Una de las principales organizaciones digitales de prensa en Venezuela nos conduce por un recorrido a fondo de las consecuencias de una de las políticas controversiales contra el crimen del gobierno: la OLP. Además, destapa historias sobre un escuadrón de la muerte a favor del gobierno, que trabaja junto a la aplicación de la ley en uno de los vecindarios más poblados y problemáticos del país.
Las gotas de sangre derramada por Johan Pérez todavía se ven secas en el suelo de uno de los pasillos del edificio 12, de la Terraza C de Ciudad Caribia. En el número 14, la entrada de la residencia donde vivió y murió Joel Pérez, exhibe los signos de haber sido forzada. En el edificio 25 de la Terraza B, la puerta de la casa donde cayeron los hermanos Anthony y Julio López tiene las marcas de tres disparos. Son rastros de que en el urbanismo hubo una Operación de Liberación del Pueblo Nueva Fase (OLP-NF) el pasado 30 de junio que dejó siete muertos y 10 detenidos.
La historia de estas muertes no comenzó aquella madrugada sino un sábado cinco días antes. A las 2:00 de la tarde se resquebrajó el silencio de la ciudad socialista que Hugo Chávez ideó en el Camino de los Indios, a 2,5 kilómetros de la autopista Caracas-La Guaira.
*Este artículo fue publicado originalmente en Runrun.es. Fue editado para su claridad y publicado con permiso pero no necesariamente refleja las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.
Estableciendo las bases
Decenas de motocicletas y camiones con más de 100 hombres y mujeres armados, con camisetas oscuras y pantalones militares arribaron al terreno, que el fallecido presidente quiso convertir en “comuna” luego de verlo desde un helicóptero. Eran los miembros de varios colectivos que hacen vida en Catia, específicamente en las adyacencias de la estación de Metro de Pérez Bonalde. La visita había llegado con tres anuncios.
El primero fue recibido con aplausos: Proponían organizar los Comité Locales de Alimentación y Producción (CLAP), creados recientemente por el Gobierno, para distribuir las bolsas de alimentos de la cesta básica en la zona.
“La gente salió mayormente a apoyar eso, porque hablaban siempre de la comida y la comida”, contó un testigo que pidió la protección de su identidad. Ante la escasez de alimentos, cualquier método de abastecimiento es popular.
El segundo propósito vociferado era vengar la muerte de su camarada, miembro del colectivo, Omar José Molina Marín, de 38 años de edad, cuyo cuerpo baleado fue encontrado en abril pasado en una zona boscosa en la entrada de Ciudad Caribia. Molina era coordinador local y operador del Sistema Integral de Transporte Superficial (Sitssa), presidente del Colectivo Lautaro y vocero comunal. Había sido precandidato del PSUV a la Asamblea Nacional.
Con el tercer anuncio se silenciaron los apoyos efusivos: los colectivos querían acabar con “los sindicalistas” que tenían bajo su control las obras de construcción del sector. Pero esos “sindicalistas” también son habitantes de Ciudad Caribia y de pronto los rostros de varios vecinos, supuestamente vinculados a actividades delictivas, fueron mostrados a todos los presentes través de una proyección con video beam en la plaza Hugo Chávez del complejo.
Los señalaban como paramilitares, vendedores de droga, gariteros, y en el mismo grupo metieron a Ana Cedeño, sub-directora de la escuela Bicentenaria Samuel Robinson y vocera del consejo comunal, y a Margarita Fórnica, otra vocera comunal y trabajadora de una escuela.
“Cuando comenzaron con eso, la gente se fue retirando poco a poco”, aseguró la fuente. Los colectivos permanecieron allí hasta después de las 8:00 pm.
El día siguiente, 26 de junio, otro grupo de hombres armados, con uniforme militar, visitó el lugar. Eran funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Dicen que fue Fórnica, quien mantiene contactos con el gobierno, la que pidió el apoyo de la Guardia Nacional para que hiciera requisas ese domingo y, a su vez, protegiera a los vecinos que no tenían nada que ver con los del sindicato. “Ellos (la GNB) tenían frenados a los colectivos ese día, porque querían subir otra vez pero no los dejaron”, apuntó el testigo. Muchos de los señalados en la proyección se fueron de Ciudad Caribia esa misma noche. Otros se quedaron porque no tenían nada que temer.
El lunes todo volvió a la “normalidad”, aunque comenzaron a correr rumores y la versión de que alias “Pata’e clavo”, uno de lo líderes del colectivo Pérez Bonalde en Ciudad Caribia, había jurado que la OLP colocaría en sus pies las cabezas de los supuestos delincuentes.
El asedio de Ciudad Caribia
El 30 de junio, grupos armados irrumpieron a las 4:00 am en el urbanismo y tomaron los edificios construidos por la Misión Vivienda.
“Todo eso se veía negrito. Tenían sueter y chalecos negros, pantalones militares camuflados, guantes y la cara tapadas con pasamontañas. Venían en esos jeep blancos como los que tiene el Cicpc y camionetas oscuras, de esas destapadas atrás. También había motos de la Guardia Nacional y otras camionetas que decían Sebin”, contó una de las vecinas que observaba escondida desde su ventana.
Los masivos e interinstitucionales despliegues son un sello distintivo de las operaciones de las OLP que comenzaron en julio 2015. La operación que llegó a Ciudad Caribia ese día era parte de una nueva fase "mejorada" de las OLP, anunciada por el presidente Nicolás Maduro a finales de mayo 2015.
El hijo adolescente de la señora le advirtió aterrorizado: “¡Llegó la muerte mamá! Esos colectivos son la muerte”.
Casi de inmediato los vecinos reconocieron, en el grupo de hombres armados y encapuchados, a varios de los miembros de los colectivos de Pérez Bonalde que habían estado el sábado en el urbanismo.
Con la advertencia de que se trataba de una OLP, estos hombres armados encabezaron el recorrido y la revisión de todas las terrazas del complejo, en compañía de funcionarios de los cuerpos de seguridad que ejecutan la OLP -Policía Nacional (PNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y Guardia Nacional (GNB)-. Nadie podía salir ni entrar del sitio. Los relatos de los habitantes del urbanismo reconstruyen escenas en donde se combinan los allanamientos ilegales “por orden de Nicolás Maduro”, los maltratos y abusos policiales, las amenazas y las ejecuciones extrajudiciales.
Alrededor de las 5:00 am, uniformados y colectivos estaban en la Terraza B, donde murieron Rodolfo Manrique y los hermanos Julio César y Anthony López. En la casa del primero, detalló un vecino, golpearon la puerta asegurando que se trataba de una OLP. Cuando la familia abrió, los encapuchados ingresaron y sacaron de su cuarto a Manrique, obrero de la construcción, quien estaba dormido.
“Nos dijeron que se lo iban a llevar al Helicoide, pero cuando lo buscamos ahí, nos informaron que nunca había ingresado”, contó un pariente del hombre. En horas de la tarde, hallaron su cuerpo en la morgue del Hospital Periférico de Catia con un disparo en el pecho.
“Ahora uno siente miedo de cualquier uniformado, nos da terror que vuelvan a Ciudad Caribia, porque además de policías había colectivos y malandros”, aseveró otro testigo que declaró con la condición de que no se revelara su identidad.
Aunque la mayoría lo vivió, prefieren decir que ese día no estaban allí. Nadie quiere hablar de ello y quien lo hace, lo hace con miedo.
El caso de los hermanos López es uno de los más comentados. “A esa mamá le mataron a sus dos hijos en su propia casa. Imagínese eso, ella no tiene a más nadie”, comentó un vecino. Anthony, de 25 años de edad, trabajaba como buhonero en Catia, mientras que Julio César, de 19 años, estudiaba bachillerato por parasistemas. Fue su madre quien abrió la puerta a las 5:00 am tras el anuncio de una OLP. La apuntaron con un arma. Al cabo de un rato, la sacaron de casa y la alejaron del sitio. Minutos más tarde, se escucharon varias detonaciones. El charco de sangre quedó en la sala. Los cuerpos de los muchachos los envolvieron en sábanas y lo tiraron en una camioneta pick up, que fue de parcela en parcela recogiendo los cadáveres.
“Esa gente disparó hasta después de matarlos. Se pusieron a echarle tiros a la pared y a la puerta para que pareciera un enfrentamiento”, comentó un conocido de la familia.
Aproximadamente a las 11:00 de la mañana, comisiones del Cicpc llegaron al lugar para realizar las experticias de rigor. En la Terraza C cayeron Joel Pérez y Johan Pérez, quien es señalado como líder de la banda “Los sindicalistas”. La entrada del edificio 14, donde vivía el primero, fue violentada. El portón de rejas rojas por el que se accede a este, descansaba días después sobre una pared luego de haber sido arrancado. Vecinos afirmaron que llegaron directamente a su casa a buscarlo. Allí adentro lo mataron. Johan Pérez trató de escapar de los hombres armados, pero no lo logró. A escasos metros de la entrada de su casa se veían, días después, las gotas de sangre que derramó en la huida infructuosa.
“Si tú ves que viene un encapuchado, entra a una casa y mata a una persona, tú no puedes estar tranquilo”, indicó un habitante de Ciudad Caribia a quien le revisaron la vivienda. “Me dijeron que me quedara tranquilo y que tenía que colaborar. Yo estaba desayunando y esa gente entró a todos los cuartos y al ratico salió. Estaban buscando a Johan”, acotó un testigo. La lista de decesos difundida por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz incluye a Jordán Pérez Castillo y Ricardo Fabián Cruz Cardona, pero no a Julio César López. Las fotos de todos los que murieron habían salido en la proyección hecha por los colectivos el sábado anterior.
En la Terraza B también hubo varias detenciones. En el edificio 11 sacaron de la casa a todos los hombres y los arrodillaron en los pasillos. A varios los golpearon y los llevaron en un camión al Sebin.
“A mi nieto de 14 años, que es un menor de edad, lo levantaron de su cama y lo apresaron con la excusa de que era un vendedor de droga y que tenía una pistola. ¡Cómo van a hacer eso! Yo vi lo que pasó y él no tenía nada de eso. Todo fue un abuso, Maduro va a terminar matando a los hijos de uno”, contó indignado un habitante de Ciudad Caribia. A su nieto lo liberaron al día siguiente.
Con esa misma suerte no corrió Italiani Muzzo, un chófer que fue detenido en el procedimiento. Luego de haber sido llevado a El Helicoide, permaneció encerrado en un camión en La Yaguara, “secuestrado” por funcionarios policiales que le exigían a su familia el pago de un rescate para dejarlo en libertad. Ahora está en los calabozos de la PNB en San Agustín. Su rostro, aseguró un testigo, fue mostrado en la proyección de video beam. “A ese no lo mataron porque la familia no lo dejó y porque tenía a su hija cargada. Ahora, los policías le están pidiendo 400 mil bolívares para liberarlo y le aseguraron que en cualquier momento regresaban para hacerle daño a la esposa y a los niños si no les pagaba. Pero esa gente no tiene nada”, relató.
Las OLP continúan, el crimen organizado también
A un año de la OLP, la actividad del crimen organizado sigue casi intacta en la Cota 905, El Valle y El Cementerio. El tráfico de drogas, las extorsiones, los secuestros y los homicidios no solo se mantiene en esta “zona de paz”, sino que algunos de estos delitos han evolucionado hacia sofisticadas prácticas.
En el caso de los homicidios, Runrun.es recopiló la data de un año de asesinatos -desde que inició la OLP- en los tres sectores y la violencia policial domina las estadísticas. Más de 62,9% de las víctimas son presuntos delincuentes que murieron a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado: en supuestos enfrentamientos con las autoridades, ejecuciones extrajudiciales y en el marco de la OLP.
Inti Rodríguez, coordinador de investigación de la ONG Provea, explica que con la OLP se han dado tres tipos de desplazamientos urbanos: Familias desplazadas por delincuentes, familias desplazadas por policías y policías desplazados por delincuentes. “Ha sido un fenómeno silencioso y no atendido por el Estado. En este momento conocemos 12 casos”, dijo.
El abogado y criminólogo Keymer Ávila afirma: “El efecto de toda esa violencia institucional es el aumento de la violencia social general e incluso la que opera en contra de los propios funcionarios de las fuerzas de seguridad. Así podemos apreciar como las muertes de policías no disminuyeron”.
Ávila está convencido de que los resultados de la OLP no son exitosos. “Ante la pregunta sencilla: ‘¿Disminuyó la violencia delictiva en el país?’. Lamentablemente la respuesta es no. Las OLP solo contribuyeron a su aumento. Este tipo de operativos incrementa tanto los delitos violentos cometidos por los propios cuerpos de seguridad, así como los de la sociedad en general. En 2015 aumentaron 53% las muertes a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, en comparación con 2014”.
*Este artículo fue publicado originalmente en Runrun.es. Fue editado para su claridad y publicado con permiso pero no necesariamente refleja las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.
SUSCRIBIRME