Un funcionario de El Salvador ha propuesto penalizar a las empresas por el pago de extorsiones, lo cual ha dado en el centro del debate sobre el dilema de seguridad en el país.
El debate comenzó el 4 de marzo, cuando la principal empresa de bebidas de El Salvador, Industrias La Constancia (ILC), anunció que suspendería temporalmente las operaciones en su división de embotellamiento de Agua Cristal debido a la “situación de inseguridad en los alrededores del mercado ‘La Tiendona’” (vea el comunicado de prensa abajo).
El comunicado no hizo mención a las extorsiones, pero muchas personas han sido asesinadas en La Tiendona en los últimos meses, en gran parte como represalia por negarse a pagar extorsiones. (ILC es propiedad de SABMiller, el gigante de cervezas y refrescos.).
El secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, se refirió al hecho durante una entrevista de televisión en Canal 10.
Según La Prensa Gráfica, así se expresó el funcionario: “Voy a decir algo que no sé si deba decirlo. [Industrias] La Constancia [...] es una de las empresas que ha estado pagando a los extorsionistas. Han pagado cientos de miles dólares a la delincuencia y hoy se ha acostumbrado la delincuencia a que la extorsione”.
Lorenzana propuso que el pago de extorsiones debería ser castigado por la ley, y que, en lugar de hacer los pagos, las empresas deberían denunciar a los delincuentes, informó El Diario de Hoy.
El funcionario agregó que es lamentable que algunas empresas deban pagar extorsiones, mientras que al mismo tiempo evaden impuestos, aunque dijo que éste no era el caso de ILC.
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Los comentarios de Lorenzana provocaron las inmediatas reacciones de los empresarios. La directora de la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES), Sonia Jules, consideró que la respuesta del funcionario fue “irresponsable”, y defendió a las empresas que son blanco de los grupos criminales, según informó El Diario de Hoy.
“No es que la empresa tenga la culpa. Si las empresas han pagado [extorsiones] es para seguir dando trabajo, entrar a lugares y vender sus productos”, explicó la directora de ADES. “¿Por qué? Porque el gobierno no ofrece seguridad”.
Jules agregó que las empresas trabajan mano a mano con la policía y la Fiscalía para combatir la extorsión.
Análisis de InSight Crime
El Salvador está atravesando por una profunda crisis de seguridad, y los comentarios de Lorenzana, así como las respuestas de la comunidad empresarial, ilustran lo difícil que es salir de esta agitada coyuntura.
El gobierno considera que las empresas privadas son una de las fuentes de sustento de los grupos criminales, especialmente aquellas que contribuyen a la economía criminal mediante cosas como la extorsión, y las que no denuncian estos actos criminales.
Los empresarios, por su parte, consideran que el problema es el gobierno —o su ausencia—. Cuando es víctima de la violencia, la comunidad empresarial invierte recursos en el aumento de la seguridad o en los pagos a los criminales con el fin de mantenerlos distantes (o a veces para que los protejan de otros criminales).
Los efectos pueden ser devastadores y la magnitud de la economía criminal, sorprendente. Las micro, medianas y pequeñas empresas pierden entre US$30 y 60 millones cada mes a causa de las extorsiones, según el Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes).
Cada parte acusa a la otra de sus problemas, y no se muestra dispuesta a invertir el dinero necesario para cambiar la situación.
¿Quién tiene la razón? Ambos argumentos tienen validez.
Las respuestas de la comunidad empresarial llaman la atención sobre el hecho de que las víctimas de la extorsión, bien sean individuos o empresas, tienen pocas opciones. Los extorsionistas amenazan a menudo a sus víctimas para que les paguen sus cuotas, y una respuesta negativa puede llevar a represalias violentas o incluso a la muerte.
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Un ejemplo reciente ocurrió en la vecina Guatemala, donde presuntos miembros de una pandilla mataron a dos personas en un autobús, aparentemente porque no habían pagado una extorsión. Destruir o incendiar las propiedades de las empresas que se niegan a pagar las extorsiones es una táctica común en toda Latinoamérica.
Dados los riesgos concomitantes, se puede considerar que penalizar el pago de las extorsiones es injusto y que resulta ineficaz para disuadir a la gente de ceder a este tipo de presiones.
Sin embargo, las élites también han empobrecido sistemáticamente a los gobiernos, han debilitado a los sistemas judiciales para satisfacer sus propias necesidades, y han evadido el pago de impuestos. El resultado es un Estado ausente, corrupto e incompetente, que a menudo es producto de las acciones de las mismas élites.
En definitiva, la lucha contra la extorsión, y contra los grupos criminales en general, requiere que ambas partes hagan esfuerzos. Pero los enfrentamientos públicos como el de Lorenzana y la comunidad empresarial no ayudan a conducir a El Salvador por el camino correcto.
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