Una controversia sobre la estrategia contra las drogas en Colombia refleja un sentido de urgencia en el gobierno por contrarrestar el auge de los cultivos de coca, cuando el país se prepara para dar fin a 50 años de conflicto armado con el grupo guerrillero de las FARC.
En una carta del 2 de septiembre (pdf), el fiscal general Néstor Humberto Martínez solicitó al Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia que considerara reanudar la fumigación aérea de los cultivos de coca.
La aspersión de la coca con el herbicida glifosato desde el aire fue por muchos años un pilar de la estrategia antinarcóticos de Colombia, pero en mayo de 2015 las autoridades prohibieron la práctica luego de que un informe de la Organización Mundial de la Salud descubriera que era un potencial carcinógeno. La aspersión se interrumpió formalmente el 1 de octubre de 2015.
El veto de la fumigación aérea descargó toda la responsabilidad de la erradicación de cultivos de coca en los erradicadores manuales. Pero Martínez citó cuatro razones por las que la erradicación manual “se ha vuelto imposible” en las actuales circunstancias:
1. Los 345 bloqueos y movilizaciones registradas en lo que va corrido del año, que han impedido a los erradicadores manuales cumplir su tarea.
2. El incremento de las minas antipersona y otras armas en las zonas de erradicación.
3. El peligro que enfrentan los erradicadores manuales ante los grupos armados ilegales y las enfermedades tropicales.
4. La disminución de los Grupos Móviles de Erradicación de 900 a los 200 actuales.
En respaldo de su posición, el fiscal general señaló con alarma el pronunciado incremento de los cultivos de coca en Colombia, con un aumento de 39 por ciento en 2015, en 96.084 hectáreas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), más del doble del mínimo de 47.788 hectáreas registrado en 2012.
La propuesta de Martínez desató una pequeña polvareda política. El ministro de salud del país, Alejandro Gaviria Uribe, se apresuró a rechazar la carta del fiscal general, aduciendo que “las razones para la prohibición de aspersiones aéreas con glifosato siguen vigentes”. El consejo editorial de El Espectador, uno de los diarios de mayor circulación en Colombia, también hizo una dura crítica a la propuesta.
No todos se mostraron tan cerrados a la propuesta, sin embargo. El exprocurador general Alejandro Ordóñez Maldonado se puso del lado de Martínez, y culpó del incremento en los cultivos de coca a la prohibición de fumigación.
“Sabíamos nosotros que con la suspensión de las fumigaciones iríamos a nadar en coca”, afirmó Ordóñez Maldonado.
El presidente Juan Manuel Santos pareció cerrar el tema, por ahora, al descartar la posibilidad de reinstaurar la fumigación aérea, en entrevista con la AFP el 5 de septiembre.
La propuesta se da menos de dos semanas después de que el gobierno colombiano y el mayor grupo insurgente del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anunciaran un acuerdo de paz definitivo luego de cuatro años de negociaciones. Ambas partes firmarán el acuerdo de paz a finales de septiembre, y el pueblo colombiano aprobará o rechazará el acuerdo en un referendo programado para el 2 de octubre.
Análisis de InSight Crime
La propuesta del fiscal general es producto de la frustración que experimentan las autoridades por la explosión de los cultivos de coca en Colombia en los últimos años, que ha destruido los avances ganados con mucho esfuerzo desde mediados de los 2000.
El gobierno estadounidense, importante aliado de Colombia y financiador del enorme paquete de ayuda en seguridad conocido como “Plan Colombia”, comparte esa frustración.
“El gobierno de Colombia ya no tiene el mismo programa de erradicación que tuvieron durante los últimos 20 años más o menos”, comentó William Brownfield, principal delegado antidrogas de Estados Unidos para la región, en una declaración ante el congreso en junio de 2016. “Hay interrumpido toda la erradicación aérea y no la han reemplazado con erradicación manual en tierra” (Escuche el audio del testimonio aquí.)
Más específicamente, el momento de la propuesta de Martínez pone de relieve los riesgos que plantea el incremento de la coca para los planes del gobierno luego del acuerdo de paz.
“La dinámica reciente de los cultivos ilícitos constituye una amenaza efectiva de la paz en el territorio”, aparece resaltado en su carta.
Con la salida que preparan las FARC de un conflicto de más de 50 años, se ha iniciado una competencia entre otros grupos armados ilegales en Colombia por tomar control de territorio estratégico ahora en poder de las FARC. Y con el control de este grupo hasta de 70 por ciento de toda la coca cultivada en Colombia no hay un premio mayor que los campos de coca mantenidos por las FARC, esparcidos en las montañas de todo el país. En Colombia, donde las fluctuaciones del mercado han incitado una migración de la minería ilegal a la coca, el nuevo oro es verde.
El fiscal general señaló que las áreas que han visto incrementos especialmente importantes en los cultivos, como en los departamentos de Norte de Santander, Caquetá, Nariño y Putumayo, son algunas de las más vulnerable a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, lo que, según anota, "ya empieza a evidenciarse”.
Por supuesto, el acuerdo de paz brinda a las autoridades colombianas una oportunidad de reducir los cultivos de coca introduciéndose en comunidades remotas donde la hoja se siembra en abundancia. Las FARC, que pueden ser el actor más importante en el mundo de la producción de cocaína, han accedido a abandonar el narcotráfico. Incluso participan en un proyecto piloto de sustitución de cultivos en el departamento de Antioquia, capital del negocio de los estupefacientes en Colombia.
Pero el gobierno colombiano no ha actuado con celeridad suficiente en lo que respecta a sus grupos criminales.
“El gobierno no está implementando realmente una estrategia en este momento; es ahí donde radica el problema”, observó Adam Isacson, asociado principal para la política de seguridad regional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus iniciales en inglés).
Isacson señaló que el acuerdo de paz con las FARC prevé una mayor presencia del gobierno en las zonas cocaleras y la integración de los agricultores a la economía local en esos lugares. Calificó esta como “la opción más efectiva” para reducir los cultivos de coca, así como la más costosa, pero señaló que “el acuerdo aún no se está implementando”.
Esto significa que Colombia ha terminado básicamente en el peor de ambos mundos: interrumpió la fumigación aérea hace casi un año, pero aún debe reemplazarla con una alternativa viable.
“En lugar de reanudar la fumigación, Colombia debe llevar a cabo las opciones que dice que planea llevar a cabo, sacar esos planes de la mesa y ponerlos en práctica”, comentó Isacson a InSight Crime.
Entre más espere el gobierno colombiano, más tiempo tendrán los grupos criminales para llenar el vacío dejado por la salida de las FARC; y entre más territorio tomen esos grupos, más difícil será para el gobierno dar marcha atrás a la creciente ola de coca. El tiempo apremia.
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