Cocaleros de Bolivia se enfrentan por los cultivos legales

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Violentas tensiones han surgido en La Paz entre facciones hostiles de los sindicatos de productores de coca de Bolivia, lo que incrementa el conflicto de larga data por el control de la producción legal de coca en el país.

Los conflictos estallaron entre dos sectores de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) en La Paz —uno de ellos leal al presidente Evo Morales, y el otro al líder sindical Franklin Gutiérrez, actualmente en la cárcel—. Mientras que el primer grupo ha adelantado la elección de nuevos dirigentes sindicales, el otro continúa exigiendo la liberación de Gutiérrez y de otros sindicalistas encarcelados, alegando que las elecciones fueron organizadas por marionetas del gobierno para desestabilizar la institución.

Gutiérrez fue detenido en agosto de 2018 y enfrenta un juicio por ser el presunto actor intelectual del asesinato del policía Daynor Sandoval. La muerte de Sandoval se produjo cuando un grupo de cultivadores de coca tendieron una emboscada a miembros de una fuerza de tarea conjunta encargada de erradicar plantaciones ilegales de coca en la comunidad de La Asunta, en la provincia de Yungas.

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Desde su detención, Gutiérrez se ha convertido en símbolo del creciente conflicto entre el gobierno de Morales y los cocaleros de Yungas. Las tensiones han aumentado desde 2017, cuando la Ley de la Coca amplió las áreas de los cultivos de la planta para uso tradicional, poniendo fin al monopolio de Yungas sobre la producción legal y autorizando plantaciones que antes eran ilícitas en la provincia de Chaparé, base política de Morales.

Al mismo tiempo, el gobierno de Morales incrementó las actividades de erradicación en zonas no autorizadas, lo que incluye 1.500 hectáreas en La Asunta. Esto provocó una airada respuesta de Gutiérrez y otros líderes de Adepcoca, sindicato cocalero que abarca la región de Yungas. Insisten en que la distinción entre plantaciones “autorizadas” y “no autorizadas” no se corresponde con la distinción entre cultivos para fines legales e ilegales, y que comunidades como La Asunta se están convirtiendo en chivos expiatorios para el suministro de la industria de la cocaína en Chaparé.

Nueve miembros de Adepcoca están tras las rejas, acusados de delitos como ataques a la autoridad y posesión de dinamita. Quienes están de su lado realizan continuas protestas para que se libere a estos “presos políticos”, aduciendo que fueron arrestados por cargos falsos con el fin de debilitar la oposición a la Ley de la Coca.

Desde 2017, los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que se oponen a la Ley de la Coca han dejado como resultado seis personas muertas y 23 heridas, como lo indica un informe de El País.

Análisis de InSight Crime

Este conflicto pone de relieve una división regional que ha afectado las intenciones del presidente Morales de legalizar la coca para usos tradicionales en el país. Y la pregunta central es: ¿Está en verdad el gobierno de Bolivia promoviendo una política de “coca sí, cocaína no”? ¿O está buscando afectar a los productores tradicionales, mientras que permite la producción para el mercado ilegal?

La Ley de la Coca de 2017 extendió el área de cultivos legales de coca en el país hasta las 22.000 hectáreas —14.300 en Yungas y 7.700 en Chaparé—. Según un estudio de 2013, el mercado legal de coca se puede suplir con 14.700 hectáreas, lo que quiere decir que hay un excedente de casi 7.000 hectáreas. El estudio sobre el cultivo de coca realizado en 2017 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) estima que el área total de coca cultivada en el país es de 24.500 hectáreas, lo que significa que unas 9.800 hectáreas están ingresando al mercado ilegal.

Si bien Yungas es la región donde tradicionalmente se ha cultivado la hoja de coca que mascan los indígenas bolivianos, Chaparé surgió en la década de 1980 como un centro de producción alternativo, principalmente como base para la cocaína. A primera vista, las cifras de la ONUDD parecen apoyar la afirmación de los habitantes de Yungas, según los cuales Chaparé es el principal responsable de este abastecimiento ilegal.

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La producción global de coca en Bolivia ha estado aumentando desde 2016, lo cual va en contravía de la tendencia decreciente de los cinco años anteriores. Entre 2016 y 2017, la producción aumentó 17 por ciento en Chaparé  y solamente 1 por ciento en Yungas. Esto llevó a que Chaparé concentrara hasta el 34 por ciento de los cultivos de coca de Bolivia. Debido a la mayor productividad de los cultivos de Chaparé, la ONUDD estima que la región produce casi la mitad de la coca del país. Pero su único mercado autorizado representa solo el 9% de las ventas.

La ONUDD señala además que el mercado de Chaparé es mucho menos accesible que el de Yungas, por lo que los productores de Chaparé pueden vender su producto directamente a los distribuidores locales. Esto no significa necesariamente que sea utilizado para fines no tradicionales.

Aunque es más probable que la coca de Chaparé ingrese al mercado ilegal, en esta zona también hay más actividades de erradicación: 78 por ciento, en comparación con el 18 por ciento en Yungas.

Los datos disponibles hacen difícil entonces establecer con certeza si las políticas de erradicación del gobierno afectan injustamente a los cultivadores de Yungas. Además, la actual distribución de zonas de cultivo autorizadas fue producto de negociaciones adicionales, en las que participaron los sindicatos de cultivadores de ambas provincias.

Lo irónico, sin embargo, es que las actuales políticas de erradicación forzosa y los violentos enfrentamientos con los productores de coca están empezando a parecerse a las acciones de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) en Bolivia en las décadas de 1980 y 1990, a las que Morales se opuso radicalmente.

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