Colombia: a desmovilizar personas y no grupos criminales

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En medio de la cuarentena nacional, el gobierno colombiano emitió un decreto para someter a la justicia a los miembros de grupos criminales de forma individual. Aunque la iniciativa ya atrajo a varios ilegales, aún no es claro cómo funciona y si será efectiva en el país.

El 13 de mayo, en medio de operaciones del ejército en el departamento del Cauca, cinco miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se entregaron voluntariamente bajo un nuevo decreto que incentiva a los miembros de grupos armados a rendirse. Desde que el decreto entró en vigencia, 40 miembros del ELN se han rendido.

Con la nueva reglamentación, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, será el encargado de: “verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los Grupos Armados Organizados (GAO)”. Facultad que solo reposaba en las manos del presidente de la república.

*Lea la entrevista completa con Miguel Ceballos, Alto Comisionado de Paz, aquí.

El mismo Ceballos fue enfático en señalar que se trata de un sometimiento individual y no de un proceso de paz, como se hizo en el pasado con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el que se llegó a un acuerdo entre el gobierno y los principales líderes de esa guerrilla.

El decreto se dirige específicamente a los principales grupos criminales de Colombia: el Ejército de Liberación Nacional, elementos disidentes de las FARC, como las ex – FARC mafia, Los Urabeños, también conocidos como el Cartel del Golfo, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y Los Caparrapos.

Un precedente similar se dio en septiembre del 2017 cuando el líder de Los Urabeños, Darío Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, expresó su voluntad de desmovilizar a su grupo armado. No obstante, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, descartó la posibilidad de una negociación y apuntó hacia un sometimiento a la justicia.

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La directriz de presidencia se da unos días después que el ELN anunciara el levantamiento del cese al fuego pactado por el mes de abril, precisamente durante la cuarentena obligatoria por el efecto del coronavirus en Colombia. Según el grupo insurgente, no hay una voluntad por parte del gobierno para retomar los diálogos de paz.

Análisis de InSight Crime

La rendición de los miembros del ELN es una señal alentadora para el gobierno, pero todavía no es claro si esto tiene que ver con el nuevo decreto del gobierno. A lo largo de los años, alrededor de 4.400 miembros del ELN se han desmovilizado de diferentes maneras. Para que este decreto pueda ser efectivo, los miembros de otros grupos como las ex – FARC mafia, Los Caparros, entre otros otros, deberán acogerse.

La situación difiere para cada grupo. A pesar de la rendición de algunos miembro, el ELN ha crecido en número, tanto en Colombia como en Venezuela y ha aumentado su control sobre el tráfico de drogas y la minería ilegal.

Por su parte, Los Urabeños han perdido mucho terreno en los últimos años, aunque los reportes sobre su desaparición parecen exagerados y aún así, siguen siendo una de las fuerzas más importantes en el departamento de Chocó. De otro lado, a pesar de los esfuerzos por unificarse, las ex – FARC mafia no son más una sola fuerza criminal y sus frentes parecen tener distintos impactos criminales, dependiendo de la región.

Mientras tanto, Los Caparros, antiguos socios de Los Urabeños, han solidifcado su presencia en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba.

De los 5 grupos a los cuales apunta el gobierno con este decreto, solo el EPL parece tener problemas. Ha perdido parte de su fuerza en Catatumbo frente al ELN, mientras que sus facciones políticas y su disputa por el narcotráfico se han visto involucradas en conflictos internos durante los últimos meses, asesinando incluso a sus propios líderes.

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Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, detalló algunos de los incentivos que se ofrecen. Los desmovilizados estarán durante tres meses en hogares administrados por el Grupo de Atención Humanitaria para Desmovilizados (GAHD), donde podrán estar acompañados por sus parientes más cercanos.

Al mismo tiempo, un fiscal estará encargado de evaluar los crímenes y el proceso judicial por el que tendrán que cruzar.

“Acá nosotros no estamos cediendo frente a la posibilidad de ejercer la acción penal, la acción criminal contra estas personas. Lo que estamos haciendo es darles una ruta para que el tratamiento dentro de la acción penal y dentro de la justicia sea un tratamiento especial para aquellos que dejan las armas”, explicó el funcionario.

De acuerdo al Comisionado, se consideran rebajas de pena de hasta el 50% según los delitos cometidos por la persona que se somete a la justicia y se contempla un apoyo económico al final para el desarrollo de proyectos productivos. Así mismo, se espera que el proceso de tránsito a la vida civil pueda estar entre 5 y 6 años.

Fuera de estas condiciones, la administración del presidente colombiano, Iván Duque, no se ha mostrado dispuesta a conversar con grupos armados. Además de sus operaciones en curso en Cauca, el ejército colombiano ha perseguido objetivos del ELN en Bolívar y Chocó.

También ha estado ejerciendo presión sobre Cuba, para extraditar a los líderes del ELN varados allí desde que se rompieron las conversaciones de paz.

Según Ceballos, el gobierno estaría listo para sentarse con el ELN, si se cumplen las siguientes condiciones: la liberación de todos los secuestrados, la liberación de todos los menores dentro de sus filas y el fin de reclutamiento de niños y uso de minas terrestres.

A pesar de la rendición de algunos de sus miembros, el ELN continúa moviéndose entre Colombia y Venezuela.

“El balón está en la cancha de ellos”, explicó Ceballos.

El temor a que el coronavirus se extienda por las zonas rurales de Colombia, donde hay pocos recursos de salud, es otra razón para promover que las personas se rindes, comentó Ceballos.

“Usted sabe que la pandemia está generando una gran cantidad de preocupaciones frente al contagio en muchas de las zonas rurales del país. […] Entonces estamos hablando de cerca de 13.500 personas que hoy están en esos grupos y que pueden convertirse en un factor de diseminación, por un lado; segundo, ellos mismos pueden también contraer la enfermedad y también deben pensar en su salud y en sus vidas”, detalló el funcionario.

Con la nueva posibilidad de reincorporarse a la vida civil, los grupos criminales en Colombia y en particular sus miembros individuales, tendrán que decidir si continúan o no con actividades criminales en medio de la crisis de salud pública. Sin embargo, las economías ilegales, que parecen estar más fuertes que nunca, y el flujo constante de dinero de narcotráfico podría mantenerlos alejados.

 

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