Colectivos de izquierda de Venezuela: ¿Criminales o revolucionarios?

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Un enfrentamiento reciente entre colectivos y la policía de Venezuela -que podrían haber llevado a la remoción del ministro del Interior del país- ilustra la compleja y ambigua relación entre el Estado y los grupos de militantes de izquierda en el país, los cuales incluso han sido acusados de actividad criminal.

El 7 de octubre, un violento enfrentamiento entre el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela y dos grupos de militantes de izquierda, conocidos como colectivos, resultó en la muerte de cinco miembros de los grupos. José Odreman, líder de una red de colectivos conocida como “5 de marzo” fue uno de los abatido durante el enfrentamiento.

En respuesta, la coalición 5 de marzo exigió la renuncia del ministro del Interior Miguel Rodríguez Torres y planeó una manifestación frente a la Fiscalía del país el 23 de octubre. La protesta fue cancelada en el último minuto, y al día siguiente el presidente Nicolás Maduro anunció que reemplazaría a Rodríguez Torres por la ministra de Defensa Carmen Meléndez.

Meléndez no perdió tiempo en purgar al CICPC y despidió inmediatamente a toda la dirección administrativa de la agencia. Por su parte, Maduro se comprometió en crear una comisión ejecutiva para supervisar la reforma policial y encargó a Meléndez la tarea de “revolucionar” la policía.

El colectivo 5 de marzo también exigió la renuncia de Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, a través de su cuenta de Twitter, desde la cual también criticó al político en varias ocasiones.

Luego, alrededor de un mes después del enfrentamiento con el CICPC, los colectivos organizaron una rueda de prensa en la que expresaron su oposición frente al programa de desarme del gobierno, con la lectura de un comunicado que representaba a 260 colectivos diferentes, que decía que se negaban a entregar sus armas.

“Nos parece totalmente absurdo que [el gobierno] esté pidiendo a los colectivos de trabajo revolucionario su desarme al mismo nivel que se le exige a cualquier banda delictiva”, decía el comunicado. “¡No! No somos bandas delictivas, somos organizaciones revolucionarias”.

El nexo entre los colectivos y el gobierno

La fecha en el que el ministro del Interior fue removido de su cargo ha dado lugar a la especulación de que el gobierno cedió a las demandas de los colectivos.

“Es difícil evitar la conclusión de que la presión de los colectivos (y sus aliados de alto nivel) jugaron un papel importante en esa decisión”, dijo a InSight Crime en un correo electrónico Phil Gunson, un periodista independiente para medios extranjeros. “Se podría argumentar que Maduro se limitó a utilizar eso como un pretexto. Pero sería bastante extraño, ya que le haría parecer débil y a merced de los grupos armados irregulares. No es bueno para la imagen pública, y es peor aún para las relaciones con los militares”, dijo.

Es difícil determinar el papel que el gobierno ha jugado en armar y financiar a estos grupos y hasta qué punto estará dispuesto a tolerar sus actividades.

La turbia naturaleza de los colectivos y su ambigua relación con el gobierno hacen difícil determinar con exactitud el grado de influencia que estos ejercen. Parte del problema está en que los colectivos no son homogéneos. En Venezuela, la palabra “colectivo” puede referirse a cualquier organización comunitaria con un propósito común, y van desde los grupos de vecinos que coordinan eventos sociales o que comparten algún pasatiempo en particular, hasta los colectivos de militantes acusados de atacar a quienes se manifestaron contra el gobierno a principios de este año. Incluso entre los colectivos armados que comparten el propósito declarado de defender la Revolución Bolivariana, existen diferencias en cuanto a las actividades que realizan y a su relación con el gobierno.

Alejandro Velasco, un profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York que ha realizado una amplia investigación sobre los movimientos sociales en Venezuela, dijo a InSight Crime que si bien la narrativa existente sobre los colectivos es que estos han formado una “colusión fuerte, estructurada y bien organizada” con el Estado, la realidad es mucho más compleja.

Hay algunos colectivos, como los “Tupamaros”, que tienen vínculos formales con el gobierno, y que incluso cuentan con su propio partido político. Los Tupamaros tenían lazos cercanos con el exalcalde de Caracas Juan Barreto, quien nombró a un líder del grupo como director adjunto de seguridad pública de la ciudad y reclutó a otros miembros para servir en las fuerzas de la policía metropolitana. Según un informe de International Crisis Group, se estima que en la nómina municipal había 7.000 personas vinculadas a los colectivos cuando el alcalde terminó su mandato en 2008. (Ver foto de mural a favor del colectivo Tupamaros) tupamaro

Otros colectivos, como la “Coordinadora Simón Bolívar”, limitan su contacto formal con el gobierno a solicitar la financiación de proyectos de la comunidad, dijo Velasco. Una tercera categoría de colectivos mantiene lazos aún más informales con las instituciones gubernamentales, pero aun así, los miembros individuales a menudo tienen acceso a las personas en el poder a través de su trabajo en la seguridad ministerial o como guardaespaldas de funcionarios públicos.

Como resultado de ello, es difícil determinar el papel que el gobierno ha jugado en armar y financiar a estos grupos y hasta qué punto estará dispuesto a tolerar sus actividades. Velasco dijo que los colectivos reciben fondos del gobierno a través de canales formales e informales, incluyendo fondos para sobornos que el gobierno reparte entre diferentes sectores, a los cuales los colectivos pueden acceder a través de peticiones directas o indirectas. En algunos casos, la financiación se obtiene incluso menos formalmente, con algunos colectivos confiándose de los lazos personales entre sus miembros y funcionarios del gobierno para acceder a los recursos, dijo Velasco a InSight Crime.

Según Gunson, algunos colectivos también se financian a sí mismos exigiendo dinero a cambio de protección o cobrando cuotas de afiliación.

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La fuente de las armas de los colectivos es tan turbia como ellos. El líder opositor Leopoldo López ha señalado que los colectivos son “grupos paramilitares armados por el gobierno y protegidos por funcionarios de uniforme”, pero otros, incluyendo a Velasco, rechazan la idea de que el gobierno haya armado directamente a estos grupos. (ver foto de mural atribuido al colectivo “Alexis Vive”)Alexis Vive Collective Pool

Según Velasco, para obtener armas, los colectivos utilizan los mismos canales informales que les dan acceso a capital político y financiero. Por ejemplo, algunos miembros de los colectivos también son integrantes de milicias formales, las cuales son armadas y entrenadas por el gobierno. Otros obtienen armas desempeñándose en temas de seguridad o como guardaespaldas. Velasco dijo que en general la relación entre el gobierno y los colectivos “habla mucho más de la porosidad del gobierno y de las ineficiencias y la incompetencia de ciertos sectores que sobre algún tipo de visión coherente”.

Independientemente de la forma en que obtengan sus armas, lo cierto es que si bien el gobierno ha declarado que sólo las fuerzas de seguridad oficiales pueden portar armas en defensa del Estado, éste nunca ha obligado a los colectivos a desarmarse. Como resultado, algunos colectivos han acumulado arsenales impresionantes que incluyen rifles automáticos, ametralladoras, granadas de fragmentación y bombas lacrimógenas. Gunson dijo que cree que pueden haber varios miles de colectivos armados en Venezuela, aunque varían en su nivel de organización y cantidad de armas.

¿Vigilantes de barrio o actores criminales violentos?

Como se desprende de sus declaraciones en la reciente conferencia de prensa, los colectivos justifican sus arsenales con el argumento de que defienden tanto a la Revolución Bolivariana como a sus barrios. Sin embargo, algunos grupos han ido mucho más allá de actuar como simples vigilantes de la vecindad. En 2008, por ejemplo, un colectivo se tomó la residencia del arzobispo de Caracas durante varias horas, después de acusar a la Iglesia Católica de conspirar contra el gobierno. En más de una ocasión los colectivos también han atacado a Globovisión, el canal de noticias de oposición.

Más recientemente, durante las protestas contra el gobierno a principios de este año, los colectivos fueron acusados del asesinato de manifestantes. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), los colectivos perpetraron al menos 437 ataques violentos contra los manifestantes durante el primer trimestre de 2014. David Smilde, el investigador sobre Venezuela en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), advierte que a pesar de que los colectivos fueron culpados por gran parte de la violencia, es probable que sólo hayan sido responsables de una pequeña parte de ella. “Básicamente a principios de este año se llegó al punto de que en cualquier momento que se viera un civil armado en una motocicleta, se referían a él como miembro de un colectivo”, dijo Smilde a InSight Crime.

Hay una gran animosidad entre las fuerzas de seguridad y los colectivos armados.

Los colectivos también se han enfrentado con las fuerzas de seguridad en numerosas oportunidades. Muchos colectivos comenzaron como grupos de autodefensa creados para proteger sus barrios de la violencia perpetrada por la policía y los actores criminales. Como resultado, hay una gran animosidad entre las fuerzas de seguridad y los colectivos armados. Velasco dijo a InSight Crimen que la policía y los colectivos estaban comprometidos en una “lucha histórica por quién tiene el control legítimo sobre el monopolio de la violencia en el Estado”, lo que ha llevado a una situación en la que los colectivos perciben a los policías como enemigos y los policías ven a los colectivos como “usurpadores”.

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También se han presentado denuncias de que algunos colectivos estarían involucrados en actividades delictivas. Según International Crisis Group, existe evidencia que sugiere que los colectivos se dedican al tráfico de drogas, armas, y al robo de vehículos. Gunson dijo a InSight Crimen que algunos colectivos se apoderan de las actividades criminales de las pandillas de barrio sobre las cuales se enfocan durante sus operaciones de “limpieza social”, y que otros se toman el control de edificios ocupados y cobran alquiler a los residentes. “No es ningún secreto que muchos colectivos participan en actividades criminales”, dijo.

El dilema de Maduro

“Para algunos son la última línea de defensa de la revolución. Otros piensan que realmente están jodiendo las cosas y que están socavando el Estado de derecho.”

Los enfrentamientos entre los colectivos y las fuerzas de seguridad han puesto al gobierno en una posición difícil. A pesar del papel desempeñado por las instituciones estatales en apoyar a los colectivos -ya sea formal o informalmente-, en ocasiones el gobierno también parece ver en estos grupos una amenaza.

Por un lado, como George Ciccariello-Maher -profesor de la Universidad de Drexel y autor de un libro sobre la revolución de Venezuela- dijo a InSight Crime en un correo electrónico, los colectivos “son uno de los elementos más importantes en el apoyo y defensa del gobierno chavista y el proceso revolucionario. El gobierno de Venezuela, más que cualquier otro, responde a su base”.

Sin embargo, al mismo tiempo, la administración de Maduro no quiere ser percibida como una que aprueba la violencia contra de la oposición. “Creo que los miembros de la coalición chavista tienen una relación ambivalente con estos grupos”, dijo Smilde a InSight Crime. “Para algunos son la última línea de defensa de la revolución. Otros piensan que realmente están jodiendo las cosas y que están socavando el Estado de derecho.”

Aunque en ocasiones el gobierno ha intentado controlar a los colectivos, nunca se ha esforzado por desarmarlos completamente, y, según algunos críticos, en gran medida les ha permitido actuar con impunidad. Y como sugieren los acontecimientos recientes, los colectivos cuentan con una gran cantidad de capital político -capital que podría aumentar si Maduro perdiera el poco control del poder con el que actualmente cuenta. (Ver foto de uno de los barrios marginales, donde muchos colectivos operan)2014.11.24 CaracasMilitias

“Ha habido una transición muy difícil después de la muerte de Chávez con Maduro en el poder”, dijo Smilde. “El gobierno es percibido como inestable, tanto por los partidarios como por los opositores. Eso hace que estos colectivos sea vean a sí mismos con una importancia aún mayor, como quienes podrían defender la revolución si el gobierno de Maduro no consiguiera hacerlo”.

Gunson se hizo eco de estos comentarios, afirmando que desde que Maduro llegó al poder, los colectivos “se han hecho cada vez más autónomos y seguros de sí mismos”. “En teoría son tropas de choque del régimen”, dijo, “pero algunos de ellos ahora están diciendo abiertamente que su apoyo es condicional. […] Chávez nunca les permitió tal independencia.”

La situación se complica aún más por la presunta participación de los colectivos en actividades ilegales. Independientemente del grado de esta participación, el hecho de que grupos de militantes sin supervisión del gobierno propensos a enfrentarse con las fuerzas de seguridad estén presionando al gobierno para satisfacer sus demandas y negándose a desarmarse, no augura nada bueno para Venezuela.

Si Maduro es derrocado y los colectivos armados tratan de defenderlo, el conflicto actual entre manifestantes a favor y en contra del gobierno podría desencadenar una violencia generalizada. Sin acceso a la financiación del gobierno, los colectivos también podrían comenzar a depender en gran medida de las actividades delictivas para financiarse.

Incluso si el régimen chavista se las arreglara para mantenerse en el poder, los colectivos probablemente continuarán enfrentándose con la policía. A menos que la corrupción policial y la violencia que inicialmente produjo animosidad entre las fuerzas de seguridad y los colectivos sea abordada adecuadamente, los asesinatos del 7 de octubre podrían marcar el inicio de una escalada del conflicto.

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