y elementos que sustentan las conclusiones del informe". Jean-François añadió que era responsabilidad del poder judicial realizar una investigación más profunda y llevar a cabo los procedimientos posteriores, en caso de ser necesarios.
Análisis de InSight Crime
La investigación en torno al presidente electo tiene claras e importantes implicaciones políticas. En ausencia de instituciones reguladoras y judiciales fuertes, sus resultados pueden ser insatisfactorios y lesionarían la legitimidad de Moïse de manera permanente. Esto podría desestabilizar aún más la situación política de Haití, luego de unas elecciones que estuvieron retrasadas y tuvieron bastantes objeciones.
La investigación ha generado frustración entre la ciudadanía, a pocos días de la posesión del nuevo presidente. A mediados de enero, dos semanas después de la confirmación oficial de los resultados de las votaciones, cuatro senadores firmaron una carta abierta dirigida al nuevo presidente del Senado, Youri Latortue, pidiendo que la investigación sobre el presidente electo se resuelva antes del 7 de febrero, el día de su investidura.
Además de la carta abierta de los senadores, medios de comunicación haitianos informaron sobre una petición internacional, que se emitió el 23 de enero, en la que se les solicita a los miembros del Parlamento que aplacen la posesión del nuevo presidente. Y según AlterPresse, el Observatorio Haitiano sobre los Derechos Humanos solicitó que la investigación del poder judicial "se reiniciara".
Léger Danton, fiscal público de Haití, le dijo al Miami Herald que esperaba recibir las conclusiones del juez Brédy Fabien antes del 7 de febrero. Si Fabien confirma las denuncias de UCREF, Haití podría pasar por otro vacío presidencial. El país ha estado repetidamente desprovisto de un líder electo, y 23 presidentes han sido derrocados desde que la isla obtuvo su independencia.
Incluso si el nombre de Moïse se limpia, quedarán muchas dudas con respecto a él como un presidente que durante su campaña prometió combatir la corrupción. Aunque el presidente electo obtuvo el 55 por ciento de los votos en las elecciones de noviembre, esta cifra corresponde solamente a unos 600.000 votos, en un país con una población de 10 millones de habitantes, señaló The Guardian.
Además, el Miami Herald informó que el presidente electo está siendo investigado por presuntamente haber obtenido préstamos ilegales del Banco Popular Haitiano (Banque Populaire Haitienne). Este caso también lo está llevando el juez Brédy Fabien.
En un sentido más amplio, el caso de Moïse da cuenta de la falta de confianza en las instituciones del país y en sus políticos. La filtración del informe de la UCREF, la lenta investigación judicial y las incertidumbres relativas a la cuenta del presidente electo en el BNC sólo hacen parte del más reciente capítulo de este caso.
Si los depósitos de la cuenta se hicieron en gourdes, entonces quizá hubo falsificación de documentos por parte de elementos al interior del BNC o la UCREF —ambas instituciones estatales—. Y si en efecto los depósitos fueron hechos en dólares, entonces el presidente electo todavía tiene mucho que explicar.
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Además, el caso de Moïse es sólo uno de los tantos que existen en torno a los políticos haitianos. En enero de 2017, el senador haitiano electo Guy Philippe fue arrestado y extraditado para que enfrentara cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Philippe tenía una orden de captura en Haití y había estado en la lista de los más buscados de la Administración para el Control de las Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) después de una denuncia de Estados Unidos en el año 2005. Sin embargo, se le permitió postularse al Senado en el año 2016, tras de lo cual obtuvo un escaño.
Se sospecha que otro senador, elegido en noviembre de 2016, cambió su nombre con el fin de evadir una condena en Estados Unidos por tráfico de personas, según el Miami Herald. Y Latortue, el nuevo presidente del Senado, ha enfrentado denuncias de actividades criminales. En un cable de la embajada de Estados Unidos en el año 2006, que fue difundido por Wikileaks, la entonces embajadora Janet Sanderson afirmó que "Youri Latortue puede ser el más corrupto de los líderes políticos de Haití”.
El cable diplomático señala además que Latortue contaba con una poderosa red, en la que participaban miembros de su familia en altos cargos, así como narcotraficantes.
Las denuncias de corrupción han afectado al palacio presidencial de Haití en por los menos dos de las administraciones anteriores.
Los opositores del expresidente Michel Martelly sostienen que éste estuvo "rodeado de una red de amigos y ayudantes que [habían] sido detenidos por cargos como violación, asesinato, narcotráfico ysecuestro", según el New York Times. Y el expresidente Jean-Bertrand Aristide enfrentó acusaciones de corrupción en Haití, así como denuncias de narcotráfico expresadas por personas acusadas en tribunales de Estados Unidos.
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