Iván Velásquez, director de un organismo que lucha contra la impunidad en Guatemala, conocido como CICIG, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, discute con El Faro los grandes logros de la comisión, así como los retos que aún quedan por enfrentar.
Velásquez, quien está al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), permitirá que esta entrevista se extienda media hora más de lo pautado y responderá cada pregunta como si su cargo dependiera de ello, con la claridad de alguien que ha reflexionado sobre las mismas ideas una y otra vez.
Esta entrevista fue editada en su longitud y claridad, y publicada con permiso de El Faro. Vea el original aquí.
Velásquez es un abogado y exmagistrado colombiano de 60 años, Velásquez sabe que él y la CICIG no son bien vistos por muchas de las autoridades que se oponen a ser investigadas. Hasta abril pasado, el mismo gobierno de Otto Pérez Molina aún regateaba la posibilidad de pedir a Naciones Unidas que extendiera otros dos años el mandato de la Comisión. Tras la revelación de la existencia una organización de defraudación aduanera con raíces en el mismo gobierno de Pérez, a este no le quedó otro remedio que refrendar el mandato de la CICIG hasta septiembre de 2017.
¿Usted cómo describe a la Guatemala de hoy en contraposicón con la que usted encontró en septiembre de 2013?
Sí ha habido una transformación. Desde abril, el movimiento social, la reacción después de presentar el caso de defraudación aduanera de La Línea, significó un despertar de la sociedad que se expresó, primero, de manera casi que absolutamente espontánea, y que de pronto fue creando niveles de coordinación suficiente, aunque no con una preparación grande, como para que algunos actores empezaran a hablar entre sí. Por ejemplo, el 25 de abril hubo estudiantes que salieron a manifestar aisladamente pero después, el 2 de mayo, sectores estudiantiles que nunca habían conversado entre sí lo hicieron. Creo que ellos nunca pensaron en que iban a sentarse a una misma mesa para un propósito común. Ha sido muy provechoso en el país, precisamente, tener un propósito común, porque ha habido mucha división en las organizaciones de la sociedad civil y entre personas que miran con recelo las actividades del otro. Pero el tema de la corrupción logró juntar a las personas casi por 20 semanas, hubo expresiones públicas que pueden considerarse multitudinarias para un país con mucha apatía.
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¿Usted ve otro tema que tenga similar capacidad de aglutinamiento en Guatemala?
De la forma tan generalizada, no, porque en muchos otros temas hay grandes diferencias entre sectores de la sociedad. Por ejemplo, el tema indígena divide cuando debería ser un aglutinante, pero esa es una realidad. Me parece, en todo caso, que persistir en torno a la lucha contra la corrupción en la formación de ese movimiento ciudadano es muy positivo. Es decir, ya encontrado un tema aglutinador en el país, es muy positivo que ahora de manera organizada asuman un papel en el control del ejercicio del poder. Lo que se ha estado anunciando desde muchos sectores es que con la elección del nuevo presidente, su toma de posesión el 14 de enero, o inclusive desde ahora, se debe ejercer una veeduría. El propio presidente electo dijo estos días en una entrevista que, aunque estaba en el sistema como presidente, se incluía entre los inconformes y llamaba a que se mantuviera ese movimiento ciudadano.
Además del mandato que tiene la CICIG, ¿cuál es su aspiración última como comisionado?
El propósito es cumplir verdaderamente el mandato de la Comisión: que sí se logre identificar las estructuras criminales profundas, no las transitorias, aunque también es importante. Y también buscar el fortalecimiento institucional, que existan unas instituciones de justicia realmente fuertes o por lo menos independientes, algo que es tan necesario en nuestros países de América Latina. Pero también que haya una sociedad que sea participativa, reclamante, vigilante, creo que eso sería un gran avance. La aspiración es la posibilidad de construir con mayor fuerza un Estado social y democrático de derecho que es más bien la aspiración que todos los países debemos tener.
En sus intervenciones públicas una constante es su llamado al fortalecimiento de la ciudadanía con sus demandas y exigencias hacia los gobernantes. Pareciera hablar de un personaje granítico, cuando en realidad la ciudadanía es amorfa y con circunstancias que requieren que madure de golpe...
Es amorfa pero tiene que buscar formas de participación. Naturalmente no será toda la sociedad porque la sociedad no es una unidad. Hay sectores, intereses y contradicciones en la sociedad, pero sí puede haber propósitos generales, propósitos más compartidos entre más amplios sectores sociales y aprovechar eso como posibilidad de reconstruir ese tejido social que no es muy visible aquí en Guatemala. Hay mínimas cosas de la cotidianidad alrededor de las cuales los habitantes, los municipios, pudieran organizarse, por ejemplo, como veedores ciudadanos para el control en la municipalidad del gasto público en obra pública. Eso sería algo significativo. Es un proceso, naturalmente, pero es un proceso en el que se tiene que reivindicar la necesidad de que siempre la ciudadanía se interese por los asuntos del Estado, que el pueblo participe en los asuntos de la política como administración de lo público. Estamos acostumbrados en todos nuestros países a que simplemente se elige, pero ese es un concepto que permite que se llegue a lo que han llegado nuestros países.
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¿Y de dónde han venido las presiones más grandes en contra de su trabajo y cuáles han sido los obstáculos mayores para que la CICIG haga su labor?
Creo que una ventaja grande que hay en Guatemala, en las circustancias actuales, es la presencia de la CICIG como un órgano de cooperación internacional con el sistema de justicia. Si pudiéramos buscar una figura para explicar el papel de la CICIG, sería esta: es como una coraza que ha podido proteger al Ministerio Público mucho más sensible a las presiones de todo género que se pueden presentar. Es indudable, y no es un problema de Guatemala, sino en todos los países pero mucho más visible en América Latina, que factores, fuerzas de poder dentro del Estado, y por fuera del Estado, presionan a los órganos de justicia para que no afecten sus intereses... y que tienen, además, gran posibilidad de incidencia por la manera en cómo se integran esos órganos de justicia entre otras muchas otras razones.
En El Salvador, un argumento contra una Comisión contra la Impunidad es que la institución pueda ser cooptada y llevada a un curso que no necesariamente es el que necesite la ciudadanía. ¿Usted cree que la CICIG es incorruptible y que puede evitar infiltraciones o desvíos importantes en su trabajo?
Pues creo que ese es un riesgo permanente, ninguna institución debe llegar a un nivel de perfección como para decir que es absolutamente infranqueable, pues hay propósitos desde muchos sectores por penetrar, por saber qué es lo que hay aquí, eso es indudable. Pero puedo demostrar con casos que no tenemos fugas de información. Nadie supo, y aquí sí es la afirmación de nadie, a pesar de las suspicacias que se levantaron respecto de [el entonces secretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti] Juan Carlos Monzón, que el señor Monzón estaba en esa estructura, sino hasta las 11 de la mañana del 16 de abril cuando lo presenté en la conferencia de prensa ese día, y fue la sorpresa para todo el mundo, inclusive para compañeros de la CICIG.
Estados Unidos presiona a los otros países del triángulo norte de Centroamérica [El Salvador, Honduras, Guatemala] ciertas condiciones, entre ellas el establecimiento de comisiones contra la impunidad... ¿Cómo describiría el papel de Estados Unidos en el triángulo norte a propósito de la CICIG?
(Velásquez piensa cinco segundos) No ha habido ninguna intervención, ninguna injerencia, ninguna recomendación o ningún obstáculo... El embajador de Estados Unidos dijo en los primeros meses de 2014 que Estados Unidos estaba comprometido con la lucha contra la corrupción. Ahora miran esa frase y dicen: "Aaaah, claro, como el interés de Estados Unidos era la lucha contra la corrupción, la CICIG está desarrollando la agenda de Estados Unidos". Pero hablar de la lucha contra la corrupción lo he escuchado yo de muchas representaciones diplomáticas. Otros dicen: "Lo que pasa es que Estados Unidos sostiene a la CICIG, entonces hay que atender sus recomendaciones". Tampoco es verdad que Estados Unidos sostenga a la CICIG, aunque es un aportante importante, pero está a nivel de Suecia.
¿La CICIG es un superpoder?
Nosotros podemos adelantar investigaciones independientes, y en el acuerdo está que las autoridades del Estado nos deben suministrar la información que requiramos en nuestras investigaciones, pero si nosotros necesitamos que se haga una intervención telefónica nosotros no podemos pedirle al juez que lo ordene. Le tenemos que presentar el caso al MP, pedirle a la fiscal general que disponga que se abra un caso en la Fiscalía General contra la Impunidad, que es una dependencia de ellos con la que trabajamos 9 de cada 10 casos. Luego le decimos mediante un informe por qué razón sería recomendable que aquí hubiera una intervención telefónica, por ejemplo. El fiscal determina si está de acuerdo con la sugerencia, dice que sí, entonces le hace una solicitud al juez. El juez autoriza y controla esa intervención, que es hecha por funcionarios de la Policía Nacional Civil en la sede del MP con la presencia exclusiva de la unidad de métodos especiales, sin intervención nuestra. Entonces no hay ese superpoder, lo que pasa es que se siente tan fuerte porque estamos blindados.
*La versión original de este artículo apareció en El Faro y fue editada en su longitud y claridad y publicada con permiso. Vea el original aquí.
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