Cuarenta días después de que Colombia rechazara un acuerdo de paz entre el gobierno y los insurgentes de las FARC, se firmó un segundo acuerdo con 56 enmiendas, que vuelve a encauzar el proceso de paz. Sin embargo, aún hay grandes retos por delante.
El nuevo acuerdo se firmó el 12 de noviembre en La Habana, Cuba, sede de más de cuatro años de difíciles negociaciones entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la plana mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El nuevo acuerdo lo firmaron el jefe de negociadores de las FARC Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", y el jefe de los representantes del gobierno, Humberto de la Calle (en la imagen abajo, izquierda y derecha, respectivamente).
Al estudiar el nuevo tratado de paz, se parece bastante al que se firmó el 26 de septiembre con gran despliegue internacional. Parece que hubo algunos pequeños ajustes para resolver las reservas de la oposición, dirigida por el expresidente y ahora senador, Álvaro Uribe. Los políticos de la oposición no fueron invitados a asistir a los diálogos que modificaron el acuerdo y ni siquiera se les permitió dar una mirada preliminar al nuevo documento de 310 páginas antes de su firma. (Para ver el documento completo, vea este pdf)
Aquí se desglosan los principales aspectos y enmiendas:
1. La controvertida Jurisdicción Especial para la Paz, el marco legal para el acuerdo y pilar central del acuerdo, se mantiene pese a las peticiones de la oposición de descartarla. Esta Jurisdicción Especial garantiza que ningún insurgente, incluso los culpables de delitos de lesa humanidad, recibirá condenas de más de ocho años mientras coopere plenamente con las investigaciones. Según el acuerdo de septiembre, esta sentencia debía hacerse en condiciones de "libertad restringida", que se dejó en gran parte sin definir. La oposición quería que esto incluyera un tiempo de cárcel o por lo menos la confinación en granjas penales. El nuevo acuerdo establece que los insurgentes condenados estarán restringidos a un área geográfica muy limitada, pero vivirán en una residencia a lo largo de toda su sentencia, en la medida en que participen en la consolidación de la paz. Se hizo una concesión, a saber, que los veredictos de la Jurisdicción Especial puedan recusarse y que la Corte Constitucional tenga la última palabra.
2. Elegibilidad en cargos públicos. La oposición al acuerdo decía que ningún insurgente declarado culpable de crímenes de lesa humanidad —que es casi la totalidad de los altos mandos de las FARC— debería poder asumir cargos públicos.
"Nada puede justificar la elección de Timochenko [alias del comandante en jefe de las FARC Rodrigo Londoño Echeverri] al Senado o a la Presidencia, o de Joaquín Gómez [alias de otro importante comandante de las FARC, Milton de Jesús Toncel Redondo] como gobernador de La Guajira", declaró Uribe.
"Yo entiendo que este es el sentir de muchos ciudadanos", respondió el presidente Santos. Pero dijo que "la razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es precisamente que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad".
Así, pues, todos los comandantes de las FARC siguen siendo elegibles para cargos políticos y podrán tomar las 10 curules garantizadas en el Congreso (cinco en la Cámara de Representantes y cinco en el Senado) por dos periodos de cuatro años, como se estableció en el acuerdo original.
3. Dinero de las FARC y narcotráfico. Casi nadie cree las aseveraciones de los insurgentes sobre su quiebra. Las FARC se dieron cuenta de que esto les generaba problemas, y dos días antes del plebiscito del 2 de octubre dijeron que considerarían la entrega de algunos bienes para compensar a las víctimas. Fue demasiado poco, y demasiado tarde, y esto tuvo un gran peso en el triunfo del voto por el "No". En los términos del nuevo acuerdo, las FARC han prometido que prepararán una lista de sus bienes para entregar como parte de la reparación para las víctimas.
Después de más de tres décadas de lucrarse del negocio de la cocaína, el problema del narcotráfico estaba en el centro de las quejas de la oposición. Según el acuerdo de septiembre, las actividades de narcotráfico en las que participaron los insurgentes se consideró un crimen político, pues las ganancias se usaron para financiar la revolución. Esto se mantiene, aunque el nuevo acuerdo estipula que cada caso de narcotráfico se tratará por separado para garantizar que los dineros se destinaron a la causa revolucionaria, no al enriquecimiento personal. De hallarse que hubo enriquecimiento personal, el caso pasará a la jurisdicción penal normal. Los implicados en narcotráfico también deben dejar todas las rutas, contactos y funcionamiento interno del negocio para poder acogerse a la amnistía.
4. Incorporación del acuerdo en la Constitución. Esta fue una seria concesión al bando del "No". Según el acuerdo de septiembre, la totalidad del acuerdo de 297 se integraría a la Constitución. Los guerrilleros insistieron en esto, por temor a que el nuevo presidente hiciera parte de elementos políticos opuestos al acuerdo y cambiara las reglas del juego. Según el nuevo acuerdo, solo se añadirán a la Constitución las secciones del acuerdo que tocan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Parece que los guerrilleros quedan satisfechos con que la veeduría internacional y las garantías judiciales implementadas los protejan en el futuro.
Análisis de InSight Crime
Aunque parece que el gobierno y las FARC han cedido poco al bando del "No", esto no augura que el proceso de paz no enfrente complicaciones. Seguimos esperando la reacción de la oposición, que podría aducir que no se respetaron los deseos de la mayoría de votantes en el plebiscito. El expresidente Uribe ha dicho que él y su equipo aún tienen que leer y asimilar el documento, pero dijo a Santos que esto "no debe ser definitivo" como acuerdo final hasta que ellos hayan tenido oportunidad de comentarlo.
El otro tema es si Santos permitirá que el pueblo colombiano vote de nuevo sobre el acuerdo. Es muy posible que pierda en una segunda votación. Lo más probable es que simplemente presente el acuerdo firmado al Congreso, donde tiene mayoría, para votar el acuerdo. Una vez haya pasado por el Congreso, debe ir a la Corte Constitucional para la ratificación final antes de convertirse en ley. Si Santos hubiera ganado el plebiscito, el acuerdo hubiera pasado por el Congreso rápidamente con estatus de "vía rápida", donde los legisladores habrían tenido un simple voto de sí o no, sin potestad de cambiar el acuerdo. A menos que Santos convoque a otro plebiscito y lo gane, podría no tener su opción de vía expresa, en cuyo caso el nuevo acuerdo tendría que pasar por el congreso a la velocidad normal y estaría sujeto a debate y posiblemente a enmiendas. Aunque esto podría hacerse en cuatro a seis mees, elementos de la oposición podrían retrasar deliberadamente el proceso. Entonces el acuerdo podría hacer parte de la campaña electoral de 2018, lo que dilataría aún más su implementación.
Sin embargo, Santos no es el único que tiene serios desafíos por delante. Timochenko también está tratando de mantener unido su ejército insurgente. InSight Crime asistió a la X Conferencia de las FARC en septiembre, cuando se reunieron delegados insurgentes de todo el país para debatir y aprobar el acuerdo inicial. Aunque se aprobó el acuerdo, varios comandantes guerrilleros de rango medio expresaron honda preocupación por su contenido. Una columna insurgente, el Frente Primero de las FARC en Guaviare, ya se ha desligado, al anunciar que no respetará el acuerdo y se mantendrá en la lucha revolucionaria. InSight Crime, después de más de 18 meses de investigación en campo por todo el país, cree que el Frente Primero no es la única columna guerrillera muy descontenta con el acuerdo de paz.
Después del plebiscito de octubre, Santos anunció que solo se extendería el cese bilateral al fuego hasta el fin del mes. Fuentes insurgentes consultadas por InSight Crime comentaron que esto causó pánico entre las unidades guerrilleras. Muchos habían dejado sus plazas fuertes, y se movían por corredores "abiertos" para ellos por el ejército hacia las zonas de concentración acordadas en el tratado de paz, o para asistir a la X Conferencia. Muchas llevaban semanas de viaje. Así que dar a las FARC apenas tres semanas implicó que muchas columnas guerrilleras entraron en pánico y comenzaron a moverse hacia atrás para retomar las posiciones de guerra. Santos se dio cuenta de este erro y extendió el cese al fuego hasta el fin del año. Pero el daño ya estaba hecho, y muchos insurgentes temieron que el ejército se estuviera preparando para lanzar una ofensiva, como sucedió después del fracaso de los procesos de paz en 1990 y 2002. La frágil confianza que ciertas facciones guerrilleras tienen en el gobierno se vio gravemente afectada.
"El cese al fuego es frágil", admitió Santos. "La incertidumbre genera temores y aumenta los riesgos de echar este inmenso esfuerzo al traste".
Los nuevos acuerdos sobre narcotráfico también podrían presionar a ciertos comandantes guerrilleros muy involucrados en el negocio de cocaína y marihuana a separarse del proceso. Aunque el narcotráfico sigue siendo un delito político en el nuevo acuerdo, ahora cualquier integrante de las FARC que participe en el negocio será puesto bajo la lupa y tendrá que renunciar a todos sus asociados, en muchos casos, parientes que no hagan parte de la guerrilla. Algunos jefes insurgentes podrían considerar que este es un riesgo demasiado grande, muchos de quienes aborrecen renunciar a las inmensas ganancias que los estupefacientes les generan.
VEA TAMBIÉN: FARC, paz y posible criminalización
Mientras entrevistaba a integrantes de las FARC en el campo, InSight Crime también vio que es muy posible que los guerrilleros tengan un Plan B en caso de que el acuerdo colapse o que el gobierno incumpla los términos del acuerdo. Unos 1.500 de los guerrilleros más dedicados y veteranos podrían no rendirse, sino seguir en el campo, ocultos o atravesar la frontera a la vecina Venezuela, que enfrenta sus propios problemas. Tampoco se entregará una cantidad de armas a las Naciones Unidas. Escuchamos varios rumores distintos de este plan, pero había un hilo común, y era la columna móvil Teófilo Forero, lo más parecido que tiene las FARC a un cuerpo élite de Fuerzas Especiales, la cual ha sido responsable de varias bombas en Bogotá y que ha demostrado capacidad para actuar mucho más allá de su base en Caquetá.
La implementación del acuerdo aún tiene un largo camino por recorrer, y entre más se demore más probabilidades hay de que las FARC se fraccionen. Anteriores procesos de paz en Colombia, el del Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1991 y el de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006, terminaron dejando cerca de 20 por ciento de sus combatientes en el campo. No hay razón para que las FARC no pasen por lo mismo; muchos factores, como las ganancias de las drogas, la minería y la extorsión, podrían implicar que más combatientes open por quedarse por fuera del nuevo acuerdo.
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