El principal oficial militar de Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe elogió recientemente la participación de las fuerzas armadas de la región en la lucha contra el crimen organizado, una postura polémica que probablemente se origina en la política en torno a la asistencia que Estados Unidos ofrece a otros países en materia de seguridad.
El 17 de agosto, en uno de los discursos de inauguración de la Conferencia de Defensa Sudamericana en Uruguay, el almirante Kurt Tidd, comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SouthCom), dijo que las fuerzas armadas de Latinoamérica y el Caribe se están adaptando a un “entorno de seguridad global [que] es el más complejo, inestable e imprevisible del último medio siglo”.
“Ya no solo nos estamos enfrentando a conflictos convencionales que desplazan a millones de personas y desestabilizan a regiones enteras”, dijo Tidd; “también estamos enfrentando amenazas complejas y que operan en redes, como el crimen transregional y el extremismo violento, que trascienden las fronteras y loa límites”.
Los comentarios de Tidd encajan con el tema elegido para la conferencia: “El cambiante papel de los militares en la región”.
El comandante de Comando Sur les dijo a los asistentes que las nuevas amenazas como las que plantean las organizaciones criminales “desdibujan las líneas entre seguridad interior y defensa”, y que hacer frente a dichas amenazas requiere “respuestas creativas por parte de unas fuerzas de seguridad reconceptualizadas”.
Tidd expresó su apoyo a una mayor participación de los militares para hacerle frente a los retos de seguridad emergentes. Reconoció que los ejércitos de la región han logrado “abrir nuevos espacios” y “trazar nuevas rutas” en términos de sus actividades en la región, y agregó que “están demostrando un compromiso impresionante para mejorar la seguridad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras”.
“Nuestro reto es que seamos creativos e imaginativos... especialmente en lo que tiene que ver con el porvenir de nuestros ejércitos”, dijo Tidd.
Análisis de InSight Crime
En gran parte de Latinoamérica y el Caribe la ciudadanía apoya la participación de los militares en la lucha contra la actividad criminal. Pero Comando Sur tiene un interés institucional especial en promover la participación de los militares para combatir el crimen organizado en la región.
Además de supervisar la gran base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, otra importante actividad de Comando Sur en el área de la cual es responsable consiste en administrar la ayuda en temas de seguridad a los países socios. De hecho, en un testimonio ante el Senado de Estados Unidos en marzo de este año (pdf), Tidd dijo que “fomentar las capacidades conjuntas es la piedra angular de todo lo que hacemos”.
Sin embargo, Estados Unidos prácticamente no enfrenta ninguna amenaza militar de ningún país de la región, y los países de la región no enfrentan prácticamente ninguna amenaza militar de las demás naciones. Esto significa que Comando Sur tendría muy poco que hacer —y por lo tanto, dispondría de un presupuesto muy reducido— si no se dedica a entrenar a las fuerzas armadas de Latinoamérica y el Caribe para luchar contra el crimen organizado.
Esta situación plantea una serie de problemas desde la perspectiva de la seguridad pública y los derechos humanos. En años recientes, muchos expertos han puesto en duda la conveniencia de la participación de los militares en operaciones contra las organizaciones criminales. Un creciente cuerpo de evidencia sugiere que desplegar al ejército para combatir a los grupos criminales tiende a no ser efectivo para desmantelar las redes criminales en el largo plazo, y por el contrario puede aumentar la violencia en el corto plazo.
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Pero a pesar de estas preocupaciones, muchos países de la región han incorporado a las fuerzas armadas en las actividades de lucha contra el crimen, a menudo con el apoyo de Comando Sur. Por ejemplo, Greg Julian, director de asuntos públicos de Comando Sur, se refirió en 2013 a Honduras como un aliado “fantástico” en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de las persistentes preocupaciones sobre la corrupción y las violaciones a los derechos humanos por parte de las unidades militares encargadas de las operaciones antinarcóticos. Y en abril de 2014, el entonces comandante de Comando Sur, general John Kelly, describió a México como “un socio increíble” en la lucha contra el narcotráfico; esto lo dijo menos de tres meses antes de que algunos soldados mexicanos supuestamente masacraron a más de una docena de personas en una escena de crimen.
Por otra parte, algunos agentes del gobierno de Estados Unidos han expresado sus reservas con respecto a la inversión del dinero de los contribuyentes para prestar asistencia a los gobiernos cuyos ejércitos han sido acusados de violaciones a los derechos humanos durante sus operaciones contra las organizaciones criminales. El año pasado, el Departamento de Estado le asignó a Perú varios millones de dólares que estaban destinados para México, debido a asuntos relacionados con los derechos humanos. Y este año, el congresista Hank Johnson presentó un proyecto de ley que podría bloquear toda la asistencia estadounidense en materia de seguridad a Honduras hasta que ese país tome medidas para abordar los asuntos relacionados con derechos humanos.
Aun así, el Departamento de Defensa ejerce una significativa influencia en los pasillos del Congreso, los que significa que los fondos de Estados Unidos para la ayuda militar contra el crimen podrían tener continuidad. Y dado que esto puede beneficiar a Comando Sur y a los ejércitos de Latinoamérica y el Caribe, resulta mucho menos probable que se ayude a los países de la región a enfrentar los complejos desafíos asociados al crimen organizado, como el consumo de drogas, el lavado de dinero y la corrupción de las élites.
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