Los cinco retos de las economías criminales para el posconflicto en Colombia

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Una reciente investigación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) evidencia que mientras las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc avanzan en Cuba, en Colombia otros grupos ilegales y sus fuentes de financiación han empezado a reacomodarse.

En medio del entusiasmo y de las expectativas que han despertado los avances de las negociaciones en La Habana, que podrían materializarse con la firma del acuerdo de paz el próximo 23 de marzo, y el comienzo de la dejación de las armas de las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a partir de mayo, la FIP publica una investigación que sirve como voz de alerta para que el Estado prepare adecuadamente su intervención en las regiones tras la salida de esa guerrilla del mapa del conflicto en el país.

Tras seis meses de análisis y teniendo en cuenta sus investigaciones de los últimos años, la FIP publicó el informe Economías criminales en clave de posconflicto: Tendencias actuales y propuestas para hacerles frente, en el cual sostiene que durante “el transcurso de la mesa de negociación entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc, un nuevo o renovado orden ilegal se está configurando, con múltiples economías ilícitas enquistadas en los territorios”. En medio de ese contexto y durante los últimos tres años, los cultivos de coca se han incrementado, la minería ilegal se ha expandido, la extorsión se ha vuelto recurrente y otras economías ilegales como el tráfico de madera se han consolidado.

Este artículo apareció originalmente en  VerdadAbierta.com y fue editado y publicado con permiso, pero no necesariamente refleja la opinión de InSight Crime. Vea la versión original aquí

La publicación advierte que “los vacíos de poder que generaría el proceso de paz con las FARC se están llenando antes de la firma de los acuerdos, especialmente en aquellos municipios en los cuales su presencia confluye con otros grupos guerrilleros y facciones criminales de distinto tipo. Grupos insurgentes como el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y el Ejercito Popular de Liberación  (EPL) han aprovechado esta situación para fortalecerse y sellar nuevas alianzas, mientras que decenas de bandas locales se han articulado alrededor de las economías criminales existentes. Un nuevo o renovado orden ilegal se está configurando en medio del proceso de paz”.

“Un nuevo o renovado orden ilegal se está configurando en medio del proceso de paz.”

Para Eduardo Álvarez, coordinador del Área Dinámicas del Conflicto de la FIP y uno de los investigadores del informe, las economías criminales están más preparadas para enfrentar el posconflicto que el propio Estado.“Mientras el crimen se prepara para el posconflicto, el Estado tiene dificultades para articularse y generar respuestas integrales. Creemos también que continúa con una intervención desbalanceada, que tiene un fuerte componente represivo que crea un contexto adverso para su consolidación, la construcción de paz y la implementación de los acuerdos”, le dijo Álvarez a VerdadAbierta.com.

Esta situación se presenta como uno de los mayores desafíos para el posconflicto por parte del Estado. Por tal razón, la FIP hace un llamado de atención para que una vez las FARC dejen las armas, el Gobierno Nacional implemente una estrategia integral para recuperar el control territorial en donde hay economías criminales, atacando sus orígenes y no los eslabones más débiles de su cadena.

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“La respuesta represiva enfocada en la desarticulación de las estructuras se ha mostrado insuficiente. Las ofensivas esporádicas, con operaciones que entran y salen de la zona, no llegan a afectar las condiciones que permiten la reproducción de las actividades criminales y el control que tienen los grupos al margen de la ley sobre el territorio”, enfatiza el informe.

Para María Victoria Llorente, Directora Ejecutiva de la FIP, el control territorial es vital para la construcción de paz, y no se debe basar sólo en el envío tropas de la Fuerza Pública a las regiones y que se coordinen mejor con la Fiscalía, sino en construir Estado en ellas para que prospere algo distinto a las economías ilegales. “El llamado de atención es que vemos que no hay, en lo que se ha hecho público, un enfoque distinto al que siempre hemos tenido. Si vamos a hacer lo mismo, vamos a tener resultados similares: se transforman las organizaciones, quizá se vuelven menos violentas, pero las condiciones en el territorio, que hacen que esas economías ilegales prosperen y se enganchen población, no cambian”, le dijo a VerdadAbierta.com.

Por otro lado, la FIP identificó que en alrededor de 200 municipios en donde tienen injerencia las Farc, la implementación de los acuerdos de paz tendrá que enfrentarse a economías ilegales que podrían ser transferidas a otros grupos criminales o insurgentes, y/o permanecer bajo el control de facciones disidentes. En medio de ese panorama analizó cinco dinámicas que se han dado desde que inició el proceso de paz en Cuba:

1. Las alianzas entre grupos insurgentes y las facciones criminales

La investigación encontró que las alianzas entre los grupos insurgentes y las facciones criminales se han ido consolidando en los últimos años, las cuales se reflejan en la división territorial de las estructuras, con fronteras invisibles que definen quién tiene el control de los municipios y las veredas. También con el rol que desempeña cada grupo en la economía criminal.

A manera de ejemplo, el informe señala que en el caso del narcotráfico, “las FARC conservan el pie de fuerza y la capacidad militar suficientes para asentarse y controlar los territorios en los cuales hay cultivos de coca, marihuana y amapola. Mientras tanto, las bandas criminales han tendido a involucrarse en la etapa de procesamiento y comercialización. De esta manera se establece una división del trabajo que facilita las alianzas y disminuye el riesgo de confrontación”.

Igualmente, llama la atención que cada vez es “menos frecuente la disputa entre las FARC y facciones locales del crimen organizado, lo cual, en cierta medida, refleja el proceso de consolidación de las economías criminales. Bajo este escenario, los actores que se involucran en las actividades ilegales privilegian la obtención de las ganancias y la extracción de rentas, evitando el uso indiscriminado de la violencia y el enfrentamiento”.

2. El reciclaje insurgente: La suplantación y la transferencia de capacidades de las FARC al ELN o al EPL

De no lograrse un acuerdo de paz con el ELN, se teme que miembros de las FARC terminen en sus filas.

Este es quizás uno de los puntos más alarmantes del informe, porque además de una mayor articulación entre las FARC y el ELN, y la expansión territorial de este último, también se estarían dando casos de miembros de las FARC que están pasando a otras filas guerrilleras.

Según testimonios recogidos durante los trabajos de campo de varios investigadores de la FIP, las FARC apoyaron al ELN durante enfrentamientos con bandas criminales en el Bajo Cauca, en el Catatumbo se estarían dando deserciones que terminan en el EPL y en otras regiones se considera que el aumento de actividad del ELN se debe a un proceso de “suplantación y transferencia de capacidades” de las FARC.

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Al respecto, el informe indica que “mientras que la confrontación contra las Farc podría terminar, el Eln podría fortalecer su presencia en algunos territorios, sacando ventaja del proceso de La Habana, especialmente de la dinámica del cese al fuego y el reciclaje insurgente. En un escenario como este, la amenaza de la guerrilla se mantendría activa y revitalizada en algunas zonas del país”. Y agrega que “para las Farc es un desafío mantener cohesionados sus frentes y estructuras; sin embargo, para algunos mandos medios y guerrilleros rasos esta podría ser la vía para continuar en la ilegalidad. Hay que señalar que no hay elementos para asegurar que el reciclaje insurgente sea sistemático; apenas se advierte como un posible escenario en diferentes territorios”.

3. La reactivación del narcotráfico, la expansión de la extracción minera y la diversificación de las economías criminales

Entre 2013 y 2014, las hectáreas cultivadas con coca aumentaron un 44 por ciento y la producción de toneladas de cocaína aumentó el 52 por ciento, según el último informe de monitoreo de las Naciones Unidas.

Una de las posibles razones que considera el informe respecto a ese aumento, tiene que ver con que algunos frentes de las FARC estén en “un proceso de acumulación, aprovechando la ventana de oportunidad que terminaría con la firma de los acuerdos”, que se ve favorecido por “la demanda activa de la cocaína y el alto precio del dólar”. También señala la importancia que han tomado recientemente los cultivos de marihuana y amapola, los primeros para consumo local, y los segundos para la comercialización de heroína en el extranjero.

En cuanto a la minería ilegal, pese a que no hay registros sobre esta actividad, el informe indica que el control que hacen las FARC y el crimen organizado no es uniforme, pues en algunas zonas se limitan a cobrar extorsión y en otras llegan a gestionar directamente actividades legales e ilegales.

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 “La dimensión que ha cobrado este fenómeno sobrepasa la participación específica de la insurgencia y el crimen organizado, ya que se ha establecido un orden social que gira en torno a la extracción de los minerales”, indica.

Y precisa que “la extracción de rentas se ve favorecida por los altos niveles de informalidad (laboral y en la tenencia de la tierra, principalmente) y la baja capacidad de regulación del Estado en los territorios. En buena parte de los municipios que serán objeto del posconflicto, estas economías proveen ingresos a amplios sectores de la comunidad, no solo a los que participan directamente, sino también a sus familias y a su entorno”. Otro reto para el posconflicto, además de combatir la explotación ilegal y el daño ambiental, es no criminalizar a las personas que devengan sus sustentos de esta actividad, pero que no están ligadas con la estructura criminal.

4. La proliferación de las actividades ‘predatorias’, especialmente la extorsión

En las regiones, las extorsiones se han generalizado y representan una alta fuente de ingresos para grupos armados y bandas locales.

El informe encuentra que la extorsión es el principal mecanismo de control territorial y fácil financiación que tienen los grupos guerrilleros y las bandas criminales, la cual, en las regiones, es el equivalente a los impuestos de una economía formal. Además, tiene dos roles: uno parasitario, en el que se extraen recursos de las víctimas, y otro de prestación de seguridad, tanto de retaliaciones del victimario, y de acciones de otros grupos o de las intervenciones de la Fuerza Pública.

“En aquellas zonas con fuerte presencia de organizaciones al margen de la ley, la mayoría de las actividades legales e ilegales son gravadas. Lo anterior incluye desde el pequeño tendero, pasando por el moto-taxista y el comerciante, hasta empresas extractivas de mayor envergadura y proyectos de infraestructura del propio Estado. La extorsión se cobra de manera diferenciada, estableciendo cuotas fijas vinculadas a la capacidad económica del extorsionado”, indica la investigación.

5. Las intervenciones del Estado contra eslabones débiles que fortalecen los vínculos de las poblaciones con la economía criminal

En este punto el informe cuestiona la estrategia del Estado para hacerle frente a las economías criminales, pues se ha basado en la persecución de los eslabones más débiles de la cadena, motivado por el índice de capturas o de resultados al corto plazo. Para la FIP, el impacto que generan las capturas de mandos visibles y de objetivos de alto valor de los grupos criminales es reducido, porque “los grupos armados tienen la capacidad de reestructurarse y reciclarse para mantener su influencia territorial”.

Además, “desde el punto de vista de las comunidades, mientras que las facciones criminales cambian sus nombres y liderazgos, las condiciones de vulnerabilidad permanecen. La economía ilegal continúa siendo el centro de las relaciones sociales y de poder, más allá de los golpes de la Policía y las Fuerzas Militares”. Como si fuera poco, indica que la acción represiva del Estado puede resultar contraproducente y reforzar los vínculos que tienen las comunidades con las actividades ilícitas y las organizaciones al margen de la ley.

Por esta razón, la FIP plantea que el desafío para el Estado no sólo es desarticular facciones locales con capacidad de usar la violencia y la corrupción, sino construir una nueva relación entre las comunidades y las instituciones formales, que permita restablecer su autoridad legítima a partir de la protección de los ciudadanos.

Y concluye que “en términos operativos, el Estado se ha enfrentado a tres problemas principales: la falta de coordinación, el desacople de las intervenciones y la incapacidad de consolidar su presencia en los territorios, más allá de las operaciones esporádicas de la fuerza pública. La existencia del conflicto armado, el desafío del crimen organizado, así como las situaciones de violencia, ha generado una confusión de roles, prioridades y funciones de la Policía y las Fuerzas Militares. Lo anterior, agravado por la falta de una verdadera política criminal que oriente el uso de la fuerza del Estado, garantice la eficacia de las penas y responda proporcionalmente a la gravedad de los delitos. El foco ha estado más en las organizaciones criminales y menos en los territorios, lo cual ha derivado en una acción represiva con rendimientos decrecientes y la consolidación de economías criminales en diferentes zonas del país”.

*Este artículo apareció originalmente en VerdadAbierta.com y fue editado y publicado con permiso, pero no necesariamente refleja la opinión de InSight Crime. Vea la versión original aquí

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