El secuestro de un general militar por parte de guerrilleros de las FARC que operan en el departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano -que llevó a la suspensión de las conversaciones de paz con el gobierno- ha arrojado luz sobre la dinámica del crimen organizado presente en el lugar más valioso del país para los delincuentes.
Tras el secuestro del 16 de noviembre de Rubén Alzate por parte del Frente 34 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a pocos kilómetros de la capital de Chocó, Quibdó, el presidente Juan Manuel Santos suspendió las conversaciones de paz con el grupo guerrillero por primera vez desde que comenzaron las negociaciones dos años atrás. Aunque la liberación del general parece inminente -sobre todo ahora que las FARC han liberado a dos soldados que fueron capturados en una región diferente a principios de este mes- el evento aún ha dirigido la mirada hacia el departamento más pobre de Colombia, el cual ha servido durante mucho tiempo como un centro de actividad criminal.
Mientras tanto, un paro armado que tuvo lugar el 22 de noviembre, convocado en el Chocó por otro prominente grupo guerrillero del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que obligó a la suspensión de las operaciones de autobús entre Quibdó y Medellín, sirvió como indicio del grado de control del que gozan los grupos ilegales en el departamento costero ubicado en el Pacífico, al noroeste del país.
Durante años, Chocó fue un campo de batalla para los grupos guerrilleros de izquierda y los paramilitares de derecha que luchaban por el control de importantes rutas de tráfico de drogas y el acceso a las minas de oro. Muchos civiles, a menudo poblaciones afrocolombianas pobres o indígenas, se vieron atrapadas en el fuego cruzado de esta lucha por el poder. En un ejemplo notorio, el bombardeo de 2002 por parte de las FARC contra una iglesia en la ciudad de Boyajá dejó más de 100 muertos y al parecer desplazó a cerca de 6.000 más.
Hoy en día, el Chocó es el hogar de todos los grupos armados más importantes de Colombia. Las FARC controlan la mayor parte del territorio y tienen el mayor número de combatientes en el terreno, con el Frente 34, el Frente 57 y el Frente Aurelio Rodríguez haciendo presencia en la región. El ELN y dos de las oficialmente reconocidas BACRIM del país (acrónimo de "bandas criminales"), los Urabeños y los Rastrojos, también cuentan con presencia en el departamento costero. El grupo neoparamilitar Renacer también operaba en el Chocó, pero ahora ha sido en gran parte absorbido por los Urabeños.
Aunque el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro siguen siendo las principales fuentes de ingresos para los grupos del crimen organizado en el Chocó, las dinámicas criminales han cambiado en las últimas décadas. Mientras que las FARC y los paramilitares se enfrentaron frecuentemente por el control de los cultivos de coca, las BACRIM de hoy prefieren comprar coca del ejército guerrillero que luchar por ella. No ha habido señales de negocios de drogas entre el Frente 34 de las FARC y las BACRIM en el Chocó, pero la ausencia de conflicto entre ellos indica que han hecho acuerdos para dividir el territorio. También ha habido informes policiales sobre la alineación entre el Frente 34 y las BACRIM para extraer ilegalmente oro en el departamento.
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Uno de los atractivos del Chocó para los grupos criminales es su acceso a las rutas marítimas de drogas. La costa del Chocó sirve como punto de reabastecimiento de combustible estratégico para las lanchas rápidas que envían cocaína al norte hacia Centroamérica y México, y, según informes, el Frente 57 de las FARC controla la zona costera que bordea Panamá (vea el mapa abajo). Chocó también ofrece acceso al Golfo de Urabá, que es en gran parte controlado por los Urabeños, y el cual es utilizado como un trampolín para las embarcaciones semisumergibles cargadas de droga que viajan a la Costa Caribe. Es probable que este golfo continúe creciendo en importancia para los traficantes de drogas, en medio de un resurgimiento en la popularidad de las rutas marítimas del Caribe.
Chocó también es un territorio valioso debido a sus recursos naturales. Uno de ellos es la coca, la cual se cultiva principalmente en el centro del Chocó. La mayor densidad de los cultivos se concentra a lo largo del río San Juan, en la mitad sur del departamento, según la encuesta de junio de 2014 sobre el cultivo de coca de la ONUDD. Si bien no está del todo claro cuáles organizaciones criminales controlan la producción de coca en el Chocó, el territorio controlado por el Frente 57 de las FARC y el Frente Aurelio Rodríguez, así como el ELN, se superpone con algunas áreas de cultivo de coca.
Incluso más rentable para los grupos criminales que la coca son las minas de oro del Chocó, principalmente ubicadas en zonas de selva del departamento. Junto con la vecina Antioquia, Chocó es el mayor productor de oro ilegal de Colombia. Mientras que otros grupos criminales como el ELN también se están beneficiando de la minería ilegal de oro en el Chocó, los informes indican que las FARC son las más directamente involucradas en las operaciones, supervisando la compra de excavadoras y otra maquinaria pesada. Se cree que este grupo guerrillero está obteniendo hasta un 20 por ciento de las ganancias provenientes de esta actividad criminal en Colombia.
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Otra característica criminalmente atractiva del Chocó es su extrema inaccesibilidad: sólo una carretera pasa a través de Quibdó y amplios sectores del interior carecen de acceso por carretera. Este aislamiento ofrece a los grupos criminales un respiro de las ofensivas de las fuerzas de seguridad colombianas. Según el obispo Juan Carlos Barreto de Quibdó, el gobierno colombiano ha en gran parte abandonado el Chocó; indicó recientemente a El País que las FARC tienen una presencia más fuerte allí que el Estado.
De hecho, la mayoría de los observadores no estaban tan sorprendidos por el secuestro de un general en el Chocó -el oficial del ejército de más alto rango capturado por las FARC en el conflicto de 50 años del país- como por el hecho de que Alzate entraría en territorio controlado por los guerrilleros vistiendo de civil y sin un equipo de seguridad.
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