Cien años de políticas antidrogas fallidas que dieron origen a los carteles de México

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Muchas personas dicen que la guerra contra las drogas en México comenzó después de que el expresidente Felipe Calderón asumió el cargo en 2006, pero un nuevo libro sugiere que su origen estuvo en políticas prohibitivas promulgadas por Estados Unidos a comienzos del siglo XX, proceso que luego fue impulsado por un acuerdo económico comercial.

En su libro “A Narco History: How the United States and Mexico Jointly Created the Mexican Drug War.” [Una narco historia: cómo Estados Unidos y México crearon juntos la guerra mexicana contra las drogas], los autores Mike Wallace y Carmen Boullosa sostienen que la creación de los carteles mexicanos de la droga y la violencia que éstos han generado están indisolublemente ligadas a políticas antidrogas prohibitivas desarrolladas por Estados Unidos y posteriormente adoptadas por México.

La prohibición del opio inicialmente, y más tarde de otros estupefacientes en Estados Unidos y México durante la primera parte del siglo XX, creó condiciones favorables para que los criminales satisficieran la demanda de narcóticos que se había vuelto ilegal.

“Cuando se establece una política de prohibición, también se crea un mercado negro. Y México, como país vecino, hizo lo mejor que pudo para responder a ese mercado”, le dijo Wallace a InSight Crime.

Sin embargo, pasarían varias décadas antes de que los grupos narcotraficantes mexicanos se volvieran altamente organizados. En este sentido, también Estados Unidos pudo haber participado activamente en el crecimiento de la primera organización moderna de narcotraficantes mexicanos, el Cartel de Guadalajara, sostienen los autores.

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Según el libro, Estados Unidos envió discretos cargamentos de armas de alto calibre a uno de los fundadores del cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, durante los años ochenta. Después estas armas pasaron a los Contras en Nicaragua, apoyados por Estados Unidos, como ayuda en su intento de derrocar al régimen Sandinista izquierdista (algo que InSight Crime también ha documentado). A cambio de esta “ayuda humanitaria” ofrecida por el cartel, Estados Unidos se hizo el de la vista gorda ante las enormes cantidades de crack procesado en México que llegaban a los rincones de todo Estados Unidos, dicen los autores, quienes afirman que la debilidad de las instituciones del Estado mexicano en ese momento, como la Dirección Federal de Seguridad (DFS), también facilitó la expansión del cartel.

La mayoría de la gente, cuando habla de la ‘guerra mexicana contra la droga’, piensa solamente en el período de Calderón, pero esos seis años se fraguaron durante un siglo”

“El Cartel de Guadalajara prosperó en gran medida porque gozó de la protección de la DFS… Ésta les proporcionó escoltas a los capos [y] les aseguró salvoconductos a los camiones cargados de droga que pasaban por la frontera usando el sistema de radio de la policía mexicana para interceptar mensajes de vigilancia de la policía de Estados Unidos”, escriben los autores .

La militarización de México y el eventual impacto del TLCAN en la guerra contra las drogas

La militarización de la guerra contra las drogas en México y la estrategia de búsqueda de los capos se asocian con frecuencia a Calderón, pero los autores sugieren que estas políticas se pusieron en marcha mucho antes. Por ejemplo, el expresidente estadounidense George H.W. Bush propuso gastar miles de millones en una estrategia militar para combatir el narcotráfico y suscribió acuerdos en búsqueda de mayor seguridad fronteriza y mejores aviones estadounidenses para sobrevolar el espacio aéreo mexicano, con el fin de supervisar la actividad de tráfico de drogas. Bush también le pidió al entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, que capturara a Félix Gallardo.

Los autores sostienen que Salinas aceptó las peticiones de Estados Unidos en gran parte porque las buenas relaciones entre las dos naciones abrirían aún más las posibilidades de aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá.

El fortalecimiento de vínculos económicos le ha dificultado a Estados Unidos sancionar a México bajo la Ley contra el Abuso de Drogas, a pesar de amplias evidencias de que grupos narcotraficantes corrompen las instituciones del Estado.

Sin embargo, los autores sostienen que la implementación del TLCAN en 1994 creó involuntariamente mejores condiciones para la expansión de los grupos narcotraficantes. Los acuerdos bilaterales en materia de agricultura, suscritos bajo el TLCAN, hicieron casi imposible que los pequeños agricultores mexicanos compitieran con los alimentos subsidiados importados de Estados Unidos, señalan Wallace y Boullosa. Ante la falta de otros recursos, dichos agricultores “encontraron en el floreciente mercado de marihuana y amapola su única vía para sobrevivir en su tierra”, lo cual aumentó el suministro de drogas disponible para los carteles, dicen los autores. Como cada vez crecía el número de bienes que cruzaban la frontera, esto también les hizo más difícil a las autoridades detectar a los carteles que traficaban droga hacia Estados Unidos.

Los autores dicen que hubo otras políticas de mercado libre que también facilitaron el surgimiento de las pandillas mexicanas. La expiración, en el año 2004, de la norma que prohibía el uso de armas de asalto semiautomáticas en Estados Unidos fue seguida rápidamente por armamento de alto poder como los rifles de asalto AR-15 y AK-47, que aparecieron en ciudades mexicanas fronterizas como Tijuana, Juárez y Nuevo Laredo, las cuales en 2012 padecían altísimas tasas de homicidio.

Análisis de InSight Crime

Los autores proponen una serie de argumentos que cuestionan la aceptada validez de la guerra contra las drogas en México. Uno de esos argumentos tiene que ver con el hecho de que dicha “guerra” es relativamente nueva; los autores sugieren, por el contrario, que es el producto de una serie de políticas implementadas por Estados Unidos y México en los últimos cien años.

“La mayoría de la gente, cuando habla de la ‘guerra mexicana contra la droga’, piensa solamente en el período de Calderón, pero esos seis años se fraguaron durante un siglo”, le dijo Wallace a InSight Crime.

Wallace y Boullosa también proponen que la denominación “guerra de México contra las drogas” es en realidad incorrecta, puesto que Estados Unidos ha desempeñado un papel igualmente importante en la creación y sostenimiento de la guerra contra las drogas. El consentimiento de México de las erróneas políticas de seguridad de Estados Unidos es una de las principales razones para el crecimiento de los carteles; sin embargo, los autores hacen hincapié en que la corrupción en México también cumplió un papel importante.

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Por último, los autores argumentan que hay un efecto bola de nieve en la guerra de México contra las drogas, que comenzó a principios del siglo XX, pero ha ido aumentando lentamente con el tiempo. Las prohibiciones fueron la fuente de la guerra contra las drogas, le dijo a InSight Crime Wallace, quien llamó a la prohibición, “el manantial cuyas aguas alimentan un río cuyo caudal se hizo más y más grande a medida que bajaba”.

Sin embargo, ciertos acontecimientos históricos han dejado una huella imborrable en la guerra de México contra las drogas. A continuación, InSight Crime identifica un punto de inflexión en cada una de las últimas cuatro décadas que ha ayudado a formar y definir el estado actual del conflicto.

Los años ochenta: la tortura y el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena

En 1985, miembros del Cartel de Guadalajara secuestraron, torturaron y asesinaron a Enrique Camarena, agente encubierto de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus  iniciales en inglés), mientras cumplía una misión en México. Su asesinato llevó al Congreso a aprobar la Ley contra el Abuso de Drogas un año más tarde (pdf), que impone sanciones a productores de drogas o países de tránsito de drogas que no cooperan plenamente con los esfuerzos de interdicción de Estados Unidos. Como se señala en el libro, esta ley creó poderosos incentivos para que México, y otros países de Latinoamérica, cooperen con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico transnacional.

La negativa de las autoridades mexicanas a entregar a Estados Unidos al narcotraficante Rafael Caro Quintero, presunto autor intelectual del asesinato de Camarena, ha dificultado desde entonces la coordinación para lograr extradiciones entre los dos países. La liberación temprana de Caro Quintero de una prisión mexicana en 2013 aumentó las tensiones, y la controversia que su caso ha causado es considerada una razón por la que el capo narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán debería ser extraditado a Estados Unidos, tras su captura en febrero de 2014.

Los años noventa: la aprobación del TLCAN

Como se mencionó arriba, el TLCAN pudo haber creado indirectamente condiciones favorables para que los grupos criminales mexicanos prosperaran. Aún más, el fortalecimiento de vínculos económicos le ha dificultado (pdf) a Estados Unidos sancionar a México bajo la Ley contra el Abuso de Drogas, a pesar de amplias evidencias de que grupos narcotraficantes corrompen las instituciones del Estado. Estos estrechos lazos económicos (México es el segundo comprador más grande del mundo de productos estadounidenses) también pueden haber evitado que Estados Unidos presionara a México en cuanto a las violaciones de derechos humanos relacionadas con la guerra contra las drogas.

Es importante señalar que el TLCAN también ha contribuido a fortalecer la creciente clase media mexicana (y posiblemente disminuyó la migración a Estados Unidos). Que México haya podido obtener este éxito económico sin sufrir inconvenientes de seguridad es una cuestión complicada que no tiene fácil respuesta.

Primeros años del nuevo siglo: el fin de un monopolio político y la nueva militarización de la guerra contra las drogas

En el año 2000, por primera vez en un siglo, un candidato no vinculado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) asumió la presidencia de la república: Vicente Fox, quien representaba al Partido Acción Nacional (PAN), una coalición conservadora que buscaba relaciones más estrechas con Estados Unidos. Más que dar comienzo a una nueva y tumultuosa era de la política mexicana, este drástico cambio puso fin a décadas de cercanas relaciones entre funcionarios políticos, burócratas y agentes de seguridad con el hampa.

Esto dio como resultado mayores conflictos entre el Estado y el crimen organizado, lo cual finalmente llevó a que Calderón confiara cada vez más en las tropas federales para combatir algunos de los grupos criminales más potentes y peligrosos. El despliegue de 6.500 soldados en Michoacán para erradicar a la organización criminal Familia Michoacana sólo 10 días después de que Calderón asumiera el cargo en diciembre de 2006, marcaría el tono para el resto de su presidencia.

El despliegue de 6.500 soldados en Michoacán para erradicar a la organización criminal Familia Michoacana sólo 10 días después de que Calderón asumiera el cargo en diciembre de 2006, marcaría el tono para el resto de su presidencia.

Sin embargo, aunque dicho despliegue militar puede seguir siendo una provisión necesaria mientras el gobierno continúa su reforma a la policía, las estadísticas muestran que la violencia ha aumentado en las zonas donde el ejército se ha desplegado. El aumento militar también se ha relacionado con un aumento dramático en los reportes de violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad mexicanas. A pesar de los indicios de que el presidente Enrique Peña Nieto reduciría la participación del ejército en la lucha contra las organizaciones narcotraficantes, hasta ahora este no parece ser el caso.

Segunda década del nuevo siglo: Guerreros Unidos y los 43 estudiantes desaparecidos

La desaparición de al menos 43 estudiantes en septiembre de 2014, supuestamente coordinada por un grupo criminal, la policía local y un alcalde en el estado de Guerrero, al sureste del país, generó indignación en México y en el extranjero. En muchos sentidos, el grupo criminal involucrado, Guerreros Unidos, representa la nueva generación del crimen organizado en México.

La fragmentación de organizaciones delictivas monolíticas como el Cartel de Juárez y el Cartel de Tijuana ha dado lugar a pequeños grupos sucesores que no cuentan con los recursos o los contactos internacionales para traficar drogas a gran escala. Como resultado, grupos como Guerreros Unidos —célula que se desprendió de la Organización Beltrán Leyva (OBL)— dependen cada vez más de otras fuentes de ingresos delictivos, como el secuestro, la extorsión y el comercio de drogas a nivel local.

Estas actividades criminales atacan y afectan a la población general en un grado mucho mayor que el tráfico internacional de drogas y pueden conducir a niveles más altos de violencia, como ocurre en Guerrero y en otras partes de México. La captura de dos activos capos de la droga en el lapso de una semana a comienzos de 2015 sugiere que esta tendencia a la atomización continuará.

Este fenómeno de creciente violencia como resultado de las fragmentaciones de las organizaciones criminales es un indicio de las complejidades que entraña poner fin a “la guerra de México contra las drogas”. Los autores sostienen que Estados Unidos y México deben hacer retroceder las políticas prohibitivas que iniciaron la guerra contra las drogas hace más de un siglo. Sin embargo, tales políticas pueden llevar a los grupos criminales a cometer más secuestros o extorsiones en la medida en la que disminuye la demanda de narcóticos por medios ilícitos y puede resultar en mayor inseguridad para la población mexicana.

Como le dijo Wallace a InSight Crime: “No hay ninguna cura milagrosa que pueda resolver mágicamente la guerra contra las drogas en México”.

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