A Colombia le quedan otros retos tras firma del histórico acuerdo de paz

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Finalmente, Colombia ha firmado un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del hemisferio Occidental. Pero mientras las economías criminales del país sigan siendo fuertes, el fin del conflicto armado aún está lejos.

Fue muy emotivo el momento en que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko”, firmaron un histórico tratado de paz el 26 de septiembre, poniendo un final simbólico a la guerra civil más larga del continente.

Mientras el mundo observaba el desarrollo de la ceremonia en la emblemática ciudad de Cartagena, el líder guerrillero Timochenko pidió disculpas a todas las víctimas a las que las FARC les pudo haber causado daño y prometió que la guerrilla depondría sus armas para convertirse en un movimiento político.

Posteriormente, al final de su discurso, el presidente Santos citó las palabras del himno nacional de Colombia: “Cesó la horrible noche, y la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo”.

“Hoy los invito a todos […] a que abramos los brazos, los ojos, las mentes y demos la bienvenida al nuevo día. Abramos nuestros corazones al nuevo amanecer […] el amanecer de la paz, el amanecer de la vida”, concluyó el presidente.

 

La ceremonia de firma en Cartagena de Indias, Colombia

No fue fácil llegar a este punto. Los delegados del gobierno y de la guerrilla —acompañados de garantes internacionales— se sentaron en la mesa de negociaciones en La Habana, Cuba, durante cuatro largos años para llegar a acuerdos sobre reforma agraria, política de drogas, lucha contra el crimen organizado, participación de las FARC y de los grupos sociales marginados en la política, justicia transicional y reparación a las víctimas.

Mientras caía la tarde en la ciudad portuaria del Caribe, y las dos personalidades plasmaban sus firmas en el acuerdo final, Colombia se preparaba para su próximo desafío: la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz en todo el país.

Y el resto del mundo también se preparaba. Tras la firma del acuerdo, la Unión Europea sacó a las FARC de su lista de organizaciones terroristas, en la que el grupo guerrillero había estado desde 2002.

Ese mismo día, el secretario de estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que el gobierno estadounidense consideraría retirar a las FARC de su lista de organizaciones terroristas, en tanto la guerrilla cumpla con los acuerdos de paz.

Refiriéndose al tema de las drogas ilícitas en el país, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, dijo que Estados Unidos aceptó la decisión de Colombia de suspender la fumigación aérea de los cultivos ilícitos, pero que ambos países necesitan ahora encontrar otro medio eficaz para reducir los cultivos, informó RCN Radio.

Whitaker mencionó cuatro estrategias claves: mayor erradicación, destrucción de laboratorios, reducción de la demanda en el mercado estadounidense y ofrecimiento de alternativas a los agricultores de cultivos ilícitos.

Análisis de InSight Crime

El retiro de las FARC del campo de batalla no significará el fin del conflicto interno del país. De hecho, la construcción de una Colombia “posconflicto” será una tarea tan difícil como las negociaciones, al menos por el enorme botín criminal que ofrecen las actividades ilícitas como la minería ilegal y el tráfico de drogas.

Por ejemplo, otros grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como las organizaciones de tráfico de drogas, inevitablemente aprovecharán la desmovilización de las FARC para apoderarse de sus antiguos territorios. Y hay un alto riesgo de que algunos elementos de las FARC —hasta un 30 por ciento, según estimaciones de InSight Crime— ignorarán el acuerdo de paz y continuarán participando en actividades criminales.

El auge del tráfico de cocaína en Colombia puede ser el principal promotor de la nueva dinámica criminal del país y la mayor amenaza para la paz en el futuro. Los cultivos de coca se han más que duplicado desde que comenzaron las conversaciones de paz, en parte debido a la polémica decisión del presidente Santos de detener las fumigaciones aéreas, y en el país se están produciendo al menos 650 toneladas métricas de cocaína al año.

Este enorme mercado servirá para financiar una nueva generación de disidentes guerrilleros y generará mayores conflictos entre los grupos armados que pretenden controlar el comercio ilegal de la droga. Este escenario plantea una grave amenaza para la misión del estado de establecer gobernabilidad en las zonas donde las FARC han sido la única autoridad de facto durante décadas. El gobierno tendrá que esforzarse para implementar efectivamente las reformas de la política de drogas que ha prometido, si quiere evitar que otros grupos continúen lo que las FARC han dejado.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Paz con las FARC

Pero el proyecto del “postconflicto” ya ha encontrado nuevos obstáculos. Las FARC y el gobierno parecen estar en desacuerdo acerca de cuándo debe comenzar el proceso de desarme de la guerrilla. Según el texto del acuerdo final, el llamado “Día D” coincide con la firma del pacto, el 26 de septiembre. Durante los siguientes ocho días, las FARC deben empezar a entregar información sobre sus armas y sobre el número de miembros a los observadores de las Naciones Unidas, y comenzarán a trasladarse a las zonas de concentración, donde se desarmarán oficialmente.

Sin embargo, el principal negociador de las FARC, Iván Márquez, ya ha insinuado que el Día D puede retrasarse hasta que la Corte Constitucional establezca la amnistía para los guerrilleros como una ley —un proceso que podría tomar semanas o incluso meses—. La importancia de esta fecha es crucial, dado que entre más se demoren las FARC para concentrar a sus tropas, éstas tendrán más tiempo para reorganizar sus economías criminales y redistribuir sus armas.

Lo que parece ser cierto, especialmente si las FARC ya no es considerada una organización terrorista, es que cualquier disidente guerrillero perderá todo estatuto político y será tratado como un criminal común. Los funcionarios del gobierno ya dejaron claro que este tipo de grupos se enfrentarán con toda la fuerza de los militares.

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