La CICIES de Bukele en El Salvador parece solo existir en el papel

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El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el lanzamiento de una comisión internacional para investigar casos de corrupción e impunidad a manos de élites políticas y económicas, pero la falta de involucramiento de los organismos de investigación criminal contradice los anuncios oficiales.

El 6 de septiembre, Bukele anunció, junto a un enviado de la Organización de Estados Americanos (OEA), la suscripción de un documento “para instalar la comisión internacional contra la impunidad y la corrupción en El Salvador”, la CICIES.

El acuerdo establece, en términos vagos, que una eventual comisión tendrá por objetivo “apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones… encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción”.

Pocos días después, el 24 de septiembre, la OEA nombró al abogado guatemalteco Ronalth Ochaeta como vocero interino de la comisión. Su misión para los próximos meses será establecer relaciones con los aplicadores de justicia y la Fiscalía General para “robustecer” el convenio definitivo.

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Al día siguiente, el 25 de septiembre, Bukele anunció que la CICIES ya había abierto sus dos primeros casos. El primero es la investigación sobre la presunta corrupción en la construcción de una presa hidroeléctrica conocida como El Chaparral durante la administración del expresidente Mauricio Funes, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia. La segunda es la desviación ilegal de fondos del estado en la construcción de un sistema de transporte público conocido como SITRAMSS.

La presidencia todavía no ha aclarado el papel de la Fiscalía General en estas investigaciones. El Ministerio Público salvadoreño, de hecho, tiene en curso un proceso judicial por posibles sobrepagos y sobornos en El Chaparral desde 2016.

Tampoco hay noticia aún de qué aportaría el Ejecutivo en esos dos casos. Es decir, esos casos solo existen, por ahora, en declaraciones del entorno Bukele.

Análisis de InSight Crime

Los anuncios de la administración Bukele, hechos en el marco de los primeros 100 días de su presidencia, pretendían dar por cumplida la instalación de la comisión internacional, una de las principales promesas de campaña.

Bukele fue elegido, en buena medida, por su promesa de terminar con la corrupción endémica en un país en el que tres de sus últimos cuatro presidentes han sido investigados por apropiarse indebidamente de millones de dólares de fondos públicos.

Pero más allá de los anuncios políticos, ni Bukele ni sus funcionarios han respondido a la pregunta más importante sobre la CICIES: cuál será la relación de la comisión con la Fiscalía General de la República (FGR), el único organismo al que la Constitución concede autoridad sobre la investigación criminal y la acusación penal.

Hasta la fecha, aunque ya hubo al menos una reunión de acercamiento entre enviados del Ejecutivo y la FGR sobre el tema CICIES, el fiscal general, Raúl Melara, ha dicho que “La Fiscalía es la única que puede investigar y perseguir el delito en el país”.

La participación de los ministerios públicos ha sido crucial en los casos de las comisiones internacionales anticorrupción que precedieron a la CICIES en el Triángulo Norte de Centroamérica, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

En el caso de la CICIG, un acuerdo entre Naciones Unidas y el Ejecutivo que fue ratificado por el Congreso y avalado por el Poder Judicial permitió a la comisión tener independencia en sus investigaciones y acompañar a la fiscalía guatemalteca como querellante, aunque siempre fueron los fiscales quienes ejercieron la acción penal.

La MACCIH, acuerpada por la OEA, también puede acompañar a los fiscales hondureños en el litigio penal, pero no tiene independencia para decidir qué casos investigar.

En ambos casos, la decisión final siguió siendo patrimonio exclusivo de los fiscales nacionales.

Es por eso que una CICIES sin participación de la Fiscalía no parece tener mucho sentido. De hecho, cuando en 2010 el gobierno salvadoreño propuso a la ONU estudiar la creación de una comisión similar a la comisión guatemalteca presentó, como parte de la propuesta, un estudio de ley constitucional que explicaba cómo investigadores y fiscales extranjeros podían acompañar la acción penal en los juzgados. La administración Bukele no ha hecho ese ejercicio aún.

Además de la poca claridad sobre los alcances jurisdiccionales de la CICIES, hay algo más que despierta dudas sobre su efectividad mientras sea solo un cuerpo que dependa del Ejecutivo: las acusaciones de corrupción que salpican a Bukele.

La corta historia política de Nayib Bukele, cuyo capítulo más importante hasta ahora ha sido su elección como presidente en febrero de este año, tiene varias manchas. La más reciente es el descubrimiento de que él, a título personal, recibió US$ 1.9 millones del consorcio Alba Petróleos, alimentado con fondos provenientes de PDVSA en Venezuela, e investigada por posible lavado de dinero en El Salvador y Estados Unidos.

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Antes de eso, en 2018, la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia encontró indicios de enriquecimiento ilícito a Bukele por haber recibido cerca de US$ 850.000 como donación de una empresa familiar que era contratista del Estado, y por no haber pagado impuestos por esas donaciones. La Corte decidió no enviarlo a juicio civil por enriquecimiento ilícito, pero en cambio ordenó investigarlo por evasión y pasó el caso al Ministerio de Hacienda, pero es poco probable que prospere: Bukele es el jefe del ministro.

Las preguntas sobre la CICIES llegaron más allá de las fronteras de El Salvador.

Durante la primera semana de octubre, una misión de la ONU visitó la capital del país, San Salvador, y se reunió con el presidente para hablar de CICIES. Poco salió de ese encuentro: un funcionario internacional al tanto de lo que ahí se discutió confirmó a InSight Crime que aún no está claro si la ONU participará de la formación de una eventual comisión salvadoreña.

En Washington, cuatro congresistas demócratas encabezados por Norma Torres hicieron público un comunicado en el que apoyaban la idea de una CICIES, pero insistieron en la importancia de su independencia del Ejecutivo. “Es crítico que la CICIES sea independiente políticamente y que tenga una supervisión fuerte, de preferencia de instituciones multilaterales”, dice el comunicado.

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