Una serie de denuncias de amenazas, extorsiones y restricciones a la movilidad por parte de comunidades indígenas en la frontera entre Colombia y Ecuador parecen mostrar el desplazamiento de redes criminales hacia esa zona para evadir crecientes controles de las autoridades en el Pacífico.
Las alarmas se han activado en la zona fronteriza entre Putumayo (Colombia) y Sucumbíos (Ecuador) debido a las denuncias presentadas en julio de 2018 a la Defensoría del Pueblo de Ecuador por miembros de la Comunidad Indígena Siona que habita allí.
Luego de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, otras organizaciones criminales binacionales, conformadas por disidentes de esta guerrilla y por otras estructuras locales, coparon los espacios y negocios dejados en la frontera entre Colombia y Ecuador.
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De acuerdo con un informe presentado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, luego de una visita efectuada a finales de agosto de 2018 en compañía de miembros de la Defensoría del Pueblo de Colombia, los indígenas tienen paso restringido en ambos países. Las restricciones se estarían produciendo mediante la instalación de minas antipersonales (MAP) y en algunos casos a causa del abandono de artefactos explosivos improvisados (AEI) por parte de las ex-FARC mafia.
La Defensora del Pueblo de Ecuador, Gina Benavides, dijo que las viviendas de los indígenas fueron impactadas por proyectiles producto de enfrentamientos entre organizaciones criminales, razón por la que solicitan la intervención de la comunidad internacional y no de las autoridades locales, cuya injerencia podría incrementar los enfrentamientos.
La disputa por este territorio es causada principalmente por la presencia de cultivos ilícitos, especialmente del lado colombiano. Tanto Putumayo como Nariño ocupan los primeros lugares en número de cultivos de coca.
Análisis de InSight Crime
La importancia geoestratégica de la frontera entre Sucumbíos y Putumayo hace que la zona sea altamente atractiva para organizaciones criminales, y un enorme desafío para las autoridades.
Desde 2016 las autoridades conocen de la presencia de miembros de las ex-FARC mafia en la zona binacional. Sin embargo, debido a hechos como el secuestro y asesinato de tres periodistas ecuatorianos y el atentado efectuado contra una estación de policía en San Lorenzo (Esmeraldas), las acciones para contrarrestar la presencia de actores y actividades criminales, desde ambos lados de la frontera, se han concentrado en el pacífico y en la frontera entre Nariño y Esmeraldas. Allí es donde Walter Patricio Arizala, alias “Guacho”, quien lideraba la disidencia del “Frente Óliver Sinisterra” de las ex-FARC mafia, tenía mayor influencia.
A pesar de los controles de las autoridades, las actividades criminales asociadas directamente con el narcotráfico se mantienen en esta zona. Aunque también se están desplazando nuevamente a la provincia de Sucumbíos, la cual está siendo ocupada por diferentes organizaciones criminales, interesadas en mantener el flujo de sus negocios ilegales así como evitar el radar de las autoridades.
De acuerdo con información conocida por InSight Crime, entre las organizaciones criminales identificadas que hacen presencia en la zona fronteriza se encuentran estructuras tipo ex-FARC mafia de los frentes 48 y 49, los Comuneros o Movimiento Revolucionario Alfarista y La Constru; las cuales no solo se dedican al narcotráfico, sino que tienen redes dedicadas al transporte de sustancias como precursores químicos y gasolina, entre otras.
En este sentido, funcionarios policiales de alto nivel indicaron a InSight Crime que han identificado la migración de las rutas del narcotráfico desde la provincia de Esmeraldas hacia la zona amazónica, atravesando la provincia de Carchi hasta llegar a Sucumbios, donde el flujo de droga ha aumentado considerablemente.
La importancia geoestratégica de la frontera entre Sucumbíos y Putumayo es conocida por las estructuras de crimen organizado, que a principios de este año atacaron de forma directa a tres policías ecuatorianos de Antinarcóticos, uno de los cuales murió. Así mismo, de acuerdo a las autoridades ecuatorianas, durante el último año han muerto nueve ciudadanos colombianos acusados de actividades de tráfico de drogas en el cantón de Lago Agrío en Sucumbíos. Todas estas acciones que demuestran los retos que deben enfrentar las autoridades para poder restablecer el orden.
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