El nuevo presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, acaba de cumplir 100 días como jefe de Estado. Pero su gobierno aún no logra detener la creciente violencia, generada por grupos criminales locales que se enfrentan por el control de los mercados nacionales de las drogas.
Costa Rica se ha conocido por su baja tasa de criminalidad y por tener una economía relativamente estable, dado que logró evadir los conflictos de la sangrienta Guerra Fría y los problemas generados por las violentas pandillas que han causado estragos en otros países de Centroamérica. Sin embargo, en los últimos años el país ha experimentado un continuo repunte en los homicidios.
En 2017, Costa Rica superó el récord nacional en homicidios reportados, pues se presentaron 603 asesinatos y una tasa de homicidios de 12,1 por 100.000 habitantes. Y 2018 no pinta mejor.
En los primeros seis meses de este año, Costa Rica registró 302 homicidios; según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta cifra representa 29 casos más que en el mismo período del año anterior. Los funcionarios proyectan que 2018 superará el récord de 2017, con un estimado de 625 homicidios.
El analista de seguridad Paul Chaves, del Centro Formación en Criminología y Seguridad, se refirió recientemente a la situación de seguridad de Costa Rica como una "caída en picada". A pesar de ello, el país continúa estando entre los países menos violentos de Latinoamérica.
Análisis de InSight Crime
Autoridades y expertos han explicado el aumento de la violencia señalando temas como la creciente fragmentación del hampa, una mayor presencia de armas de fuego y el nuevo papel del país en el mapa de las drogas a nivel regional.
Durante años, Costa Rica ha servido como un importante punto de trasbordo para el envío de cocaína colombiana hacia Estados Unidos y Europa.
Inicialmente se contrataban bandas criminales costarricenses locales para que protegieran los cargamentos de droga y transportaran el producto por todo el país. En lugar de pagarles en dólares, las organizaciones criminales transnacionales solían pagarles a dichas bandas con drogas, lo que llevó a aumentar la cantidad de estas en territorio costarricense, una tendencia que se ha observado en otros países de transbordo.
Con los años, a medida que hay una mayor disponibilidad de drogas en Costa Rica, el consumo de drogas ilícitas ha aumentado, y los actores criminales locales han intentado controlar los mercados locales, cada vez más lucrativos.
"En promedio, los grupos locales pueden obtener entre US$2.000 y 3.000 por día en una sola plaza. Sin embargo, muchos grupos controlan hasta cinco, seis o siete puntos de venta de drogas", según dijo el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Michael Soto, consultado por InSight Crime.
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La estrategia oficial de Costa Rica para combatir el tráfico de drogas se ha centrado principalmente en ir tras los líderes de los grupos locales, lo cual genera fragmentación de estos grupos, y a su vez lleva al aumento de la violenta competencia por los mercados.
En el año 2012, las autoridades arrestaron a Marco Antonio Zamora Solórzano, alias "El Indio", uno de los principales narcotraficantes de Costa Rica. Este había controlado durante años los principales mercados de drogas a nivel local, específicamente en la parte sur de la capital, San José. Tras su arresto, la estructura criminal de Zamora Solórzano se fragmentó en varios grupos que comenzaron a competir violentamente por el acceso a los mercados de drogas en la capital; Soto señala que esto elevó la tasa de homicidios después de 2013.
Tras ser capturados, algunos de los más importantes líderes de las redes de microtráfico han logrado dirigir actividades de tráfico de drogas a nivel local, así como el asesinato de sus rivales, desde el interior de las prisiones.
Dos ejemplos recientes de esto último son el de Leonel Mora Núñez, alias "Gordo Leo", quien ha estado administrando las ventas locales de drogas y ordenando diversos asesinatos desde una cárcel de Costa Rica tras su arresto en 2009, y el de Luis Ángel Martínez Fajardo, alias "Pollo", quien continúa dirigiendo actividades criminales en Costa Rica desde una prisión nicaragüense.
En diciembre de 2017, Martínez Fajardo fue supuestamente responsable de la muerte del nicaragüense Erwin Guido Toruño, alias "El Gringo". El asesinato de Guido Toruño, quien también cumplía un papel clave en el tráfico de estupefacientes en San José, puede ser otra de las causas del aumento de la violencia, dado que otros grupos se apresuraron a llenar el vacío dejado por su desaparición.
Además de la creciente fragmentación criminal, la mayor presencia de armas de fuego también podría estar llevando al aumento en las tasas de homicidio. En los últimos años han surgido informes sobre redes de tráfico de armas que tienen supuestos vínculos con México, Colombia y Panamá.
"Hay una gran disponibilidad de armas. No está claro de dónde provienen, pero existe un importante flujo [de armas fuego] a través del corredor centroamericano como consecuencia de las guerras civiles", puntualizó Walter Espinoza, director del OIJ, consultado por InSight Crime.
El anuncio de la semana pasada acerca de la creación de un nuevo plan de seguridad pública podría indicar un cambio en la estrategia global del gobierno para luchar contra los grupos que se enfrentan por el microtráfico. La iniciativa, denominada "Sembremos seguridad", se basa en el programa de seguridad pública de la ciudad de Medellín (Colombia) y busca aumentar la colaboración entre las autoridades federales y los funcionarios comunitarios, y dar prioridad a los recursos que se invierten en la prevención y en las operaciones policiales en zonas de alto riesgo.
Falta ver si esta iniciativa podrá revertir la tendencia de violencia e inseguridad.
* Deborah Bonello y Juan Diego Posada contribuyeron en la investigación para este artículo.
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